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Muere por COVID-19 dirigente de la UNTA, Martha Macedo Macedo

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Xalapa, Ver.-La dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Campo (UNTA), Martha Macedo Macedo falleció la madrugada de este viernes 14 de agosto.

Martha Macedo pereció en la ciudad de Xalapa, donde estuvo hospitalizada a causa de complicaciones por coronavirus.

Ella dio positivo al COVID-19 desde julio y era originaria de Acayucan en el sur del estado de Veracruz.

Murió a la edad de 53 años. Durante mucho tiempo luchó por los derechos de las familias del campo. Organizaba manifestaciones y hasta tomaba carreteras desde donde exigía a los gobiernos en turno que se atendieran las peticiones de los campesinos.

También participó en paros nacionales para manifestar inconformidad por las políticas del campo.

Por Paco De Luna

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Actualidad

Consejeros magistrados exigen cuentas a Sofía Martínez Huerta

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Xalapa, Ver.- A través del oficio CJ/035/2020, del día de hoy,  firmado por los consejeros magistrado Andrés Cruz Ibarra, consejera Carla Rodríguez Gonzales y consejero Humberto Oliverio Hernández Reducindo, se ha solicitado a todos los magistrados presidentes de cada una de las salas que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que convoquen a Sesión de Pleno del Tribunal a fin de que la presidenta del Poder Judicial rinda cuentas sobre las acciones u omisiones que ha cometido.

Lo anterior en vista de que la Magistrada Sofía Martínez Huerta ha hecho caso omiso del oficio CJ/032/2020, del 22 de septiembre, en el cual, los mismos consejeros manifestaron su preocupación e inconformidad con los hechos que han afectado el buen funcionamiento del Consejo de la Judicatura y la correcta conducción de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.

En el citado oficio CJ/032/2020 se expuso que se dio respuesta formal a las aseveraciones formuladas por la presidenta, incluso por tratarse de un tema relevante y de interés público se le solicitó convocara a una sesión extraordinaria, sin que a la fecha haya existido respuesta.

Con la finalidad de procurar la correcta administración de justicia se le solicitó participara en 3 sesiones extraordinarias sin que atendiera dicha solicitud, para tratar asuntos relevantes como: los exhortos del Gobernador del Estado para revisar escrupulosamente los criterios de los Jueces, las observaciones derivadas de la entrega-recepción de la Dirección General de Administración, y la revisión de nombramientos expedidos unilateralmente por la presidenta y sin autorización del pleno.

Es así que la Magistrada Presidenta Sofía Martínez Huerta, se ha negado en numerosas ocasiones a celebrar sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, contraviniendo lo establecido en los artículos 95, 100, 101, 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y los artículos 5, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 del Reglamento del Consejo de la Judicatura, sin que exista motivo justificado, lo cual rompe el debido desarrollo de las funciones administrativas que competen al Consejo y ponen en riesgo la validez de los actos que ha realizado fuera de procedimiento, aun con conocimiento de las responsabilidades que pudieran surgir en contra del Poder Judicial del Estado.

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Xalapa

Propone PRI-PVEM actualizar preceptos del delito de incumplimiento de alimentos

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Xalapa, Ver.- Con el objeto de restructurar los preceptos relativos al incumplimiento de obligaciones alimentarias en el Código Penal estatal, las y los integrantes del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentaron una iniciativa de reforma a la denominación del capítulo II del título VIII “Delitos contra la Familia” del Libro Segundo y los artículos 236, párrafos primero y segundo, y 238, del citado Código.

De acuerdo a la propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y de los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, a quien sin motivo justificado deje de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a cualquier persona respecto de quien tenga la obligación legal de hacerlo, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Las sanciones se incrementarán en un tercio, si la persona a la que no se le proporcionen alimentos cuenta con alguna discapacidad, trastorno o condición que le impida allegarse, por sí misma, de los recursos para atender sus necesidades de subsistencia.

Por otra parte se establece que este delito, Incumplimiento de la Obligación de Dar Alimentos, se perseguirá por querella del ofendido o de su representante legal y, a falta de éste, por el Ministerio Público, a reserva de que el juez que corresponda designe un tutor especial para los efectos de este precepto.

Tras exponer detalles sobre las sanciones establecidas en diferentes legislaciones de entidades del país respecto a este delito, se advierte que la obligación de dar alimentos puede estar a cargo de diversas personas; por lo que los autores de la iniciativa no consideran adecuado que el delito expresamente previsto en la ley penal para ese caso sólo se limite al supuesto de que el obligado sea el progenitor y que las víctimas únicamente puedan serlo las hijas o hijos.

Lo anterior, debido a que también podrían ser sujetos activos los ascendientes distintos a los padres, las y los hijos o descendientes diversos a éstos, las hermanas o hermanos y otros parientes colaterales, los tutores, las y los cónyuges y ex cónyuges y las y los concubinos y ex concubinos. En tanto que los pasivos, además de los hijos, podrían ser los padres, hermanos, sobrinos, nietos, pupilos y quienes sostengan o hayan sostenido una relación de matrimonio o de concubinato con el deudor alimentario.

De esta manera, el PRI-PVEM propone, como sucede en otras entidades del país, que el delito de Incumplimiento de la obligación de dar alimentos se actualice no sólo cuando las víctimas sean las hijas e hijos sino, en general, cuando quien no los reciba sea cualquier persona con la que se tenga la obligación legal de hacerlo.

Con ello, se suprimiría el tipo penal de abandono de familiares, por carecer de razonabilidad jurídica y porque, adicionalmente, de la actual descripción de éste se desprende que, a pesar de su denominación, no en todos los casos se actualiza la relación familiar.

La iniciativa fue turnada, para el trámite legislativo correspondiente, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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Xalapa

Propone diputada Mónica Robles reformar el Código Electoral del estado

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Xalapa, Ver.- La diputada Mónica Robles Barajas presentó a la Diputación Permanente una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con algunos preceptos, con vistas a una adecuada planeación y desarrollo de los procesos electorales.

En la propuesta legislativa, presentada durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, respecto al principio constitucional de paridad de género en el acceso a los cargos de elección popular, la diputada estima oportuno incorporar las bases para el desarrollo del mecanismo de asignación de los bloques de competitividad en el registro de candidatas y candidatos por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional.

El pasado 28 de julio de 2020, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número extraordinario 300 tomo II, el Decreto número 580, emitido por esta LXV Legislatura, con fecha 28 de julio de 2020, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, relacionadas con el desarrollo del inminente proceso electoral 2021.

En dicha reforma, uno de los preceptos modificados fue el artículo 169 del Código Electoral, que ahora dispone que, el proceso electoral ordinario, inicia en la primera semana del año de la elección; esto es, a más tardar el 10 de enero de 2021, conforme al Calendario Gregoriano.

A partir de lo anterior, cualquier reforma que se pretenda realizar al citado Código, que modifique las fases de realización del citado proceso electoral local 2020-2021, debe realizarse en todas sus fases legislativas, a más tardar el próximo 5 de octubre, acorde a lo establecido para el caso, por el artículo 105 fracción II párrafo segundo de la Constitución General de la República; ante la cual, la presente iniciativa cumple la expectativa de tiempo y forma.

En este tenor, la reforma llevada a cabo el pasado 28 de julio, asienta las bases para que, los procesos electorales del estado, sean llevados a cabo con una reducción sustancial de recursos, lo que representa una prioridad en estos tiempos en que, la austeridad en el gasto público, es un eje fundamental de nuestra Agenda Legislativa.

Además, la reforma introduce una avanzada regulación en materia de derechos político-electorales, al desarrollar lo relativo al fenómeno de violencia política contra las mujeres en razón de género, que establece las reglas para lograr de manera definitiva, la paridad de género en el acceso a los cargos públicos de elección popular.

Por otra parte, la reforma también tocó temas adicionales como la reelección de ediles, el sistema de medios de impugnación, ajustes al calendario electoral al compactar etapas del proceso electoral, entre otros.

Sin embargo, aún resulta necesario realizar precisiones al citado Código Electoral para un mejor desarrollo de la próxima jornada electoral, a efecto de contar con mayor certeza al momento del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, por lo que se propone reformar algunos preceptos para evitar el mayor número de incidentes durante su desarrollo.

En otras palabras, se proponen modificaciones que pueden mejorar técnicamente el contenido del Código en estudio, evitando redacciones imprecisas en el contexto de la materia que pretenden regular.

La diputada Robles Barajas considera en su propuesta que es “necesario realizar precisiones al Código Electoral para un mejor desarrollo de la próxima jornada electoral, a efecto de contar con mayor certeza al momento del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales.

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