Xalapa, Ver.- Alrededor de 100 mil certificados de estudios emitidos por parte de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz serían ilegales, pues fueron entregados de manera irregular durante el duartismo, que vieron en esa instancia una oportunidad de hacer negocios.

Hoy en día hay licenciados en Derecho, Enfermería, Pedagogía y Contabilidad que nunca cursaron una sola materia, pero ya cuentan con el título profesional, debido a que pagaron montos a algunos empleados y maestros a cambio del documento oficial.

La emisión de 100 mil certificados de estudios por parte de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz de manera irregular, es solo la punta del iceberg de los problemas que existen en esa institución, pues existen desvíos de recursos millonarios, fraudes en la emisión de los títulos profesionales, protección a maestros acosadores y amenazas a estudiantes que en su momento presentaron denuncias penales por estas situaciones.

Maestros y alumnos de la UPAV aseguraron que de esta situación siempre estuvo enterado el ex rector, Guillermo Zúñiga Martínez, quien intentó frenar la ola de corrupción, pero al final decidió no hacerlo para evitar el desprestigio de tal institución.

Con el arribo del pasado rector, Andrés Blancas Portilla, las irregularidades e ilegalidades dentro de la UPAV se salieron de control, al grado de que crecieron el número de denuncias por parte de alumnos y catedráticos.

Con la designación de Maribel Sánchez Lara al frente de la UPAV, advirtieron que la situación tampoco mejoró, pues se le plantearon varias irregularidades y no mostró interés en resolverlas, por el contrario las alentó.

Ahora el nuevo rector, Raúl Velázquez Hernández, ya fue puesto al tanto de la situación, que también estaría perjudicando a estudiantes que sí hicieron sus estudios, pero debido a cuestiones administrativas sus títulos no han sido reconocidos por la Secretaría de Educación Pública.

Otros más se encuentran en una situación donde ya cuentan con el título emitido por la UPAV, pero no pueden obtener la cédula profesional, porque sus estudios no están reconocidos por la Dirección General de Profesiones de la SEP.

La mayoría de los maestros de las carreras de Derecho y Criminología fueron amenazados con aprobar a alumnos que nunca asistieron a clases, pues los directores ya habían aceptado cobrar cuotas fuera de lo establecido a estudiantes, principalmente empleados de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y de Ayudantía.

“Los alumnos tenían que pagar 2 mil pesos al cuatrimestre y se los pagaban a estas personas, pero además le daban otros 2 mil pesos por alumno al director, y ese dinero se lo quedaban ellos. A nosotros nos exigían que les pusiéramos las asistencias y calificaciones aprobatorias, pero como nos negamos, muchos fueron despedidos, otros más amenazados y al final simplemente ellos desde la administración se encargaban de llenar las boletas y certificados”, relataron.

Aseguraron que prácticamente todo el personal de Ayudantía del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa obtuvo certificados de preparatoria y licenciatura bajo estos acuerdos.

Otros casos de corrupción se presentaron en la expedición de certificados de bachillerato, donde muchas personas que carecían de ese documento se les ofrecía la posibilidad de obtenerlo a través de un examen único.

Esto en un principio operó como un buen programa para aquellas personas que habían realizado la preparatoria o parte de ella, pero que nunca pudieron regularizar su situación académica, sin embargo, de inmediato se desvirtuó y lo vieron como una mina de oro.

“El problema es que por la desidia, la flojera y la necesidad de tener rápido el documento todos pedían el examen único en lugar de cursar la preparatoria en año y medio. Esto provocó que se comenzara a cobrar dinero extra a cambio de pasar el examen porque muchos lo reprobaron, y hablamos de gente que trabaja en dependencias de gobierno, en el Poder Judicial, en el Congreso y hasta reporteros que les urgía para conseguir plaza de maestros”, expresaron.

Este problema en un principio fue detectado por Guillermo Zúñiga Martínez y contuvo un poco la corrupción en esta modalidad, exigiendo que tenían que aprobar el examen para emitirles el certificado de bachillerato, pero fue tal la cantidad de solicitudes que ya no se pudo frenar.

Maestros y personal administrativo de la UPAV estimaron que al menos unas 60 mil personas en todo el estado obtuvieron su certificado de bachillerato a través del examen único y solo una mínima parte aprobándolo, y la gran mayoría con sobornos.