En punto de acuerdo, exhorta a la mesa directiva del Senado a conducir las sesiones en apego a la ley orgánica del Congreso de la Unión

Ciudad de México.- El senador de Veracruz, Julen Rementería del Puerto, expresó que presentó la proposición con punto de acuerdo de conducir las sesiones en el Senado de la República en apego a la ley orgánica del Congreso de la Unión y al reglamento de la institución parlamentaria.

“Por parte de los senadores del Partido Acción Nacional, presentamos un punto de acuerdo para dar marcha atrás a la ley mordaza y logramos que se retomara por parte de la mesa directiva, y a la cual se sumaron otros partidos”, refirió.

Lo anterior se debió por el acuerdo tomado el jueves pasado que era un inicio de ley mordaza, acuerdo que autorizaron y avalaron los senadores de Morena indebidamente.

Rementería del Puerto remarcó que los hoy senadores del Movimiento de Regeneración Nacional recordaran la promesa de campaña del hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, credo que también repetirían desde sus trincheras los candidatos del mismo partido y al momento de tomar posesión en sus respectivos cargos públicos dejaron en el olvido.

Con esta proposición, el senador panista exhorta a la mesa directiva del Senado de la República a conducir las sesiones con apego a la ley orgánica y que la función legislativa entendida cómo la atribución de emitir disposiciones de observancia general no sólo implica crear leyes, sino también el deber de cumplirlas sin introducir procedimientos o limitantes que no estén consignadas en las mismas.

El régimen interior de este Senado de la República está regulado por la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, dichos ordenamientos contemplan el estatuto de las senadoras y los senadores; el funcionamiento del Senado de la República y sus órganos; los procedimientos legislativos y especiales; así como los servicios parlamentarios, administrativos y técnicos, entre otros; disposiciones jurídicas que deben ser aplicadas de manera irrestricta por esta soberanía.

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