Veracruz, Ver.- El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, aseguró que si no se soluciona la disputa legal entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y TransCanada del gasoducto Texas-Tuxpan, podría peligrar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

“Podría frenar al menos una docena de proyectos de infraestructura estratégica en varios sectores”.

Señaló que podría haber incertidumbre por la cancelación de los contratos, incluso mayor a la que ocasionó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco.

Por otro lado, señaló que en los primeros seis meses de 2019, no hubo un crecimiento económico sostenido por falta de certeza y por la inseguridad.

Pese a ello, no se están perdiendo empleos, ni hay despidos masivos, sin embargo, no se han generado los que se requieren para que México tenga desarrollo.

En ese sentido, Gustavo de Hoyos Walther reconoció que será muy difícil llegar al 1 por ciento del crecimiento económico en el país en 2019.

“Es algo que nos preocupa, porque si no hay crecimiento, difícilmente puede haber desarrollo y bienestar”.

Enfatizó que el gobierno tiene un papel fundamental para revertir esa tendencia; y es a través de la confianza y certidumbre, pero será complicado ver un cambio en lo que resta del año.

Por otra parte, señaló que el cobro de piso es un problema que preocupa a los empresarios, sobre todo en algunos estados, donde la violencia se ha incrementado en los últimos meses, asimismo, las propias autoridades han señalado que es el delito más grave que se comete en el país.

“No lo conocemos, prefiero más que una enunciación de estados para no generar una imagen más negativa de la que ya se ha dado en torno a este tema, lo que sí puedo decirle es que confiamos en que la Guardia Nacional, no de manera mágica, pueda empezar a dar algunos resultados y en tanto ello ocurre, la presencia del Ejército y la Marina de forma tradicional es absolutamente indispensable”.

Expuso que es un problema por el que se puede responsabilizar al Presidente de la República, al secretario de Seguridad o al de Marina, ya que es un problema sistémico que viene de tiempo atrás.

Cabe mencionar que este tipo de extorsiones son actividades de los grupos delictivos, y se realizan con un mismo modus operandi.

En un primer momento, los delincuentes acuden armados a los locales y negocios, para amenazar, pero para los cobros posteriores envían a operadores que son, en ocasiones, tanto menores de edad como mujeres.

“Estamos hasta hoy confiados, vigilantes de que están tratando de tomar las mejores decisiones; ya ha transcurrido un periodo racional para que veamos que la implementación está siendo exitosa y de no ser así, pues tendremos que empezar a pedir cuentas”.

Por Andrés Salomón