Ciudad de México.- Una diputada federal de Veracruz forma parte de los 22 funcionarios de distintos estados a los que el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió imponer sanciones o les ordenó retirar las evidencias de que están realizando actos anticipados de campaña.

A través de un comunicado, el organismo dio a conocer que la Comisión de Quejas y Denuncias detectó que 63 servidores públicos de distintos niveles, cargos y procedencia partidista en 15 estados están haciendo una probable promoción personalizada derivada de la entrega de bienes y productos a la ciudadanía.

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, diversos órganos del INE certificaron y documentaron publicaciones, notas y fotografías en páginas de internet y redes sociales de alcaldes, diputados y senadores que resaltaban su participación en dichas entregas.

Luego de las investigaciones preliminares, la autoridad electoral determinó iniciar, de oficio, procedimientos especiales sancionadores debido a que tienen que ver con el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.

Por votación unánime de las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así como del consejero Jaime Rivera, la Comisión ordenó a 22 servidoras y servidores públicos que se abstengan de promoverse en actividades de entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria.

Lo anterior incluye la respectiva difusión o publicidad, ya que, desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, sus publicaciones contienen elementos de promoción personalizada; es decir, refieren su nombre y cargo, aparece su imagen y los mensajes publicados, en general, son realizados en primera persona.

Estos hechos podrían constituir también una violación a los principios de imparcialidad y legalidad que deben seguir los funcionarios, por lo que se determinó que, en un plazo no mayor a 24 horas, realicen las acciones necesarias y suficientes para eliminar las publicaciones tanto en redes sociales como en páginas de internet, incluida la diputada federal Dulce María Corina Villegas Guarneros.

Del total de servidores públicos considerados, la Comisión resolvió improcedente otorgar medida cautelar en 41 casos, ya que, bajo la apariencia del buen derecho y de un análisis preliminar, las ligas con el material denunciado ya fueron dadas de baja, por lo que se está ante hechos consumados.

Estos 41 casos se refieren a:

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