Esaú Valencia Heredia

Existen municipios que utilizan hasta el 95 por ciento de sus recursos en gasto corriente. Los alcaldes se han convertido en pagadores de nóminas de policías y de servicios públicos, como recolección de basura y luz.

Hay una política equivocada en materia hacendaría. Esto sucede cuando se toman decisiones desde la Ciudad de México, sin conocer las zonas marginadas, agrícolas y barrios; además se debe iniciar de abajo hacia arriba, para resolver los problemas inmediatos a nivel municipal, como agua, luz, drenaje o alumbrado público.

El aumento del delito de feminicidio no sólo es en una entidad o comunidad determinada; es un fenómeno que se está viviendo a nivel nacional; por ello, es necesario fortalecer el marco jurídico en la materia y armonizarlo en toda la República.

El objetivo es uniformar el tipo penal a nivel nacional tomando como base la definición establecida en el artículo 325 del Código Penal Federal que señala: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y las circunstancias por las que se consideran estas.

Muchos legisladores han planteado adicionar un Capítulo V Bis de Feminicidio a la citada ley para adecuarla al Código Penal Federal y se le puedan imponer de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días de multa a quien cometa el delito de feminicidio. El sujeto activo perdería todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de no acreditarse el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 500 a mil quinientos días multa; será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

La iniciativa refiere que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de enero 2015 a 2017 se registraron 5 mil 118 mujeres víctimas de homicidio doloso; en enero de 2018 hubo 272. En 27 entidades federativas se ha solicitado declarar alerta de género (84 por ciento del territorio nacional).

El informe anual del Inegi respecto de la mortalidad de los habitantes, señala que en 2017 se registró un aumento de 18.1 por ciento de homicidios de mujeres en México; la cifra pasó de 2 mil 813, en 2016, a 3 mil 324, en 2017.

En un marco comparativo entre el 2016 y 2017, 24 entidades federativas registraron una alza en homicidios de mujeres; el estado con más casos fue Baja California Sur con un incremento de 81.8 por ciento. El Estado de México tuvo mayor índice de feminicidios, con 98 registros de carpetas de investigación en el Ministerio Público, seguido de Veracruz con 90, ambas cifras de 2018.

Van de nueva cuenta por iniciativa para evitar la proliferación de empresas fantasma y desvío de recursos y constatar que no hay tráfico de influencia ni conflictos de interés.

Una de ellas es que en casos de concesiones, contratos, convenios permisos o licitaciones, se publique la información referente al Acta Constitutiva de la persona moral que se vio beneficiada con dicha decisión. Esto, con el fin de poder constatar que no existe tráfico de influencia y conflicto de interés entre los actores involucrados.

La reforma obligará a las empresas que hayan ganado licitaciones gubernamentales, a publicar el año de su creación, su giro comercial, domicilio fiscal y nombre de quienes integran el Consejo de Administración o su equivalente. Además, en los casos de proveedores y contratistas, se publicará su domicilio fiscal y RFC.

La transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en ejes estratégicos para el combate contra la corrupción, problemática que ha venido aquejando a nuestro país y que es un freno para su desarrollo. Hay poca o nula falta de transparencia y rendición de cuentas y eso genera descontento y desconfianza en la ciudadanía hacía sus representantes.

De la corrupción se desprende el soborno, actividad que tiene que vigilarse de manera detallada, ya que en nuestro país han ocurrido una infinidad de casos de sobornos condicionados, para obtener influencia, beneficios ilegales dentro de concursos, licitaciones o cualquier situación en la que se vea inmerso el ejercicio del recurso público.

Lo anterior, también da paso a lo que se conoce como tráfico de influencia, que al menos puede ser considerada como una práctica moralmente objetable, donde se utiliza la influencia personal en el sector gubernamental y empresarial mediante contactos o conexiones con personas para obtener beneficios.

La iniciativa ayudará a combatir los casos de desvíos de recursos en los que están involucradas empresas fantasma, como en el caso de La estafa maestra, donde se extraviaron 7 mil 600 millones de pesos.

No me voy…no me voy y no me voy. Así se expresa Yeidckol Polevnsky Gurwitz, dirigente nacional de Morena. Una vez más declaró que no dejará el puesto por un cargo público y advirtió a todos aquellos que la quieren ver fuera que “¡aquí me voy a quedar!”.

Por cierto a la líder morenista no le fue bien ayer sábado en su gira por Tamaulipas para la promoción del voto entre sus agremiados de frente a las elecciones a diputados locales que ocurrirá este 2 de junio.

Han surgido una serie de comentarios y rumores sobre su inminente salida porque recibirá el nombramiento como embajadora de México en China, donde actualmente despacha en ese cargo diplomático, José Luis Bernal.

Ayer en el acto político en apoyo a la candidata de MORENA a la diputación local por el Distrito 20 de Ciudad Madero, Tamaulipas, Bertha Elena Sánchez Hernández, en sus casi cinco minutos del discurso hubo rechiflas y nunca la dejaron hablar, además que el salón quedo prácticamente vacío. En Tamaulipas en PAN no ha quemado sus naves.

REFLEXIÓN: La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía.