Agua Dulce, Ver.- Personal de la empresa a cargo del proyecto de construcción de oficinas públicas en las antiguas instalaciones del mercado Independencia de la colonia Benito Juárez, iniciaron este miércoles con los trabajos de demolición a pesar de que en el interior se encontraba una locataria y su familia, en protesta por la reubicación.

El mercado señalado dejó de funcionar desde hace más de dos décadas, pero dentro del abandonado inmueble todos estos años permanecieron dos locales funcionando, una papelería y una fonda, aunque esta última aceptó ser reubicada en otro mercado cuando se anunció la construcción de oficinas públicas en el edificio, a un costado de donde también se construye la “Casa de la Cultura”.

De acuerdo con declaraciones hechas por el titular del departamento Jurídico del Ayuntamiento, Julio César Morales Castillo, la propietaria de la papelería “Viridiana”, Guadalupe Hernández Jiménez, representada por su esposo Jorge Hernández García, solicitó una indemnización de millón y medio de pesos para desalojar el lugar, pero el municipio se negó debido a que era una cantidad extraordinaria.

Se propuso construirles un pequeño local a un costado de las nuevas instalaciones, aunque esto deberá ser aprobado por el Cabildo. No obstante, el locatario deberá ponerse al corriente con el pago de derechos que no cubrió por más de 15 años, además de que también deberá cubrir un pago por el uso del local nuevo.

En la colonia Benito Juárez, en el mercado “Independencia” los trabajadores declararon cuando llegaron por la mañana no había personas dentro así que comenzaron la demolición, sin embargo, siguieron los trabajos a pesar de que ingresaron las personas al inmueble, poniéndolas en evidente riesgo. “Tenemos dos meses de retraso”, se quejaron los obreros.

Mientras tanto, la locataria y su familia se niegan a salirse del lugar hasta que el acuerdo quede firmado, aunque esto represente retrasos en la obra. Además, el encargado de la obra debió parar los trabajos al momento en que los locatarios ingresaran exponiendo sus vidas, pues el techo amenazaba por desplomarse en cualquier momento junto a las paredes.

Por su parte Jorge Hernández García declaró que contaban con un convenio previo, aunque firmado por Vicente Escalante Macario (2008–2010) cuando fue alcalde, en el que se comprometían a construirle un local, aunque firmarán el nuevo convenio. El problema radicó en que la compañía inició la demolición sin que los comerciantes tuvieran un respaldo legal.

Aunque la familia propietaria del negocio asegura que este es el único sustento que tienen, el señor Jorge Hernández dijo que es trabajador de planta en Pemex. Los afectados negaron la oferta de reubicación, además de admitir que “invadieron” las instalaciones municipales por años, aunque por eso “crearon” derechos y ahora exigen la construcción de un local, a pesar de que son propiedad municipal.

Por Violeta Santiago