Congreso de Veracruz
Diputados proponen que padres garanticen la pensión alimenticia
Xalapa, Ver.- Para garantizar a los hijos e hijas de padres divorciados el derecho constitucional de recibir alimentos, diputados propusieron una iniciativa de decreto que reforma el artículo 248 del Código Civil para el Estado de Veracruz.
La propuesta fue presentada por el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM).
Las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes de dicho grupo legislativo refirieron que una de las figuras jurídicas más relevantes que prevé la ley civil es la de garantizar plenamente los alimentos a través del aseguramiento de los mismos.
El artículo en mención dispone que “el aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualquier otra forma de garantía suficiente a juicio del órgano jurisdiccional, siendo necesario solicitar que dicha garantía cubra mínimo un año la pensión alimenticia decretada, así como la fecha precisa a partir de la cual el deudor alimentario deberá realizar dicho aseguramiento”.
Los proponentes señalan que, en el nivel nacional, el estado de Veracruz se encuentra entre los primeros lugares en materia de denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de acuerdo con los reportes de incidencia delictiva del fuero común, emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En respuesta a la necesidad de establecer una garantía diversa a la pensión alimenticia “para asegurar que ante algún hecho que genere la imposibilidad de que el deudor alimentario continúe con el pago de la pensión, la garantía se pueda cobrar a efecto de salvaguardar los alimentos de los acreedores alimenticios”.
Consideran la posibilidad de que el deudor renuncie a su trabajo o sea despedido, caso en el cual, no habrá manera de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación con la inmediatez que requiere la satisfacción de los alimentos, en tanto que de ellos depende la subsistencia del acreedor, de ahí que el mismo monto no puede tener una doble naturaleza.
La propuesta del PRI-PVEM establece: “En ningún caso la forma de obtener el cumplimiento oportuno de la obligación alimentaria, consistente en la retención de un porcentaje o monto del salario del deudor alimenticio como pago de la pensión correspondiente, podrá considerarse, a la vez, como garantía para asegurar su cumplimiento, por lo que deberá constituirse otra para ese objeto, de entre las señaladas en este artículo, a fin de garantizar los derechos de las personas que reciban alimentos”.
Con dicha propuesta, consistente en reformar el artículo 248 del Código Civil del estado, estiman que puede contribuirse a evitar numerosos problemas que se presentan ante el recurrente incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y que dejan a los acreedores alimentarios, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, en un estado total de vulnerabilidad, por la naturaleza de las necesidades que deben satisfacerse a través de las pensiones alimenticias.
De acuerdo con el artículo 239, párrafo primero, del mismo Código Civil, se entiende por alimentos “lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo; gastos de educación desde educación inicial hasta el nivel licenciatura o equivalente; recreación, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por la persona beneficiada, para su normal desarrollo físico y psíquico”.
La iniciativa fue turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
PROPONEN OTORGAR IDENTIFICACIONES A MENORES DE EDAD
La diputada María Candelas Francisco Doce presentó a la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz con la finalidad de permitir que menores de edad, veracruzanos y residentes, tengan acceso a un documento único de identidad con fotografía, lo cual sería una medida de protección en algunas circunstancias.
La legisladora expuso que su iniciativa busca que sea el gobierno estatal, mediante el Consejo Estatal de Población, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Dirección General del Registro civil, las dependencias encargadas de emitir este documento exclusivo para menores.
Indicó que sería de esta manera, porque el Consejo Estatal de Población tiene su equivalente para todos los efectos en el gobierno federal y al Registro Civil tienen acceso todas las personas en cualquier municipio de la Entidad.
Detalló que su propuesta legislativa cuida que no se trate de una medida obligatoria, pero sí adecuada a la forma de vida que se tiene hoy en día y que lleva a buscar mayores márgenes de seguridad en el cuidado de los menores en cualquiera de sus movimientos o cuando se colocan al cuidado de terceras personas con relación a sus familias.
“Hay adolescentes a pocos meses de cumplir la mayoría de edad, que por falta de un documento de este tipo, ven negado su ingreso a lugares adecuados para ellos, o cuando abordan un autobús foráneo y se les exige identificarse, cuando no van acompañados de mayores se suscitan problemas”, citó la legisladora.
Recordó que a nivel federal hubo una propuesta en 2010 para crear una Cédula de Identidad para todos los mexicanos. “Quedó truncado en 2012, sin embargo, esto no debe ser impedimento para que en Veracruz logremos este objetivo con voluntad política y total apego a la Ley”, añadió.
De acuerdo a la iniciativa, se adicionaría un párrafo quinto con el corrimiento del actual quinto a sexto al artículo 18 de la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para establecer que el Consejo Estatal de Población, en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, emitirán el documento de identificación con fotografía.
Mismo que incluiría el nombre completo; nombre de padres y en su caso, también tutor; fecha y lugar de nacimiento destinado exclusivamente a menores de edad nacidos o residentes en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y denominado: Cédula de Identidad Única para Menores Veracruzanos; del que llevarán registro, administrarán con debida custodia sus datos y contenido. Su emisión se llevará a cabo a petición de padres, madres o quienes ejerzan la tutoría del destinatario.
La Mesa Directiva, presidida por el diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia para su análisis y dictamen correspondiente.
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Xalapa, Ver.- Está listo el dictamen de desafuero en contra de la magistrada expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, lo elaboró ya la Comisión Instructora que dictaminó como procedente la denuncia de juicio político.
Sin embargo, será sometido a votación del pleno del Congreso local este jueves y se requieren al menos 34 votos a favor.
Una vez lo hayan votado, el dictamen se mandará al Tribunal Superior de Justicia del Estado y el pleno de los magistrados enviarán el asunto a la Sala Constitucional.
Martínez Huerta deberá ser notificada como denunciada para que nuevamente formule alegatos a su favor, así como la Comisión Instructora del Congreso, para que ratifique la acusación ante la Sala.
La Sala Constitucional elaborará un proyecto de resolución donde puede confirmar lo dicho por la comisión instructora o modificarlo.
Posteriormente la Sala Constitucional mandaría el proyecto al pleno del Tribunal Superior y en una Sesión para tal fin los magistrados definirán si aprueban o confirman la responsabilidad de Martínez Huerta.
De acuerdo con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la sanción puede ser destitución de la magistrada e inhabilitación por hasta diez años para ejercer cargos públicos, en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJ).
El dictamen de la comisión Instructora del Congreso, fue en sentido positivo, aprobado con 2 votos a favor y uno en contra.
A la Comisión Instructora la integran los diputados de Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos y Jessica Ramírez Cisneros, presidente y secretaria, respectivamente; así como el panista Enrique Cambranis Torres.
Por Rosalinda Morales.
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Xalapa, Ver.- Funcionarios estatales son investigados por la probable violación a la protección de datos personales y el derecho a la intimidad de niñas y niños, al difundir fotografías sin consentimiento, reveló la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes
Durante su comparecencia ante el Congreso expuso que el año pasado se atendieron 26 denuncias por probable vulneración datos personales, destacando que hay casos relacionados con la pandemia COVID-19 y otros que involucran a funcionarios del poder ejecutivo por el uso de imágenes de niños.
“Nos está remitiendo el OPLE diversos expedientes para que determinemos si da lugar a una investigación, todas son probables denuncias por vulneración datos personales, relacionadas con la imagen de niñas y niños, es importante proteger y ponderar el derecho a la intimidad personal”, reiteró.
Asimismo, recordó que en 2020 recibieron más de 300 denuncias y ese organismo dictó 135 apercibimiento a diversos sujetos obligados por no estar cumpliendo a cabalidad las obligaciones de transparencia.
Entre los incumplidos hay 95 ayuntamientos, 31 organismos públicos, 2 contra el poder ejecutivo, 3 contra operadores del agua, 3 contra partidos políticos y una contra un organismo sindical.
A estos sujetos obligados apercibidos la ley les permite resarcir daños y sino, vendrán multas de hasta 134 mil pesos.
Mencionó que en 2019 los ayuntamientos salieron con calificación baja en la evaluación en materia de cumplimiento de obligaciones de protección de datos personales. En estos momentos se están recibiendo los informes del 2020.
Xalapa, Ver.- En su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, Naldy Rodríguez comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), dio cuenta del rezago que encontró a su llegada, de 3 mil expedientes de recursos de revisión.
Asuntos jurisdiccionales
En el IVAI se encontró un rezago de más de 3 mil recursos de revisión en trámite de los años 2018, 2019 y del primer trimestre del 2020; además 885 denuncias por obligaciones de transparencia sin resolver.
En el 2020 la ciudadanía interpuso mil 200 recursos de revisión en materia de acceso a la información y 17 denuncias de datos personales.
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) incrementó la capacitación y resolución de medios de impugnación en medio de la pandemia, afirmó la comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, al comparecer ante diputados de la LXV Legislatura Local.
En su presentación ante la comisión permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, integrada por la diputada Florencia Martínez Rivera, Ana Miriam Ferráez Centeno y Jorge Moreno, destacó que se incrementó la promoción del acceso a la información pública como un derecho y una obligación para que más personas puedan ejercerlo y sobre todo, se aplica la ley sin sesgos y sin atender intereses particulares o de grupo.
En el recinto legislativo la comisionada presidenta estuvo acompañada del coordinador de la región sureste de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el comisionado del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), Ricardo León Caraveo.
Ante los representantes populares, la titular del órgano garante destacó la transformación administrativa, jurídica y social que han realizado en los últimos seis meses.
El objetivo -dijo-, es legitimar una mayor transparencia que resulte en la consolidación de la rendición de cuentas; además de garantizar y promover los derechos que se deben tutelar como el acceso a la información y la protección de datos personales.
Acciones administrativas
En este proceso de renovación y transformación, el IVAI se ha conducido con austeridad y se ha reorientado el gasto público para lograr un mayor beneficio social.
A lo largo de estos meses se dio inicio a una administración responsable en la aplicación de los recursos y el control del gasto público, en donde se tomaron medidas como la cancelación de los bonos extraordinarios que gozaban excomisionados y titulares de la Secretaría Ejecutiva y Secretaría de Acuerdos.
También hubo reducción de gastos en viáticos, atención a visitantes y combustibles entre un 70 a un 100 por ciento en comparación con lo ejercido en 2019.
El año pasado se logró pagar el impuesto estatal que se adeudaba del año 2017, así como el pasivo de rentas que se heredó, correspondientes a los años 2016 y 2017.
Se trasladó la sede del IVAI a un inmueble rescatado y remodelado por el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), en donde ahora el personal labora en espacios abiertos y áreas más amplias y dignas, que servirán para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Producto del ahorro, se dotó con equipo tecnológico a las áreas del Instituto que contaban con dispositivos deficientes en donde hubo una inversión aproximada de un millón de pesos.
“Así, los excesos han quedado en el pasado, reitero, con transparencia, honradez y probidad en bien de la sociedad veracruzana”, afirmó la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez.
Expuso que el Instituto enfrenta situaciones jurídicas y administrativas complejas, debido a 12 juicios laborales, tres se encuentran en etapa de ejecución y cuyo monto asciende a 8 millones de pesos, los nueve restantes se encuentran considerados como pasivo contingente y se suman al adeudo heredado del ISR sobre sueldos y salarios.
Capacitación y asesorías
Derivado de la pandemia provocada por el Covid-19, en el IVAI se realizaron acciones y actividades en donde se privilegiaron los espacios virtuales para cumplir con las capacitaciones, asesorías, promoción y resolución de medios de impugnación.
Se impartieron un total de 108 cursos, de los cuales 23 fueron presenciales y 85 virtuales, lo que permitió llegar a más de 7 mil participantes.
El número de personas capacitadas en las jornadas calendarizadas representó un incremento aproximado de 215% en comparación con el 2019 y del 122% con relación al número de cursos programados para ese año.
Veracruz fue uno de los 16 estados que participó en el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, conocido como el Plan DAI, una política pública para incrementar el aprovechamiento del acceso a la información por parte de la población.
Gracias al compromiso de 17 instituciones participantes se realizaron seis jornadas de socialización: cinco virtuales y una presencial, dirigidas a jóvenes, mujeres, población indígena e integrantes de comités de Contraloría Social.
En calidad de sujeto obligado, el IVAI recibió un total de 110 recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas emitidas por las distintas áreas, destacando que el 98% cumplió con las expectativas ciudadanas.
Se están desahogando los procedimientos en tiempo y forma abatiendo el rezago existente, de tal manera que en el primer trimestre del año en el IVAI se estarán agotando cada una de las etapas del procedimiento de sección de ejecución.
Por Rosalinda Morales
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