Xalapa, Ver.- La encuesta que el comité de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Veracruz está aplicando a diversas dependencias de la entidad para obtener un diagnóstico en materia de corrupción, es un instrumento de tal importancia que no puede ser deficiente ni aplicarse sin contar con las características indispensables que aseguren su certeza y efectividad, como es en el caso de una adecuada recopilación y tratamiento de datos personales.

El pasado 24 de septiembre, los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) recibieron a los integrantes del CPC y los reunió con todo su personal, en respuesta a la solicitud que el comité hizo para realizar una visita de capacitación y presentar las tareas, alcances y perspectivas de la implementación de actividades del sistema. El IVAI brindó todo su apoyo para efectuar la actividad.

No obstante, el CPC no llevó a cabo la capacitación y aplicó una encuesta en la que se solicitaban datos personales como sexo, edad y nivel de educación. A pesar de que era un documento impreso, éste no mostraba un aviso de privacidad escrito, sino que para conocerlo se remitía a un vínculo, como si se estuviera contestando en línea. Más aún, este acceso no correspondía a la encuesta, sino a uno relacionado con las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos al comité de participación ciudadana.

Al notar esto, el personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales hizo el señalamiento a los integrantes del comité de participación ciudadana, quienes refirieron que la encuesta era voluntaria y que más adelante podrían utilizar el formato disponible en internet para la presentación de quejas o denuncias en relación a actos de corrupción. Razón por la cual los trabajadores del instituto optaron por no responder la encuesta y contribuir en las acciones anticorrupción a través de los otros medios sugeridos por el CPC.

La situación detectada resulta inaceptable, pues los avisos de privacidad son documentos que la ley exige que se pongan a disposición a partir del momento en el cual se recaben los datos personales de un individuo, con el objeto de informarle las finalidades del tratamiento de los mismos, las cuales deben ser concretas para fines específicos, sin finalidades genéricas que puedan generar confusión. Explícitas, dándose a conocer de manera clara y legítimas, acordes con las atribuciones de quien los recaba.

Por tanto, un aviso de privacidad no puede ser utilizado para prácticas diferentes, se debe hacer uno para cada acción en la que sea necesario recabar información personal, pues debe referirse qué datos serán recabados, si se solicitarán datos sensibles, el fundamento legal, si habrá transferencia de datos, ante quién y cómo se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, entre otras cuestiones.