Papantla, Ver.- En un documento que fue entregado directamente al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, denunciaron que el director del Tajín y sus subordinados desatendieron sus obligaciones, pese a que sabían del daño que se estaba realizando en la zona arqueológica e incluso el propio director general del INAH, habría incurrido en omisión, al no atender un reporte que le fue enviado el 14 de agosto.

El texto que es firmado por Juan Manuel Hernández Melchor, secretario general de la organización sindical, así como por custodios de la Zona de Monumentos Arqueológicos “El Tajín”, revela que pasó más de un mes y medio para que las obras fueran detenidas y eso gracias a la determinación de la arqueóloga Patricia Castillo Peña, quien fue enviada por la Dirección de Operación de Sitios Arqueológicos.

Los sindicalizados califican como “una cortina de humo” el que las autoridades locales y centrales del INAH, hayan señalado que la destrucción del Patrimonio cultural Ca realizaron grupos armados ligados a la delincuencia organizada, con la clara intención de poder justificar su negligencia y omisión. El texto reza que el argumento es falso, toda vez que una arqueóloga, acompañada de varios custodios, logró suspender los trabajos sin que hubiera un solo disparo y tampoco se observó gente armada.

“El argumento que dan las autoridades es absurdo y al mismo tiempo agrava la situación, ya que al no denunciar el hecho, incurren en una doble omisión, al no dar parte a la Policía Federal o al Ejército, puesto que de esa manera los protegen, razón que nos hace pensar en una probable complicidad que debe ser investigada por el señor Presidente López Obrador”, señaló Hernández Melchor al ser entrevistado.

El dirigente sindical lamentó profundamente que el argumento de la presencia de gente armada y de la vinculación del hecho a la delincuencia, haya sido retomado por el propio director general del INAH, Diego Prieto, cubriendo con ello la impunidad en la que opera Olaf Jaime Riverón, quien es encargado de despacho en Tajín, así como el administrador de la misma, Roberto Lozano y el arqueólogo Temashtiani Atenco, responsable de la protección técnica.

Finalmente, exhortó respetuosamente al mandatario nacional para que se pronuncie a favor de la defensa del patrimonio, se elabore un diagnóstico de los daños ocasionados, además de que se realice la inmediata restauración de los edificios, pero principalmente, se sancione por parte de la Secretaría de la Función Pública a quienes permitieron con sus omisiones o probable complicidad, la destrucción de la llamada “Ciudad Sagrada”.