Los derechos humanos son inherentes a todas las personas humanas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. La noción de estos derechos supone la protección de la libertad y dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad, por lo que situaciones como la pobreza extrema y la exclusión social son un atentado contra estos derechos, pues vulneran la dignidad humana y colocan a los individuos en condiciones de desigualdad.

La pobreza no es sólo un atentado contra los derechos económicos y sociales sino también contra los derechos civiles, políticos y culturales del individuo, esta condición es causa y consecuencia de violaciones a los derechos humanos, constituyendo un problema y un desafío global.

De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, unos 780 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional, por ello, poner fin a la pobreza en todas sus formas es el primero de los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para lograrlo es necesario centrarse en las regiones y países en situación vulnerable, ya que es común que la pobreza se acentué en aquellas zonas que se encuentran en conflictos violentos constantes y que cuentan con instituciones débiles.

A pesar de que Latinoamérica no es considerada una región en conflicto, la pobreza en esta zona es un problema estructural, de acuerdo con datos de la CEPAL el 30.2% de la población que habita la región se encuentra en esta condición, mientras que el 10.2% vive en pobreza extrema.

Según cifras de esta comisión, el porcentaje de pobreza en nuestro país se ubica entre los más altos, con el 35% de los mexicanos viviendo en esta situación, mientras que entre el 10 y 15% enfrenta la crudeza de la pobreza extrema.

México es un país con baja movilidad social, el origen socioeconómico de las personas determina en gran medida su destino, 74 de cada 100 mexicanos nacidos en los estratos más pobres no logran salir nunca de ahí, generando un círculo vicioso.

Lamentablemente las brechas estructurales afectan mayormente a las mujeres, pues la baja participación de este sector en el trabajo remunerado contrasta con su alta participación en el trabajo no remunerado, para cerrar estas brechas es fundamental la implementación de políticas públicas que incentiven la capacitación laboral y el empleo femenino.

Superar la pobreza supone garantizar más y mejor los derechos humanos de todas las personas, por lo que es necesario aplicar esta perspectiva al análisis del problema, con el objetivo de diseñar políticas públicas y programas más eficaces, que consideren la inclusión social y el empleo como factores claves en su combate, colocando la equidad de género como eje transversal.

La sociedad civil, el gobierno y los organismos internacionales tienen que afrontar el reto de trabajar de la mano para alcanzar el objetivo de construir sociedades seguras, justas y libres, que garanticen mejores niveles de vida para todos y lograr que los estados cumplan a cabalidad con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de sus habitantes.