La aplicación de justicia es un fracaso; con pruebas y testigos suficientes, juez de control en Papantla deja en libertad a cinco plagiarios, alegó que no hay delito qué perseguir

Papantla, Ver.- Luego de celebrarse el juicio oral en contra de los cinco acusados del secuestro del conocido líder transportista, Hugo Moreno, en Papantla, un juez de control del octavo distrito judicial dejó en libertad a los imputados y alegó que no había delito qué perseguir. El temor de la familia es enorme que hasta han tenido que buscar otros lugares para vivir.

El caso ocurrió en noviembre del 2016, cuando el empresario fue secuestrado por integrantes de una banda delictiva que pedía la cantidad de cinco millones de pesos para liberar con vida al líder transportista, quien laboraba en la empresa Micros Mora. El día de los hechos la Policía informó que el empresario fue privado de su libertad a unos metros de la terminal de autobuses de Papantla.

El juicio oral de los acusados se llevó a cabo el pasado lunes, y quien dio la sorpresa fue el juez Adrián Reyes Acosta, quien dictó fallo absolutorio a los imputados; misteriosamente indicó que no había delito qué perseguir a pesar de que había pruebas, testimoniales y dictámenes que comprobaban la participación de los acusados, pero simplemente el juez no las tomó en cuenta.

Y por increíble que parezca, tras dos años de investigación de la Fiscalía General del Estado, el fallo no favoreció y los imputados salieron libres; se trata de José García Méndez, Jessie García Corona, Luis Fernando Mauricio López, Jonatán Juárez García y Arleth Aranda Badillo, ya están libres gracias a la decisión del juez.

Dentro del proceso penal 12/2016 se constaba que la víctima había sido privada de su libertad el 19 de noviembre del 2016; los captores pedían cinco millones de pesos y finalmente, por no reunir los familiares dicha cantidad, bajaron la suma a 500 mil pesos. No obstante, ni siquiera eso fue reunido por sus familiares, a quienes les llamaron en repetidas ocasiones para exigir el dinero.

A las 14:00 horas del 23 de noviembre la Policía Estatal ubicó en un pozo petrolero dos vehículos (una camioneta y un auto compacto) y se logró la detención de siete personas, entre ellas una mujer que daba de comer al secuestrado. Hechas las primeras investigaciones se logró saber que dos de los varones eran menores de edad, por lo que se les consignó a Palma Sola, ellos fueron sentenciados ya a cinco años de prisión por un juez, y curiosamente se contaba con los mismos datos de prueba.

Pese a que la víctima fue rescatada por la Policía en noviembre del 2016 y contaba con medidas de protección cuatro meses, éste fue asesinado al interior del bar 1900, ampliamente conocido en Papantla. Se dice que la misma banda habría estado involucrada en la muerte de Hugo Moreno, pues nunca se detuvo por completo a todos los integrantes de esa célula delictiva.

Ha trascendido que dentro del juicio el defensor público, identificado como Carlos Alberto Morales Solís, sólo formuló cuatro preguntas, seguramente todo estaba arreglado para que sus representados salieran. Al juez se le señala de no hacer una valoración congruente y exhaustiva, y sólo calificó las supuestas inconsistencias dentro del proceso.

Por temor a lo ocurrido la familia de la víctima huyó de la ciudad y no se presentó a declarar en el juicio, y eso precisamente fue aprovechado por el juez, quien no agotó lo que establece el artículo 364 del código nacional de procedimientos penales, que dice, “si el testigo debidamente citado no se presentara a la citación o haya temor fundado de que se ausente o se oculte, se le hará comparecer en ese acto por medio de la fuerza pública, pero el juez aseguró que ese no era problema de él y los liberó”.

A pesar de que se desconoce si la Fiscalía apeló a la decisión del juez, es notorio el interés de Adrián Reyes Acosta para absolver a los secuestradores, ya que el delito fue acreditado como tal y policías aprehensores narraron en el juicio a santo y seña cómo detuvieron a la banda que hoy goza de libertad, lo que deja en evidencia las fallas del sistema de administración de justicia.

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