Congreso de Veracruz
Da entrada Congreso a nuevo crédito millonario para inversión pública
Xalapa, Ver.- Se dio entrada este martes en sesión ordinaria del congreso local a la solicitud de crédito del gobernador para un nuevo crédito, que suma al que ya existe de más de 42 mil millones de pesos, en este caso, es de 2 mil millones de pesos para destinarlo a inversión pública productiva.
Aunque en el discurso y exposición de motivos se plantea que hay la intención de dejar pagada esta deuda en 2024, que es el mismo periodo que se pretendía disminuir en esa misma cantidad de 2 mil millones la deuda capital del estado, en el texto de los artículos del decreto se da la permisividad de pagarlo hasta en un plazo de 20 años.
El artículo tercero del decreto sometido este martes a la soberanía legislativa, da permisividad al Gobierno de Veracruz para que se contrate el crédito con un plazo máximo de pago a 20 años, una opción diferente a la que ha manifestado Sefiplan, donde el secretario José Luis Lima Franco ha asegurado que la dejarán pagada en 2024, es decir, aunque en palabras se ha informado que la intención es pagarlo al terminar la presente administración, en el documento del decreto se da la permisividad de pagarlo a 20 años.
Además el apartado II del mismo artículo tercero del decreto da la permisividad de contratar otro crédito similar en 2022. Se deja claro que el pago de la deuda capital no deberá exceder el 2.48 por ciento del total de participaciones federales que recibe el estado.
Además obliga al estado a crear fondos de reserva para el pago de deuda, uno por 30 millones de pesos y otro por 50 millones de pesos, es decir, 70 millones de pesos adicionales a los 2 mil millones de pesos.
El artículo 4 del mismo decreto también señala que se usarán los recursos para I: Construcción, rehabilitación y reposición de bienes de Dominio Público. II: Adquisición de bienes asociados a esos bienes de dominio público, consistentes en mobiliario, y equipo educacional, equipo médico e instrumental de laboratorio, equipo de defensa y seguridad y maquinaria. III: Adquisición de bienes para el servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y servicios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Fue así como este martes se presentó la iniciativa de Decreto por el cual se autoriza al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, gestione y contrate con cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos hasta por un monto de $2,000,000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.), para destinarlo a inversión pública productiva, con las características que en éste se establecen y para que afecte como fuente de pago un porcentaje de las participaciones federales que en ingresos tenga derecho a recibir. Se envió a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.
Por Rosalinda Morales
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Xalapa, Ver.- Está listo el dictamen de desafuero en contra de la magistrada expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, lo elaboró ya la Comisión Instructora que dictaminó como procedente la denuncia de juicio político.
Sin embargo, será sometido a votación del pleno del Congreso local este jueves y se requieren al menos 34 votos a favor.
Una vez lo hayan votado, el dictamen se mandará al Tribunal Superior de Justicia del Estado y el pleno de los magistrados enviarán el asunto a la Sala Constitucional.
Martínez Huerta deberá ser notificada como denunciada para que nuevamente formule alegatos a su favor, así como la Comisión Instructora del Congreso, para que ratifique la acusación ante la Sala.
La Sala Constitucional elaborará un proyecto de resolución donde puede confirmar lo dicho por la comisión instructora o modificarlo.
Posteriormente la Sala Constitucional mandaría el proyecto al pleno del Tribunal Superior y en una Sesión para tal fin los magistrados definirán si aprueban o confirman la responsabilidad de Martínez Huerta.
De acuerdo con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la sanción puede ser destitución de la magistrada e inhabilitación por hasta diez años para ejercer cargos públicos, en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJ).
El dictamen de la comisión Instructora del Congreso, fue en sentido positivo, aprobado con 2 votos a favor y uno en contra.
A la Comisión Instructora la integran los diputados de Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos y Jessica Ramírez Cisneros, presidente y secretaria, respectivamente; así como el panista Enrique Cambranis Torres.
Por Rosalinda Morales.
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Xalapa, Ver.- Funcionarios estatales son investigados por la probable violación a la protección de datos personales y el derecho a la intimidad de niñas y niños, al difundir fotografías sin consentimiento, reveló la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes
Durante su comparecencia ante el Congreso expuso que el año pasado se atendieron 26 denuncias por probable vulneración datos personales, destacando que hay casos relacionados con la pandemia COVID-19 y otros que involucran a funcionarios del poder ejecutivo por el uso de imágenes de niños.
“Nos está remitiendo el OPLE diversos expedientes para que determinemos si da lugar a una investigación, todas son probables denuncias por vulneración datos personales, relacionadas con la imagen de niñas y niños, es importante proteger y ponderar el derecho a la intimidad personal”, reiteró.
Asimismo, recordó que en 2020 recibieron más de 300 denuncias y ese organismo dictó 135 apercibimiento a diversos sujetos obligados por no estar cumpliendo a cabalidad las obligaciones de transparencia.
Entre los incumplidos hay 95 ayuntamientos, 31 organismos públicos, 2 contra el poder ejecutivo, 3 contra operadores del agua, 3 contra partidos políticos y una contra un organismo sindical.
A estos sujetos obligados apercibidos la ley les permite resarcir daños y sino, vendrán multas de hasta 134 mil pesos.
Mencionó que en 2019 los ayuntamientos salieron con calificación baja en la evaluación en materia de cumplimiento de obligaciones de protección de datos personales. En estos momentos se están recibiendo los informes del 2020.
Xalapa, Ver.- En su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, Naldy Rodríguez comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), dio cuenta del rezago que encontró a su llegada, de 3 mil expedientes de recursos de revisión.
Asuntos jurisdiccionales
En el IVAI se encontró un rezago de más de 3 mil recursos de revisión en trámite de los años 2018, 2019 y del primer trimestre del 2020; además 885 denuncias por obligaciones de transparencia sin resolver.
En el 2020 la ciudadanía interpuso mil 200 recursos de revisión en materia de acceso a la información y 17 denuncias de datos personales.
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) incrementó la capacitación y resolución de medios de impugnación en medio de la pandemia, afirmó la comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, al comparecer ante diputados de la LXV Legislatura Local.
En su presentación ante la comisión permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, integrada por la diputada Florencia Martínez Rivera, Ana Miriam Ferráez Centeno y Jorge Moreno, destacó que se incrementó la promoción del acceso a la información pública como un derecho y una obligación para que más personas puedan ejercerlo y sobre todo, se aplica la ley sin sesgos y sin atender intereses particulares o de grupo.
En el recinto legislativo la comisionada presidenta estuvo acompañada del coordinador de la región sureste de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el comisionado del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), Ricardo León Caraveo.
Ante los representantes populares, la titular del órgano garante destacó la transformación administrativa, jurídica y social que han realizado en los últimos seis meses.
El objetivo -dijo-, es legitimar una mayor transparencia que resulte en la consolidación de la rendición de cuentas; además de garantizar y promover los derechos que se deben tutelar como el acceso a la información y la protección de datos personales.
Acciones administrativas
En este proceso de renovación y transformación, el IVAI se ha conducido con austeridad y se ha reorientado el gasto público para lograr un mayor beneficio social.
A lo largo de estos meses se dio inicio a una administración responsable en la aplicación de los recursos y el control del gasto público, en donde se tomaron medidas como la cancelación de los bonos extraordinarios que gozaban excomisionados y titulares de la Secretaría Ejecutiva y Secretaría de Acuerdos.
También hubo reducción de gastos en viáticos, atención a visitantes y combustibles entre un 70 a un 100 por ciento en comparación con lo ejercido en 2019.
El año pasado se logró pagar el impuesto estatal que se adeudaba del año 2017, así como el pasivo de rentas que se heredó, correspondientes a los años 2016 y 2017.
Se trasladó la sede del IVAI a un inmueble rescatado y remodelado por el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), en donde ahora el personal labora en espacios abiertos y áreas más amplias y dignas, que servirán para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Producto del ahorro, se dotó con equipo tecnológico a las áreas del Instituto que contaban con dispositivos deficientes en donde hubo una inversión aproximada de un millón de pesos.
“Así, los excesos han quedado en el pasado, reitero, con transparencia, honradez y probidad en bien de la sociedad veracruzana”, afirmó la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez.
Expuso que el Instituto enfrenta situaciones jurídicas y administrativas complejas, debido a 12 juicios laborales, tres se encuentran en etapa de ejecución y cuyo monto asciende a 8 millones de pesos, los nueve restantes se encuentran considerados como pasivo contingente y se suman al adeudo heredado del ISR sobre sueldos y salarios.
Capacitación y asesorías
Derivado de la pandemia provocada por el Covid-19, en el IVAI se realizaron acciones y actividades en donde se privilegiaron los espacios virtuales para cumplir con las capacitaciones, asesorías, promoción y resolución de medios de impugnación.
Se impartieron un total de 108 cursos, de los cuales 23 fueron presenciales y 85 virtuales, lo que permitió llegar a más de 7 mil participantes.
El número de personas capacitadas en las jornadas calendarizadas representó un incremento aproximado de 215% en comparación con el 2019 y del 122% con relación al número de cursos programados para ese año.
Veracruz fue uno de los 16 estados que participó en el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, conocido como el Plan DAI, una política pública para incrementar el aprovechamiento del acceso a la información por parte de la población.
Gracias al compromiso de 17 instituciones participantes se realizaron seis jornadas de socialización: cinco virtuales y una presencial, dirigidas a jóvenes, mujeres, población indígena e integrantes de comités de Contraloría Social.
En calidad de sujeto obligado, el IVAI recibió un total de 110 recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas emitidas por las distintas áreas, destacando que el 98% cumplió con las expectativas ciudadanas.
Se están desahogando los procedimientos en tiempo y forma abatiendo el rezago existente, de tal manera que en el primer trimestre del año en el IVAI se estarán agotando cada una de las etapas del procedimiento de sección de ejecución.
Por Rosalinda Morales
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