Xalapa, Ver.- Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en extorsión, donde los grupos delictivos también están detrás de esas extorsiones, en la entidad operan 6 grupos delictivos, ante esto las estadísticas de enero a abril de 2020, Veracruz fue el segundo estado en el país en el delito de extorsión, en términos absolutos, y en términos relativos, es el séptimo estado, la tasa por cada 100 mil habitantes en este delito, es de 3.0, superior al 2.0 que es el promedio nacional.

El 63.2% de las víctimas de delitos en todo el país prefieren no denunciar, por causas atribuibles a la autoridad, como la extorsión por parte de policías ministeriales, así como desconfianza y una actitud hostil de los mismos al momento de abrir una carpeta de investigación, provocando con ello que el crimen actúe con mayor libertad y siga robusteciéndose, dijo Mario Salomón, de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI).

En el último informe “Hallazgos 2019” de México Evalúa, se centró en la baja confianza ciudadana sobre los operadores del sistema de justicia como policías ministeriales, investigadores, fiscales, agentes del Ministerio Público, peritos, asesores jurídicos, jueces y defensores, encontrando que el 92.4% de los delitos en el país, quedan en total impunidad.

Las entidades con los niveles más altos de impunidad son Sinaloa (99%), Guerrero (98.4%), San Luis Potosí (97.8%) y Ciudad de México (97.7%). “Esto resulta ser más que inaceptable, puesto que de los 33 millones de delitos que reporta anualmente el INEGI, solo el 7.6% se castiga, es decir, unos 2,508,000 casos”, manifestó el experto en seguridad.

Mientras todo esto sucede, y también con datos proporcionados por la misma dependencia, de cada 10 actos de extorsión cometidos en el país, sólo se denuncia uno, siendo el sector empresarial y el del comercio los que presentan mayor afectación. De enero a octubre de 2020 se han registrado 17,961 casos de fraude y extorsión, un número que está ya cercano a los 22,405 reportes del 2019.

Es plausible que recientemente la Cámara de Diputados aprobó reformas para incorporar la extorsión al catálogo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además de endurecer las sanciones cuando dicho delito sea cometido con violencia física, psicológica o moral, así como cuando la víctima sea menor de 18 años, mayor de 60 o tenga alguna discapacidad, pero aun así resulta insuficiente si la gente no confía y no denuncia, aseguró el Mario Salomón.

Cifras del Centro Nacional de Información han determinado que los montos obtenidos por las células criminales dedicadas a la extorsión y el cobro por derecho de piso, pueden alcanzar los 12 mil millones de pesos al año, razón por la cual el crimen organizado ha intentado hacer de este delito un bastión importante para mantener activas sus operaciones durante el periodo de la emergencia sanitaria.

“La situación es realmente grave. Primero porque las células del crimen organizado están agarrando parejo, lo mismo van contra ambulantes, o pequeños empresarios, que, con empresas grandes y formales, quienes además de enfrentar el asedio de los hampones, también tienen que luchar por mantener un sistema financiero sano dentro del contexto de la pandemia. Segundo, es que la situación se puede salir de control y derivar en ingobernabilidad, pues tenemos casos como el de la pollería de Monterrey, donde una de las víctimas optó por hacer justicia por su propia mano, lo cual refleja que el hartazgo social está llegando al límite, mientras la gente ya no confía en las instituciones”, afirmó.

Otros factores que incrementan las cifras negras en el delito de extorsión son las represalias, pues empresarios y comerciantes cada vez se enfrentan al asecho de nuevas organizaciones criminales con mayores mecanismos de acción, donde afirman, por ejemplo, que antes era La Unión Tepito la que controlaba el cobro por derecho de piso en el primer cuadro de la Ciudad de México, pero hoy tienen que pagarle hasta 10 mil pesos mensuales al Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las tres agrupaciones más peligrosas del planeta.

“El gobierno federal tiene que hacer valer el Estado de Derecho en materia de seguridad, pues con el rebrote del Covid-19 en puerta, el sector empresarial ha quedado a merced de tres fuegos; la falta de liquidez por la pandemia, las extorsiones de los grupos delictivos y la posible contracción económica del 9.8% que algunas calificadoras presagian para el país, por lo que de no actuar con firmeza y responsabilidad por parte del Estado, estaríamos ante el cierre de muchas empresas que generan fuentes de empleo y el recrudecimiento de la inseguridad y la violencia al mismo tiempo”, finalizó.

Por Rosalinda Morales.

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