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LA EMANCIPACIÓN DE LA PATRIA

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Por Leonardo Zaleta

Cronista de la ciudad

En todos los tiempos, las revoluciones cobran impulso cuando el hambre, la enfermedad y la injusticia constituyen el despreciable patrimonio de las masas.

Toda inconformidad es la preparación lenta pero firme de una exigencia de cambios fundamentales en la organización política de cualquier país. Anuncia una transformación que debe acabar con la preeminencia de los de arriba y la marginación de los de abajo.

Las banderas de rebeldía se alzan cuando la clase gobernante es incapaz de enfrentar la crisis y apaciguar los reclamos de nuevas formas de organización social, más justa y equilibrada.

Los antecedentes del movimiento emancipador de 1810 pueden encontrarse en: el esclavismo de las masas, la restricción del comercio permitido exclusivamente con la metrópoli, la corriente de pensamiento encabezada por los enciclopedistas, la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa, la invasión de Napoleón a la península ibérica en 1808, y la inconformidad de los criollos y el bajo clero ante la falta de oportunidades de ascenso en lo eclesiástico, lo militar o lo burocrático. Esta fue la rebelión de los desposeídos.

Ninguna sublevación de las ocurridas en la etapa colonial amenazó la estabilidad del régimen hasta la conspiración de Querétaro; de ahí derivó la arenga del sacerdote Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores, Guanajuato; las huestes insurgentes conducidas por el genio militar de Ignacio Allende; los ejércitos victoriosos comandados por José María Morelos (artífice de la constitución de Apatzingán de 1814); la resistencia contumaz de Guadalupe Victoria, Serafín Olarte y Vicente Guerrero a partir de 1815, a la que se sumó el español Francisco Javier Mina en 1817 para combatir al lado de los insurgentes.

Napoleón Bonaparte liberó a Fernando VII en 1814, y el monarca español retornó a su patria sólo para anular la constitución liberal de 1812 que disminuía los privilegios del rey, el clero y las clases acomodadas; devolvió sus pertenencias a la iglesia y resucitó la inquisición, lo que provocó la rebelión en España del general Rafael Riego en 1820.

Como castillo de arena el despotismo se comenzó a derrumbar, y atemorizado, ese mismo año, el endeble monarca tuvo que jurar la constitución de 1812 de la que había renegado.

Al entrar en vigor el nuevo ordenamiento jurídico-político fue abolida la inquisición, los presos del santo oficio fueron liberados, se restableció la libertad de prensa y se reinstaló el Supremo Tribunal de Justicia. Las inconsistencias del rey provocaron inquietud y caos, no había concordia ni rumbo.

Saber que por esas circunstancias, Madrid no estaba en condiciones de enviar tropas a las colonias americanas, alentó los afanes separatistas de los criollos, relegados por el hecho de haber nacido en este suelo e inconformes con el menosprecio al que los sometían.

En la capital de la Nueva España, el 11 de junio las autoridades civiles, militares y eclesiásticas juraron la constitución de Cádiz. Pero en octubre de 1820, Fernando VII decretó nulos todos los actos del gobierno constitucional, y el 18 de noviembre intentó dar un golpe de Estado. Los liberales lo contuvieron y los asuntos del gobierno continuaron dando tumbos en la metrópoli.

Pero, un conflicto armado sostenido a lo largo de 10 años, deja una secuela de perturbaciones como: la mengua de la producción agrícola y minera, la escasez de alimentos, la baja de ventas en el sector comercial y la inevitable carestía, los monopolios, acaparamientos y la especulación; la falta de combustible para uso doméstico -especialmente carbón-, los asaltos a las recuas de los arrieros para despojarlos de sus mercancías, la destrucción de puentes, caminos, pueblos y la interrupción del correo, el alza de los impuestos; la delincuencia a causa del desempleo, y como corolario la secuela de pánico, hambre, epidemias, sangre y muerte.

El clero y las clases privilegiadas tenían visualizado que lo más conveniente era poner fin a la guerra y separarse de España. La restauración de la constitución de Cádiz extinguía sus privilegios, así que al apoderarse del gobierno de Nueva España se anulaba la constitución y se daba fin a las intromisiones de la madre patria. En la Casa Profesa, establecimiento de los jesuitas, con la complacencia del virrey Juan Ruiz de Apodaca, se reunían personajes de elevado rango para dar forma a este propósito. Esta fue la rebelión de los ricos.

El instrumento para la realización de estos planes fue un militar arrogante, cruel, y poco escrupuloso llamado Agustín de Iturbide. Se le propuso aniquilar a como diera lugar los reductos insurgentes del sur del país; en caso de no ser posible, había que seducir al caudillo principal Vicente Guerrero, que enarbolaba la independencia de España y la igualdad de todos sin importar raza o condición social. El documento que Iturbide puso a consideración del caudillo suriano agregó el monopolio católico. Coincidieron ambos bandos y se dio fin a la guerra de independencia.

Se firmó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Se creó el ejército trigarante con Iturbide a la cabeza, y se enseñoreó la bandera verde, blanco y rojo simbolizando: religión, independencia y unión.

A partir de ese momento, Guerrero y los caudillos insurgentes fueron desplazados. Un motín destituyó al virrey Apodaca. Cuando llegó el nuevo virrey Juan O´Donojú se encontró que el ambicioso caudillo ya se había apoderado del escenario.

Mediante los Tratados de Córdoba que firmó el 24 de agosto de 1821 junto con Iturbide, reconoció la independencia de la Nueva España. Pocas semanas después, extrañamente Don Juan, hombre de bien, falleció. El flamante libertador escogió como fecha para hacer su entrada triunfal a la ciudad de México el 27 de septiembre, día de su cumpleaños, culto a la personalidad que en nuestra historia ha tenido muchos seguidores.

El 21 de junio de 1822 con todo el boato, se hizo coronar emperador con el nombre de Agustín I, ataviado al estilo de  Napoleón. Desbarató el Congreso. Ante el fracaso de la Corte de opereta tuvo que abdicar el 20 de marzo siguiente y fue desterrado a Italia.

México iba a empezar a buscar un sistema de gobierno republicano y democrático que respondiera a las expectativas de las clases desposeídas, que aliviara de dolor de los marginados.

Quedaban atrás 300 años de opresión y vejaciones. Un nuevo sol de justicia y libertad habría de alumbrar el camino de la redención, a costa de más sangre. .


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De los Ángeles a los Demonios. Día Mundial del Medio Ambiente: Reimagina, recrea, restaura

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Dra. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón

Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia

El próximo cinco de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que su trascendencia es considerada como la fecha más importante del calendario en materia medioambiental; los antecedentes de su instauración se remontan a junio de 1972, cuando Naciones Unidas realizó la primera gran conferencia sobre el medio humano, la cual tuvo lugar en Estocolmo, Suecia.

Como resultado de este coloquio, el 15 de diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General de la ONU en donde se aprobó la resolución A/RES/2994/XXVII,  la cual estableció el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de exhortar a los gobiernos y a las organizaciones para emprender actividades encaminadas a proteger nuestro planeta.

Es preciso señalar que durante la mencionada reunión también se aprobó la resolución que dio origen al programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, cuyo objetivo principal es promover  el uso racional de los recursos naturales e impulsar el desarrollo sostenible.

Durante este año, el Día Mundial del Medio Ambiente estará enfocado en crear conciencia sobre la importancia de cuidar los ecosistemas; bajo el lema “reimagina, recrea, restaura” desde Pakistán, sede de esta celebración, se darán a conocer las estrategias orientadas a prevenir, detener y revertir el daño causado a la naturaleza, además de que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.

La cooperación internacional ha traído como resultado un impacto positivo en el desarrollo del derecho ambiental, produciendo importantes cambios legislativos e institucionales en los países;  desde la década de los setenta a la actualidad, México ha firmado 77 Tratados Internacionales o acuerdos interinstitucionales en la materia, entre los que destacan la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Por cuanto hace a la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo cuarto, párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, además de establecer que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

La Reforma Constitucional que incluyó este derecho humano, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, no obstante que desde 1988 se promulgó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la cual establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y tiene entre sus objetivos definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación.

Actualmente se encuentran en vigor quince leyes de aplicación nacional en materia medioambiental, así como reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) derivadas de éstas, además cada entidad federativa cuenta con una ley local de protección al medio ambiente.

Por cuanto hace a las autoridades federales encargadas de promover el cuidado a la naturaleza, las más importantes son: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo objetivo es brindar garantía al desarrollo sustentable y al equilibrio ambiental, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y salvaguardar los intereses de la población en temas relacionados con la naturaleza, además de sancionar a las personas físicas y morales que violen la legislación ambiental.

Asimismo, existen numerosas fundaciones y asociaciones cuyas acciones están encaminadas a proteger la naturaleza, tales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Pronatura, sin embargo, debemos estar conscientes que preservar nuestro planeta es una tarea que nos corresponde a todas las personas, toda vez que nuestra supervivencia y bienestar dependen de su cuidado y protección.


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El caso Ximenes Lopes

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Por José Roberto Ruiz Saldaña

Recientemente tuve la oportunidad de exponer de forma virtual, a invitación de la Casa de la Cultura Jurídica Veracruz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Ximenes Lopes vs Brasil (2006). Se trata no solo del primer pronunciamiento convencional sobre los derechos de las personas con discapacidad mental, sino de una sentencia clara y contundente que fija los estándares de actuación de los Estados parte en servicios de salud mental.

El asunto se originó con motivo de lo sucedido al señor Damião Ximenes Lopes quien en octubre de 1999 ingresó, por segunda vez, a una clínica de salud mental privada por problemas de nervios, pues no quería comer ni dormir y no tomaba sus medicinas. No obstante que su ingreso se dio en perfecto estado físico, sin señales de agresividad ni lesiones corporales externas, entró en un baño del que se negaba a salir, por lo que fue dominado y retirado a la fuerza por un auxiliar de enfermería y otros pacientes; a la postre fue sometido a contención física la cual duró toda la noche; en la mañana su madre lo visitó y lo encontró sangrando, con hematomas, con dificultad para respirar, agonizante, aún sometido; finalmente murió.

En la sentencia destacan, entre otras, las consideraciones de la Corte IDH en torno a las obligaciones de los Estados así como la especial atención a las personas con enfermedad mental. Por lo que respecta el primer aspecto, la instancia internacional sostuvo que los Estados tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal; en este sentido, los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, independientemente si la entidad que la presta es de carácter público o privado; así, los Estados son responsables tanto de regular permanentemente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, como de crear mecanismos para inspeccionar y fiscalizar las instituciones y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales para casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes.

Por su parte, en relación a la especial atención a personas con discapacidad mental, la Corte IDH sostuvo que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial; que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación por su condición, por lo que los Estados deben adoptar medidas para eliminarla; que de hecho las personas con discapacidad que son sometidas a tratamientos en instituciones psiquiátricas son particularmente vulnerables a la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante; asimismo, que los Estados deben garantizar que se preserven los derechos de los pacientes de instituciones psiquiátricas de recibir un tratamiento digno, humano, profesional y ser protegidos contra explotación, abuso y degradación.

Esta sentencia, cabe decir, ha prácticamente iniciado una línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de debida gestión de servicios de salud, esto es, ha guiado razonamientos en casos en que se han visto afectados distintas modalidades del derecho a la salud, como en los Casos Suárez Peralta vs Ecuador (2013), I.V. vs Bolivia (2016) y, más recientemente, Poblete Vilches vs Chile (2018). Su importancia radica en que la Corte IDH ha dejado muy claro el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, es más, el Estado no solo debe regular y fiscalizar las instituciones de salud sino que tiene el especial deber de cuidado en relación con las personas ahí internadas.

Este precedente interamericano no obliga solo a Brasil sino a todos los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos por lo que hace a exigibilidad en los parámetros de actuación en tales servicios de salud. Con esa sentencia y todas aquellas con línea jurisprudencial en torno a dicho derecho, en México se debe regular y fiscalizar aún más los servicios de salud.

Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77


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Ni para profetas, ni para demagogos.

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“Poza Rica, experta en refinerías. Sueños moluscos, realidades invertebradas”

Por Lic. Héctor Hugo Viveros G. Saldaña.

 Poza Rica es una ciudad que cuenta en su historia, la historia de la industria petrolera de México. En resumidas cuentas, explotación de recursos naturales, fuga de dinero, sostenimiento de infraestructura y plantilla laboral por razones políticas y no técnicas, contaminación y crisis.

Desde hace décadas, la producción de hidrocarburos en Poza Rica dejó de ser suficiente para sostener el mantenimiento de la infraestructura y la plantilla laboral de los años 80’s. El problema adyacente es que la comodidad en las jornadas laborales y las altas prestaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos eran inalcanzables para cualquier otro empleador. Ahora son inalcanzables para Pemex. Los accidentes fatales también se han hecho presentes.

Desde hace años, los criterios para sostener la infraestructura y la plantilla laboral responden al interés político más que una estrategia comercial financieramente sostenible, y como en muchas cosas, la pandemia nos vino a enfrentar con la realidad y la contratación de más plantilla laboral para simular una recuperación económica inexistente en la empresa que se vio obligada a detenerse.

El último suspiro de recuperación de esa industria en esta región sucedió en el sexenio 2006-2012. Las estrategias de Calderón reactivaron momentáneamente la industria, pero la inversión privada nacional y extranjera no soporta las deudas millonarias con las que Pemex operó durante mucho tiempo. Después de hacer quebrar a varias empresas, la realidad dejó de nuevo sin empleo a decenas de miles y a varias empresas quebradas por los créditos otorgados a Pemex. A la fecha, un contrato de Pemex ya no es recibido como garantía en préstamos, porque a pesar de que el Presidente declara que la corrupción y el robo de hidrocarburos ya se erradicaron, la realidad es que Pemex garantiza su necesidad pero no el pago por la obra ejecutada, los servicios prestados o los productos adquiridos. Esto es una realidad persistente y el retraso en los pagos de deuda han producido la pérdida de miles de empleos y la desaparición de decenas de empresas que quebraron esperando el pago de Pemex.

La ganancia de votos que genera las promesas de esos años de gloria, por cierto inexistentes, es una realidad molusca como su promotor: sin estructura y sin sustento, con pies y cabeza, pero sin huesos que lo sostenga.

Además, depender de una industria que explota recursos no renovables tiene un sólo destino: su desaparición de la industria junto con el recurso que explota. La opción es la fractura de la piedra porosa, técnica que condena a la muerte a la flora y fauna endémica del lugar en el que se practica, lo cual es un hecho demostrado y documentado en todo el mundo. A mediano y largo plazo la migración generada por el desempleo habría que sumarle la migración generada por la contaminación, de por sí ya grave, de los mantos acuíferos de los que se obtiene el agua potable de la ciudad. El costo de salvar la industria es matar al medio ambiente y los otros recursos para el sustento de la vida humana.

Seguir viviendo de la industria que está condenando al planeta a un periodo de extinción de especies semejante al del pérmico-triásico no es por ningún motivo una opción ética, y tampoco debería ser el centro de la propuesta de recuperación económica.

Poza Rica, necesita asumir la realidad de los hechos: 1) Pemex aprendió aquí, que los complejos petroquímicos son insostenibles ante determinadas circunstancias, y los trabajadores de la empresa saben bien porque aquí no es negocio; 2) El mayor número de empleos y productividad de la ciudad dependen de otras actividades terciarias en las que Pemex no interviene; 3) Cada 3, 4 o 6 años escuchamos el mismo discurso que promete una mega inversión para Pemex y esta nunca llegó ni llegará, prueba de ello es que ante la disposición de once mil millones de pesos, Pemex prefirió implementarlos en el extranjero y no en Poza Rica; 4) Es necesario entender y comprender que impulsar una industria que tiene como resultado final la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento del promedio mundial de la temperatura global es éticamente insostenible; 5) La mejor opción es emanciparse de Pemex y apuntalar el desarrollo económico de la ciudad a otras actividades comerciales, que dependan menos de la intervención política y más de la innovación ciudadana; y 6) Cuando el gobierno federal tuvo dinero para invertir en la industria, Poza Rica no fue una opción, a pesar de un alcalde, diputada local, que además es presidenta del Congreso del Estado y una diputada federal que hoy busca reelegirse y al gobernador del estado que pertenecen al mismo partido político del Presidente, no mandaron dinero ni para pagar la deuda de Pemex o para reactivar la economía de la ciudad que se rindió a sus pies en las urnas en las últimas 3 elecciones.Contacto:

[email protected]


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