Xalapa, Ver.- El exduartista Alberto Silva Ramos fue designado como delegado del Comité Especial del PVEM del norte de Veracruz, respaldado por el senador  Carlos Puente Salas, quien informó del nombramiento para el ex diputado federal.

Silva Ramos, quien como alcalde de Tuxpan dejó una deuda bancaria de 220 millones de pesos, será el encargado de 90 municipios de la zona norte para el proceso del próximo año, donde se renovarán 212 alcaldías, el congreso local y el federal.

Conocido por su cercanía con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, desde hace varios meses anunció que comenzó a construir un proyecto político y trascendió que buscaría ser nuevamente presidente municipal del puerto norteño.

Alberto Silva no terminó su periodo de gobierno como alcalde. En agosto de 2013 el Congreso le autorizó licencia para separarse del cargo y así poder aceptar la invitación que le hizo el entonces gobernador Javier Duarte para ocupar la Secretaría de Desarrollo Social.

Meses antes de irse, pidió 4 préstamos al Banco Interacciones, propiedad de Carlos Hank González, por 104.7, 71.3, 15.2 y 28.6 millones de pesos, para hacer un total de 120 millones de pesos. Este endeudamiento comprometió el 22.4 por ciento de las participaciones federales del municipio, al menos, hasta el año 2028.

Debido a la carga financiera que representaba para el Ayuntamiento de Tuxpan la deuda de Beto Silva, fue refinanciada mediante un acuerdo con el Banco Bansí, S.A. de C.V., en septiembre de 2018.

La calificadora internacional Moody´s en su momento calificó con perspectiva negativa los dos primeros años de gobierno de Silva Ramos por “un brusco deterioro operativo financiero en 2011, que ocasiona un rápido incremento de la deuda”. Para 2013 todo se derrumbó y la deuda alcanzó niveles históricos.

Pero, la herencia de endeudamiento que le dejó a los tuxpeños parece ser el menor de los problemas del exalcalde, pues no habrá que olvidar que el 13 de julio de 2017, la Fiscalía confirmó que se acusaba a Beto Silva por el desvío de recursos por 1,567 millones de pesos, en agravio del gobierno del estado, durante los años 2014, 2015 y siete meses de 2016.