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HECTOR Y SU ALCANCÍA.

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Por Leonardo Zaleta.

Cronista de la ciudad.

La mañana del 19 de marzo de 1938, la capital se convulsionó como nunca a causa de la manifestación multitudinaria en apoyo al presidente Lázaro Cárdenas, encabezada por el gremio petrolero. Llevaban ataúdes a cuestas simbolizando la muerte de las compañías extranjeras. En la catedral, las campanas se echaron a vuelo.

Una de las más nutridas fue la del día 22. Los estudiantes universitarios alborozados marcharon frente al palacio nacional encabezados por el rector Luis Chico Goerne, exigiendo que no se diera un paso atrás en esa lucha antiimperialista.

De las once a las quince horas el presidente permaneció en el balcón central recibiendo el apoyo unánime de los mexicanos, saludando, agradeciendo. El pueblo jubiloso le demostraba confianza, respeto y simpatía, caso que no se ha repetido a los largo de la historia. Mal que les pese.

Ese mismo día, en las ciudades más importantes del país, se produjeron otras manifestaciones y marchas de apoyo. Otra muy concurrida en la capital, fue la del movimiento obrero el día 23.

En Poza Rica y la Petromex, las marchas las realizó el pueblo y los trabajadores. Pasearon en hombros féretros simbolizando la muerte de los explotadores nefastos.

Otra arista interesante de este evento fue que el 24 de marzo, a través de la radiodifusora del PNR el general Cándido Aguilar sustentó la conferencia “Génesis del conflicto petrolero en nuestro país”, en la que pidió tomar el ejemplo del pueblo francés que en 1871 debió cubrir la indemnización que Prusia exigía para abandonar su territorio.

Este acontecimiento pudo influir para que Cárdenas encomendara a su esposa Amalia Solórzano Bravo, recibir el 12 de abril, en el Palacio de Bellas Artes, la colecta popular, en presencia del Lic. Luis Montes de Oca, director del Banco de México.

Se dieron escenas llenas de patriotismo. Gente de distinta extracción social asistió a depositar su óbolo: las mujeres humildes llevaron baterías de cocina, máquinas de coser, herramientas; las de clase media dinero, joyas, cuadros; Petra González de 86 años se desprendió de su argolla matrimonial, unos nativos donaron un lote de gallinas y pollos, y un contingente de ciegos entregó su contribución en monedas y pesos. Todos acudieron al llamado de la patria. Cómo no habrían de hacerlo si la empresa, ahora, era del gobierno, de la nación, del pueblo.

Al ser incorporado Juan Gray a la cúpula directiva de la nueva industria, lo suplió estatutariamente en la dirigencia sindical Aurelio Martínez Rincón, secretario del Interior, a partir del 19 de marzo. En compañía de Alfonso Villaseñor, secretario del Exterior y Propaganda, envió una circular a las 32 secciones transcribiendo el programa al que habría de sujetarse la nueva administración de la industria. Se amparaban en el lema: “Por una sociedad sin clases”.

Para solventar el problema de la indemnización, en lenguaje popular caló hondo una tonada convincente y seductora:

… A fin de que se pague/ la deuda petrolera / y así de esa manera / ver libre a la nación, / coopera mexicano, / ¡ayúdale al gobierno, / que es un deber fraterno/ y grande, noble acción!”. El corrido fue acreditado a los compositores Quirino Mendoza y Cortés, y Tiburcio Pinto, en abril de ese año.

Los 18,000 trabajadores petroleros a través de sus respectivas secciones  contribuyeron al monto de la indemnización con un día de salario, es decir 125 mil pesos, y posteriormente el 10% del salario durante meses. Por cuanto hace a la indemnización que les correspondía por rescisión del contrato que las compañías extranjeras estaban obligadas a pagar, también fue objeto de donación.

Miguel Alemán integró un grupo de gobernadores para respaldar la política de Cárdenas, con 100 mil pesos cada uno.

Los senadores, diputados federales y locales, los empleados de la federación, estatales y municipales, contribuyeron con un día de salario mensual durante 1938. Los militares de distinta graduación igualmente cooperaron, no se quedaron al margen los industriales y comerciantes, ni permanecieron indiferentes los integrantes de las distintas colonias extranjeras residentes en México.

Por primera vez en la historia, el clero fue aliado de un gobierno revolucionario. Monseñor Luis María Martínez exhortó a la feligresía a sumarse a la cruzada por la indemnización. Permitió que en las iglesias se recogieran los fondos para la cruzada nacional, y las campanas tocaron a rebato.

La familia Cruz Montiel llegó a fundar  Poza Rica, procedente de Palma Sola. El padre, Antonio Cruz Olivares, rentó una choza en El Huéleque, al pie de las vías del tren, donde sus hijos convivieron con los niños Luis, Antonio y Elia Zapién. A Héctor, de once años de edad le correspondía caminar hasta el taller mecánico donde trabajaba su padre como tornero, a dejarle el lonche. Recuerda que el terreno era arbolado.

Muy cerca había unos frondosos árboles de hule, con los que una persona fabricaba mangas de hule (pelerina), que los jinetes usaban para  cubrirse de la lluvia, al igual que la silla de  la montura.

Más tarde la compañía El Águila, le asignó una habitación de la cuartería No. 56 de la colonia Obrera.

Héctor  y sus hermanos: Roberto, Efraín, Leoncio y David Cruz Montiel, inducidos por su padre (originario de Temapache), rompieron su cochinito de barro. Connotado masón, inculcaba en sus hijos respeto, civismo, honestidad, disciplina y patriotismo para que de grandes fueran hombres de bien. Fueron alumnos de la maestra María Esperanza Morales.

Juntaron sus ahorros auxiliados por su madre doña Celestina Montiel Vázquez, y fueron a la oficina de Telégrafos Nacionales a enviar un giro al general Lázaro Cárdenas, a fin de contribuir con su óbolo al Fondo de Cooperación Nacional.

Los pequeños se llenaron de júbilo cuando recibieron el oficio No. 36382 fechado el 21 de abril de 1938 con el agradecimiento y la firma del presidente de la república, documento histórico que Don Héctor, el único sobreviviente, que está por cumplir 94 años conserva con mucho orgullo.

También en este campo hubo una propuesta de los petroleros para laborar sin retribución, lo que no sucedió en ninguna otra sección.

Cárdenas sabía que la colecta por grande que fuera sería insuficiente. Si bien los casi dos millones de pesos que produjo la colecta no alcanzaron los niveles calculados, se logró cohesionar una corriente nacionalista y la movilización del pueblo en apoyo al acto expropiatorio y al presidente.

El 23 de abril, el presidente autorizó una emisión de bonos del gobierno por la cantidad de 100 millones de pesos para el pago de la deuda. Se integró el Comité de Unidad Mexicana Pro Liberación Económica (CUMPLE). El 3 de mayo, el Comité Episcopal publicó una circular en la que exhortó a los fieles a contribuir para la reunión de fondos destinados al pago de la deuda petrolera. Caso excepcional.

La colecta y la emisión de bonos se suspendieron la primera semana de julio. Había que buscar afanosamente mercados para esa sangre negra de la tierra que ahora era nuestra, eso era lo primordial, tratar de vender petróleo y echar a andar la industria en manos de los trabajadores.

Así, no es eufemismo afirmar que Pemex es propiedad del pueblo y no botín de unos pillos. Nadie, con posibilidades, ha resistido la tentación de hacer negocios fabulosos y medrar en el cargo. Por ello merece admiración y gratitud el sacrificio que hicieron los obreros y la gente humilde (los niños incluidos), y merecen repudio los que dilapidan los bienes nacionales en detrimento del pueblo.


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De los Ángeles a los Demonios. Día Mundial del Medio Ambiente: Reimagina, recrea, restaura

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Dra. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón

Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia

El próximo cinco de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que su trascendencia es considerada como la fecha más importante del calendario en materia medioambiental; los antecedentes de su instauración se remontan a junio de 1972, cuando Naciones Unidas realizó la primera gran conferencia sobre el medio humano, la cual tuvo lugar en Estocolmo, Suecia.

Como resultado de este coloquio, el 15 de diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General de la ONU en donde se aprobó la resolución A/RES/2994/XXVII,  la cual estableció el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de exhortar a los gobiernos y a las organizaciones para emprender actividades encaminadas a proteger nuestro planeta.

Es preciso señalar que durante la mencionada reunión también se aprobó la resolución que dio origen al programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, cuyo objetivo principal es promover  el uso racional de los recursos naturales e impulsar el desarrollo sostenible.

Durante este año, el Día Mundial del Medio Ambiente estará enfocado en crear conciencia sobre la importancia de cuidar los ecosistemas; bajo el lema “reimagina, recrea, restaura” desde Pakistán, sede de esta celebración, se darán a conocer las estrategias orientadas a prevenir, detener y revertir el daño causado a la naturaleza, además de que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.

La cooperación internacional ha traído como resultado un impacto positivo en el desarrollo del derecho ambiental, produciendo importantes cambios legislativos e institucionales en los países;  desde la década de los setenta a la actualidad, México ha firmado 77 Tratados Internacionales o acuerdos interinstitucionales en la materia, entre los que destacan la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Por cuanto hace a la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo cuarto, párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, además de establecer que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

La Reforma Constitucional que incluyó este derecho humano, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, no obstante que desde 1988 se promulgó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la cual establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y tiene entre sus objetivos definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación.

Actualmente se encuentran en vigor quince leyes de aplicación nacional en materia medioambiental, así como reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) derivadas de éstas, además cada entidad federativa cuenta con una ley local de protección al medio ambiente.

Por cuanto hace a las autoridades federales encargadas de promover el cuidado a la naturaleza, las más importantes son: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo objetivo es brindar garantía al desarrollo sustentable y al equilibrio ambiental, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y salvaguardar los intereses de la población en temas relacionados con la naturaleza, además de sancionar a las personas físicas y morales que violen la legislación ambiental.

Asimismo, existen numerosas fundaciones y asociaciones cuyas acciones están encaminadas a proteger la naturaleza, tales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Pronatura, sin embargo, debemos estar conscientes que preservar nuestro planeta es una tarea que nos corresponde a todas las personas, toda vez que nuestra supervivencia y bienestar dependen de su cuidado y protección.


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El caso Ximenes Lopes

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Por José Roberto Ruiz Saldaña

Recientemente tuve la oportunidad de exponer de forma virtual, a invitación de la Casa de la Cultura Jurídica Veracruz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Ximenes Lopes vs Brasil (2006). Se trata no solo del primer pronunciamiento convencional sobre los derechos de las personas con discapacidad mental, sino de una sentencia clara y contundente que fija los estándares de actuación de los Estados parte en servicios de salud mental.

El asunto se originó con motivo de lo sucedido al señor Damião Ximenes Lopes quien en octubre de 1999 ingresó, por segunda vez, a una clínica de salud mental privada por problemas de nervios, pues no quería comer ni dormir y no tomaba sus medicinas. No obstante que su ingreso se dio en perfecto estado físico, sin señales de agresividad ni lesiones corporales externas, entró en un baño del que se negaba a salir, por lo que fue dominado y retirado a la fuerza por un auxiliar de enfermería y otros pacientes; a la postre fue sometido a contención física la cual duró toda la noche; en la mañana su madre lo visitó y lo encontró sangrando, con hematomas, con dificultad para respirar, agonizante, aún sometido; finalmente murió.

En la sentencia destacan, entre otras, las consideraciones de la Corte IDH en torno a las obligaciones de los Estados así como la especial atención a las personas con enfermedad mental. Por lo que respecta el primer aspecto, la instancia internacional sostuvo que los Estados tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal; en este sentido, los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, independientemente si la entidad que la presta es de carácter público o privado; así, los Estados son responsables tanto de regular permanentemente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, como de crear mecanismos para inspeccionar y fiscalizar las instituciones y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales para casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes.

Por su parte, en relación a la especial atención a personas con discapacidad mental, la Corte IDH sostuvo que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial; que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación por su condición, por lo que los Estados deben adoptar medidas para eliminarla; que de hecho las personas con discapacidad que son sometidas a tratamientos en instituciones psiquiátricas son particularmente vulnerables a la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante; asimismo, que los Estados deben garantizar que se preserven los derechos de los pacientes de instituciones psiquiátricas de recibir un tratamiento digno, humano, profesional y ser protegidos contra explotación, abuso y degradación.

Esta sentencia, cabe decir, ha prácticamente iniciado una línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de debida gestión de servicios de salud, esto es, ha guiado razonamientos en casos en que se han visto afectados distintas modalidades del derecho a la salud, como en los Casos Suárez Peralta vs Ecuador (2013), I.V. vs Bolivia (2016) y, más recientemente, Poblete Vilches vs Chile (2018). Su importancia radica en que la Corte IDH ha dejado muy claro el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, es más, el Estado no solo debe regular y fiscalizar las instituciones de salud sino que tiene el especial deber de cuidado en relación con las personas ahí internadas.

Este precedente interamericano no obliga solo a Brasil sino a todos los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos por lo que hace a exigibilidad en los parámetros de actuación en tales servicios de salud. Con esa sentencia y todas aquellas con línea jurisprudencial en torno a dicho derecho, en México se debe regular y fiscalizar aún más los servicios de salud.

Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77


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Ni para profetas, ni para demagogos.

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“Poza Rica, experta en refinerías. Sueños moluscos, realidades invertebradas”

Por Lic. Héctor Hugo Viveros G. Saldaña.

 Poza Rica es una ciudad que cuenta en su historia, la historia de la industria petrolera de México. En resumidas cuentas, explotación de recursos naturales, fuga de dinero, sostenimiento de infraestructura y plantilla laboral por razones políticas y no técnicas, contaminación y crisis.

Desde hace décadas, la producción de hidrocarburos en Poza Rica dejó de ser suficiente para sostener el mantenimiento de la infraestructura y la plantilla laboral de los años 80’s. El problema adyacente es que la comodidad en las jornadas laborales y las altas prestaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos eran inalcanzables para cualquier otro empleador. Ahora son inalcanzables para Pemex. Los accidentes fatales también se han hecho presentes.

Desde hace años, los criterios para sostener la infraestructura y la plantilla laboral responden al interés político más que una estrategia comercial financieramente sostenible, y como en muchas cosas, la pandemia nos vino a enfrentar con la realidad y la contratación de más plantilla laboral para simular una recuperación económica inexistente en la empresa que se vio obligada a detenerse.

El último suspiro de recuperación de esa industria en esta región sucedió en el sexenio 2006-2012. Las estrategias de Calderón reactivaron momentáneamente la industria, pero la inversión privada nacional y extranjera no soporta las deudas millonarias con las que Pemex operó durante mucho tiempo. Después de hacer quebrar a varias empresas, la realidad dejó de nuevo sin empleo a decenas de miles y a varias empresas quebradas por los créditos otorgados a Pemex. A la fecha, un contrato de Pemex ya no es recibido como garantía en préstamos, porque a pesar de que el Presidente declara que la corrupción y el robo de hidrocarburos ya se erradicaron, la realidad es que Pemex garantiza su necesidad pero no el pago por la obra ejecutada, los servicios prestados o los productos adquiridos. Esto es una realidad persistente y el retraso en los pagos de deuda han producido la pérdida de miles de empleos y la desaparición de decenas de empresas que quebraron esperando el pago de Pemex.

La ganancia de votos que genera las promesas de esos años de gloria, por cierto inexistentes, es una realidad molusca como su promotor: sin estructura y sin sustento, con pies y cabeza, pero sin huesos que lo sostenga.

Además, depender de una industria que explota recursos no renovables tiene un sólo destino: su desaparición de la industria junto con el recurso que explota. La opción es la fractura de la piedra porosa, técnica que condena a la muerte a la flora y fauna endémica del lugar en el que se practica, lo cual es un hecho demostrado y documentado en todo el mundo. A mediano y largo plazo la migración generada por el desempleo habría que sumarle la migración generada por la contaminación, de por sí ya grave, de los mantos acuíferos de los que se obtiene el agua potable de la ciudad. El costo de salvar la industria es matar al medio ambiente y los otros recursos para el sustento de la vida humana.

Seguir viviendo de la industria que está condenando al planeta a un periodo de extinción de especies semejante al del pérmico-triásico no es por ningún motivo una opción ética, y tampoco debería ser el centro de la propuesta de recuperación económica.

Poza Rica, necesita asumir la realidad de los hechos: 1) Pemex aprendió aquí, que los complejos petroquímicos son insostenibles ante determinadas circunstancias, y los trabajadores de la empresa saben bien porque aquí no es negocio; 2) El mayor número de empleos y productividad de la ciudad dependen de otras actividades terciarias en las que Pemex no interviene; 3) Cada 3, 4 o 6 años escuchamos el mismo discurso que promete una mega inversión para Pemex y esta nunca llegó ni llegará, prueba de ello es que ante la disposición de once mil millones de pesos, Pemex prefirió implementarlos en el extranjero y no en Poza Rica; 4) Es necesario entender y comprender que impulsar una industria que tiene como resultado final la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento del promedio mundial de la temperatura global es éticamente insostenible; 5) La mejor opción es emanciparse de Pemex y apuntalar el desarrollo económico de la ciudad a otras actividades comerciales, que dependan menos de la intervención política y más de la innovación ciudadana; y 6) Cuando el gobierno federal tuvo dinero para invertir en la industria, Poza Rica no fue una opción, a pesar de un alcalde, diputada local, que además es presidenta del Congreso del Estado y una diputada federal que hoy busca reelegirse y al gobernador del estado que pertenecen al mismo partido político del Presidente, no mandaron dinero ni para pagar la deuda de Pemex o para reactivar la economía de la ciudad que se rindió a sus pies en las urnas en las últimas 3 elecciones.Contacto:

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