Es legal pero es injusto y me tendré que ir y no podré buscar la relección, lamenta el alcalde perredista Bernardo Barrada

Ciudad de México.- Pudo haber sido cualquier otro municipio en el país, donde las demandas por despidos injustificados atiborran los escritorios de los ediles que concluyen sus trienios sin resolver los conflictos y heredan deudas que con el tiempo se convierten en sumas impagables.

Pudo haber sido en cualquier lado (en estos días están brotando más y más historias así), pero le tocó a Paraíso, en Tabasco. Fue el primero de los municipios a los que la justicia llegó, tarde, pero llegó al fin, y de la mano… de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La bomba le explotó a la administración del perredista Bernardo Barrada, que deberá pagar 95 millones de pesos, sólo del laudo de 23 trabajadores despedidos en 2001 (eran 26 en total, pero tres ya fallecieron).

Son 23 personas que, casi 17 años después, recibieron justicia. Los extrabajadores, a quienes ha beneficiado la Corte, eran jardineros, choferes y secretarias, cuyos salarios, debido a la demanda interpuesta, siguen corriendo desde su despido y por eso el monto llegó hasta 95 millones de pesos, que de acuerdo con su abogado, no verán completos.

“Se les fue a requerir (a los alcaldes y otros funcionarios municipales), nunca dieron la cara, a través de sus abogados manifiestan en sus escritos que no hay presupuesto, que no quedó presupuestado en la Ley de Ingresos del siguiente año.

En lugar de resolverlo, de buscar alternativas, soluciones, nunca lo hicieron, era evidente que jamás lo quisieron resolver”, señala Uldarico Qué Dehesa, defensor de los exempleados.

Asegura que tras el fallo histórico a favor de sus clientes no espera un pago total de lo adeudado, y así se los ha hecho saber a los hoy adultos mayores que, afirma, cuando menos recuperaron la fe en la justicia.

“Obviamente están muy contentos, le dan muchas gracias a Dios porque son gente humilde y muy vilipendiada por los mismos integrantes del municipio y sienten mayor esperanza de poder materializar el cobro de su laudo”, señala en su despacho ubicado en Villahermosa.

Los extrabajadores tienen temor de que sus nombres y rostros aparezcan públicamente, debido a las presiones de los funcionarios y exfuncionarios afectados con el fallo, así como a la creciente inseguridad en la entidad que pone en riesgo su patrimonio, o al menos, lo que ellos esperan recibir.

Es el caso de un adulto mayor de 82 años que trabajó como jardinero y fue despedido sin más en 2001. Siguió radicando en Paraíso y hoy espera que algo del daño pueda ser resarcido.

O el de una viuda que espera recibir como pensión el dinero que su esposo difunto ganó durante los últimos 17 años y que debido al juicio siguió corriendo sin que él siguiera en la nómina municipal.

Pero no acaba el problema para el ayuntamiento: hay demandas que llegan a 400 millones.

Grave problema: el presupuesto anual de Paraíso es de 300 millones de pesos, así que ni dedicando todos sus recursos resolverá el conflicto. En la oficina del Cabildo el alcalde observa las fotografías de sus antecesores y con el dedo apunta a la pared para mostrar desde cuándo empezó el problema hasta convertirse en el conflicto mayúsculo que es ahora.

“Quien sea el presidente municipal en la siguiente administración de Paraíso va a estar sentadito en una bomba de tiempo, que lo va a tener en las puertas de la cárcel si no puede pagar y yo, con el conocimiento que tengo de la parte administrativa de este ayuntamiento, es imposible pagar en los próximos tres años también los 95 millones de pesos”.

Barrada califica de “injusto” el fallo, pero asegura que cuando sea notificado acatará la decisión de irse con todo su Cabildo y perder sus derechos políticos, lo que le impedirá buscar la reelección.

“No voy a poder participar. Me someto a la pena, pero jamás voy a aceptar que esto sea justo, esto es legal, pero injusto, porque soy una administración que está pagando la irresponsabilidad de las anteriores”, reprocha con un dejo de resignación.

Paraíso fue el ejemplo más significativo de desacatos a laudos, pero tanto en Tabasco como en el resto el país las administraciones municipales despiden al personal que dejan sus antecesores, lo que provoca un cúmulo de demandas que terminan por ahorcar las arcas públicas.

El perredista asegura que buscó infructuosamente durante dos años que el Congreso estatal autorizara una partida adicional de recursos para el pago de los laudos.

“En 2016 solicitamos una ampliación de nuestro presupuesto al Congreso del estado, precisamente para tratar de suavizar estas deudas de laudos, pero nos fue negado. En 2017 hicimos lo mismo, tenemos los oficios correspondientes donde el Congreso nos dice que no existe un recurso de apoyo a los municipios para pagar ningún tipo de laudo”.

Al final, de los ahorros municipales se logró el pago de 30 millones de los casi 400 de todas las demandas pendientes. Del caso particular de los 23 extrabajadores que ganaron el caso gracias al fallo de la Corte, aunque se hicieron pagos parciales, esto no representó ni 1.8 por ciento del total, como lo apuntó en la sentencia el ministro ponente José Ramón Cossío. Y por eso el castigo.

Además del perredista Barrada y todo el cabildo, la administración previa, la del priista Jorge Alberto Carrillo, de quien nada se sabe en Paraíso, y todos los regidores, deberán ser consignados por un juez federal.