La Habana.- A partir de esta semana los hijos de cubanos residentes en el extranjero podrán obtener la nacionalidad cubana sin necesidad de vivir durante un tiempo en la isla. Pero las autoridades de Cuba decidirán quién podrá recibirla o no a partir de criterios políticos.

Entre los requisitos los padres no deben haber cometido ningún acto considerado contrarrevolucionario y algunos solicitantes tendrán que aprobar un examen para demostrar su conocimiento del sistema político de la isla y del “acontecer nacional”, por lo que deberán familiarizarse con la cobertura noticiosa de medios oficiales como el diario del Partido Comunista Granma.

“Cuando el interesado, el padre o madre cubanos o representantes legales de los menores de edad comprendidos en el presente Decreto-Ley hayan cometido hechos o realizado acciones contra los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado cubano se archiva el expediente iniciado y se notifica al solicitante”, indica una “disposición especial” en el nuevo decreto-ley publicado en la Gaceta Oficial a fin de año.

Los hijos menores de edad de estas personas tendrían que esperar a arribar a la mayoría de edad para solicitar la adquisición de la ciudadanía cubana, agrega el documento.

El decreto no esclarece la definición de “hechos” o “acciones…contra los fundamentos del Estado”. La embajada de Cuba en Washington no respondió inmediatamente a una petición de comentario.

La negativa inicial podría apelarse ante el Ministerio del Interior (Minint), pero tras una revisión, la decisión de este organismo es final y no puede ser cuestionada en los tribunales.

Según publicó la prensa cubana, la eliminación del requisito de “avecindamiento” para los hijos de cubanos nacidos en otros países tiene como objetivo beneficiar a los que nacieron en aquellos que no reconocen la ciudadanía a los hijos de extranjeros.

El nuevo decreto-ley dispone también la creación de un examen de ciudadanía para los hijos mayores de edad de padres cubanos que han obtenido la nacionalidad por nacimiento o sea que tampoco nacieron en la isla.

El examen, elaborado por el Minint y el Ministerio de Educación Superior, mide el conocimiento del idioma español pero también de “las regulaciones constitucionales sobre la organización política, administrativa y social del país; los símbolos nacionales; los derechos y deberes ciudadanos; los períodos históricos y sus principales líderes; las características geográficas del país y los conocimientos generales actuales del acontecer nacional”.

Eso significa que los cubanoamericanos de segunda generación, por ejemplo, tendrían que familiarizarse con las organizaciones políticas y de masas en Cuba, la Constitución socialista y las noticias publicadas en Granma y otros medios estatales, antes de aprobar el examen.

Estas personas deben demostrar, además, “lazos permanentes y relaciones estables con el país durante un período mínimo de dos (2) años anteriores a presentar la solicitud”.

Esta y otras medidas, como el fin del permiso de entrada –conocido como “habilitación del pasaporte” y la autorización de entrada a quienes salieron ilegalmente del país– fueron anunciadas en noviembre por el canciller cubano Bruno Rodríguez como respuesta al endurecimiento de la política del presidente Donald Trump hacia Cuba y la suspensión de los trámites para obtener visas en la embajada estadounidense en La Habana.

“Mientras Estados Unidos cierra, Cuba abre”, había declarado Rodríguez. Desde el 2013, el gobierno de Raúl Castro comenzó a cambiar las leyes migratorias y eliminó trabas para los viajes al exterior de los cubanos.

Pero tanto para el otorgamiento de la nacionalidad como para la autorización de entrada y salida de la isla, el gobierno conserva un alto grado de discrecionalidad.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, documentó 93 casos de opositores y activistas a los que el gobierno les impidió viajar por motivos políticos en el 2017.

Y para ciertos tipos de profesionales –entre ellos los médicos, deportistas, profesores y funcionarios– se mantienen los llamados “castigos” tras abandonar puestos oficiales y permanecer en el extranjero, o no regresar en el tiempo estipulado por su centro de trabajo.

“En este caso”, aclaró el portal oficialista Cubadebate, “se mantiene la limitante de entrar al país durante los ocho años posteriores al abandono de la misión.”