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“Poza Rica, experta en refinerías. Sueños moluscos, realidades invertebradas”

Por Lic. Héctor Hugo Viveros G. Saldaña.

 Poza Rica es una ciudad que cuenta en su historia, la historia de la industria petrolera de México. En resumidas cuentas, explotación de recursos naturales, fuga de dinero, sostenimiento de infraestructura y plantilla laboral por razones políticas y no técnicas, contaminación y crisis.

Desde hace décadas, la producción de hidrocarburos en Poza Rica dejó de ser suficiente para sostener el mantenimiento de la infraestructura y la plantilla laboral de los años 80’s. El problema adyacente es que la comodidad en las jornadas laborales y las altas prestaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos eran inalcanzables para cualquier otro empleador. Ahora son inalcanzables para Pemex. Los accidentes fatales también se han hecho presentes.

Desde hace años, los criterios para sostener la infraestructura y la plantilla laboral responden al interés político más que una estrategia comercial financieramente sostenible, y como en muchas cosas, la pandemia nos vino a enfrentar con la realidad y la contratación de más plantilla laboral para simular una recuperación económica inexistente en la empresa que se vio obligada a detenerse.

El último suspiro de recuperación de esa industria en esta región sucedió en el sexenio 2006-2012. Las estrategias de Calderón reactivaron momentáneamente la industria, pero la inversión privada nacional y extranjera no soporta las deudas millonarias con las que Pemex operó durante mucho tiempo. Después de hacer quebrar a varias empresas, la realidad dejó de nuevo sin empleo a decenas de miles y a varias empresas quebradas por los créditos otorgados a Pemex. A la fecha, un contrato de Pemex ya no es recibido como garantía en préstamos, porque a pesar de que el Presidente declara que la corrupción y el robo de hidrocarburos ya se erradicaron, la realidad es que Pemex garantiza su necesidad pero no el pago por la obra ejecutada, los servicios prestados o los productos adquiridos. Esto es una realidad persistente y el retraso en los pagos de deuda han producido la pérdida de miles de empleos y la desaparición de decenas de empresas que quebraron esperando el pago de Pemex.

La ganancia de votos que genera las promesas de esos años de gloria, por cierto inexistentes, es una realidad molusca como su promotor: sin estructura y sin sustento, con pies y cabeza, pero sin huesos que lo sostenga.

Además, depender de una industria que explota recursos no renovables tiene un sólo destino: su desaparición de la industria junto con el recurso que explota. La opción es la fractura de la piedra porosa, técnica que condena a la muerte a la flora y fauna endémica del lugar en el que se practica, lo cual es un hecho demostrado y documentado en todo el mundo. A mediano y largo plazo la migración generada por el desempleo habría que sumarle la migración generada por la contaminación, de por sí ya grave, de los mantos acuíferos de los que se obtiene el agua potable de la ciudad. El costo de salvar la industria es matar al medio ambiente y los otros recursos para el sustento de la vida humana.

Seguir viviendo de la industria que está condenando al planeta a un periodo de extinción de especies semejante al del pérmico-triásico no es por ningún motivo una opción ética, y tampoco debería ser el centro de la propuesta de recuperación económica.

Poza Rica, necesita asumir la realidad de los hechos: 1) Pemex aprendió aquí, que los complejos petroquímicos son insostenibles ante determinadas circunstancias, y los trabajadores de la empresa saben bien porque aquí no es negocio; 2) El mayor número de empleos y productividad de la ciudad dependen de otras actividades terciarias en las que Pemex no interviene; 3) Cada 3, 4 o 6 años escuchamos el mismo discurso que promete una mega inversión para Pemex y esta nunca llegó ni llegará, prueba de ello es que ante la disposición de once mil millones de pesos, Pemex prefirió implementarlos en el extranjero y no en Poza Rica; 4) Es necesario entender y comprender que impulsar una industria que tiene como resultado final la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento del promedio mundial de la temperatura global es éticamente insostenible; 5) La mejor opción es emanciparse de Pemex y apuntalar el desarrollo económico de la ciudad a otras actividades comerciales, que dependan menos de la intervención política y más de la innovación ciudadana; y 6) Cuando el gobierno federal tuvo dinero para invertir en la industria, Poza Rica no fue una opción, a pesar de un alcalde, diputada local, que además es presidenta del Congreso del Estado y una diputada federal que hoy busca reelegirse y al gobernador del estado que pertenecen al mismo partido político del Presidente, no mandaron dinero ni para pagar la deuda de Pemex o para reactivar la economía de la ciudad que se rindió a sus pies en las urnas en las últimas 3 elecciones.Contacto:

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De los Ángeles a los Demonios. Día Mundial del Medio Ambiente: Reimagina, recrea, restaura

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Dra. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón

Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia

El próximo cinco de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que su trascendencia es considerada como la fecha más importante del calendario en materia medioambiental; los antecedentes de su instauración se remontan a junio de 1972, cuando Naciones Unidas realizó la primera gran conferencia sobre el medio humano, la cual tuvo lugar en Estocolmo, Suecia.

Como resultado de este coloquio, el 15 de diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General de la ONU en donde se aprobó la resolución A/RES/2994/XXVII,  la cual estableció el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de exhortar a los gobiernos y a las organizaciones para emprender actividades encaminadas a proteger nuestro planeta.

Es preciso señalar que durante la mencionada reunión también se aprobó la resolución que dio origen al programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, cuyo objetivo principal es promover  el uso racional de los recursos naturales e impulsar el desarrollo sostenible.

Durante este año, el Día Mundial del Medio Ambiente estará enfocado en crear conciencia sobre la importancia de cuidar los ecosistemas; bajo el lema “reimagina, recrea, restaura” desde Pakistán, sede de esta celebración, se darán a conocer las estrategias orientadas a prevenir, detener y revertir el daño causado a la naturaleza, además de que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.

La cooperación internacional ha traído como resultado un impacto positivo en el desarrollo del derecho ambiental, produciendo importantes cambios legislativos e institucionales en los países;  desde la década de los setenta a la actualidad, México ha firmado 77 Tratados Internacionales o acuerdos interinstitucionales en la materia, entre los que destacan la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Por cuanto hace a la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo cuarto, párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, además de establecer que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

La Reforma Constitucional que incluyó este derecho humano, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, no obstante que desde 1988 se promulgó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la cual establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y tiene entre sus objetivos definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación.

Actualmente se encuentran en vigor quince leyes de aplicación nacional en materia medioambiental, así como reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) derivadas de éstas, además cada entidad federativa cuenta con una ley local de protección al medio ambiente.

Por cuanto hace a las autoridades federales encargadas de promover el cuidado a la naturaleza, las más importantes son: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo objetivo es brindar garantía al desarrollo sustentable y al equilibrio ambiental, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y salvaguardar los intereses de la población en temas relacionados con la naturaleza, además de sancionar a las personas físicas y morales que violen la legislación ambiental.

Asimismo, existen numerosas fundaciones y asociaciones cuyas acciones están encaminadas a proteger la naturaleza, tales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Pronatura, sin embargo, debemos estar conscientes que preservar nuestro planeta es una tarea que nos corresponde a todas las personas, toda vez que nuestra supervivencia y bienestar dependen de su cuidado y protección.


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El caso Ximenes Lopes

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Por José Roberto Ruiz Saldaña

Recientemente tuve la oportunidad de exponer de forma virtual, a invitación de la Casa de la Cultura Jurídica Veracruz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Ximenes Lopes vs Brasil (2006). Se trata no solo del primer pronunciamiento convencional sobre los derechos de las personas con discapacidad mental, sino de una sentencia clara y contundente que fija los estándares de actuación de los Estados parte en servicios de salud mental.

El asunto se originó con motivo de lo sucedido al señor Damião Ximenes Lopes quien en octubre de 1999 ingresó, por segunda vez, a una clínica de salud mental privada por problemas de nervios, pues no quería comer ni dormir y no tomaba sus medicinas. No obstante que su ingreso se dio en perfecto estado físico, sin señales de agresividad ni lesiones corporales externas, entró en un baño del que se negaba a salir, por lo que fue dominado y retirado a la fuerza por un auxiliar de enfermería y otros pacientes; a la postre fue sometido a contención física la cual duró toda la noche; en la mañana su madre lo visitó y lo encontró sangrando, con hematomas, con dificultad para respirar, agonizante, aún sometido; finalmente murió.

En la sentencia destacan, entre otras, las consideraciones de la Corte IDH en torno a las obligaciones de los Estados así como la especial atención a las personas con enfermedad mental. Por lo que respecta el primer aspecto, la instancia internacional sostuvo que los Estados tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal; en este sentido, los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, independientemente si la entidad que la presta es de carácter público o privado; así, los Estados son responsables tanto de regular permanentemente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, como de crear mecanismos para inspeccionar y fiscalizar las instituciones y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales para casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes.

Por su parte, en relación a la especial atención a personas con discapacidad mental, la Corte IDH sostuvo que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial; que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación por su condición, por lo que los Estados deben adoptar medidas para eliminarla; que de hecho las personas con discapacidad que son sometidas a tratamientos en instituciones psiquiátricas son particularmente vulnerables a la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante; asimismo, que los Estados deben garantizar que se preserven los derechos de los pacientes de instituciones psiquiátricas de recibir un tratamiento digno, humano, profesional y ser protegidos contra explotación, abuso y degradación.

Esta sentencia, cabe decir, ha prácticamente iniciado una línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de debida gestión de servicios de salud, esto es, ha guiado razonamientos en casos en que se han visto afectados distintas modalidades del derecho a la salud, como en los Casos Suárez Peralta vs Ecuador (2013), I.V. vs Bolivia (2016) y, más recientemente, Poblete Vilches vs Chile (2018). Su importancia radica en que la Corte IDH ha dejado muy claro el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, es más, el Estado no solo debe regular y fiscalizar las instituciones de salud sino que tiene el especial deber de cuidado en relación con las personas ahí internadas.

Este precedente interamericano no obliga solo a Brasil sino a todos los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos por lo que hace a exigibilidad en los parámetros de actuación en tales servicios de salud. Con esa sentencia y todas aquellas con línea jurisprudencial en torno a dicho derecho, en México se debe regular y fiscalizar aún más los servicios de salud.

Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77


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SALINAS Y EL FRAUDE DEL 88

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Por Leonardo Zaleta.
Cronista de Poza Rica.

La corriente democrática abrió un boquete que nadie imaginaba en las filas del partido hegemónico.

A mediados de junio de 1986 se reunieron en casa de Ifigenia Martínez, exdirectora de la facultad de economía de la UNAM, personalidades prominentes de la política como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Rodolfo González Guevara, Janitzio Mujica, Leonel Durán, Carlos Tello Macías, Gonzalo Martínez Corbalá, Mario Vázquez Reyna  y Armando Labra, todos ellos priistas.

La temática fue interesante: la necesidad de corregir el rumbo del país por los resultados adversos en lo político y social a causa del neoliberalismo implantado en ese sexenio; la sucesión presidencial y la conveniencia de seleccionar al candidato presidencial de acuerdo a procedimientos democráticos, no a atribuciones metaconstitucionales del presidente.
En las elecciones por la gubernatura de Chihuahua, el pasado 6 de julio de 1986, el PAN fue víctima de un descomunal fraude patriótico, orquestado por Manuel Bartlett, secretario de gobernación. Barruntos en el horizonte.

En la siguiente reunión, celebrada un mes después en casa de Martínez Corbalá, a la que asistieron además, Horacio Flores de la Peña, Silvia Hernández, Severo López Mestre, Augusto Gómez Villanueva y Eduardo Andrade (abogado general de la UNAM), se acordó preparar un documento señalando a los tecnócratas como artífices de la crisis, y exigir un proceso incluyente para seleccionar candidato a la presidencia.

Hubo media docena de deserciones. El 1 de octubre de 1986 se dio a la publicidad el documento que previamente se le envió a Adolfo Lugo Verduzco dirigente tricolor. Había nacido la Corriente Democrática del PRI. La mansedumbre ejemplar, el servilismo acostumbrado se colapsó.

Durante la XIII Asamblea Nacional del PRI celebrada en marzo de 1987, el presidente Jorge de la Vega desechó sus propuestas y les indicó que las puertas estaban abiertas, sin eufemismos los expulsó. La auscultación democrática se redujo a una amañada pasarela de seis precandidatos. Predominaron “las reglas no escritas del sistema”: el presidente como jefe nato del partido, el tapadismo como instrumento y la docilidad incontestable en todos los niveles. La contienda se comenzó a calentar. La deserción en la corriente cundió.

En 1987, el tampiqueño José Luis González Meza, publicó el libro “Un asesino a la presidencia”. Reseña cómo el 17 de diciembre de 1951, Raúl y Carlos Salinas de Gortari y su amigo Gustavo Rodríguez (de 6, 3 y 8 años de edad, respectivamente), jugando con un rifle calibre 22 que encontraron en el closet de la recámara de sus padres, dieron muerte a Manuela la sirvienta de 12 años, en el número 425 de la calle Palenque en la colonia Narvarte.

Pedro Castillo, exintegrante del comité de huelga de la facultad de derecho en 1968, lo editó en su imprenta ubicada en 5 de febrero y Peón Contreras, con recursos del autor y de amigos. Colaboradores de Bartlett “dejaron pasar el libelo”, se dijo. Entonces actuó la represión. Quedó en el misterio si “La Quina” lo financió.

En la elección constitucional los candidatos con mayor presencia fueron: Carlos Salinas de Gortari, por el PRI; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por el Frente Democrático Nacional, y el empresario sinaloense Manuel Clouthier del Rincón con los colores del PAN.

La boleta electoral ofrecía otras opciones: Gumersindo Magaña abanderado del Partido Demócrata Mexicano, y Rosario Ibarra de la Garza por el PRT, quien ya lo había sido por el mismo partido en la contienda seis años atrás.

El secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, presidía la Comisión Federal Electoral, instrumento mediante el cual el gobierno manipulaba los procesos electorales. Había disputado la candidatura a Salinas, era viable su remplazo en esa posición clave, sin embargo, no fue así. La víspera de la jornada electoral, ante los requerimientos de Jorge Alcocer y Diego Fernández, sin tener obligación, asumió el compromiso de “hacer lo posible para entregarles lo más rápidamente los datos que hay: vamos a montar un mecanismo para que haya datos rápidos”.
El mecanismo era una computadora marca “Unisys” que trasladaría información de las 54, 641 casillas, a las terminales instaladas en el Registro Nacional de Electores en Av. Insurgentes Sur, para uso de los representantes partidistas. El padrón lo integraban 38,074,926 ciudadanos.

Fernando Elías Calles, subsecretario de la dependencia era el secretario técnico de la Comisión. Oscar de Lassé Avellaneda, director del Sistema Nacional de Información Política Electoral de Gobernación, seleccionaría los resultados que se enviarían a las terminales de los partidos en el RNE. Se instalaron los candados para evitar el acceso a información reservada.
Cuauhtémoc fue postulado en octubre de 1987 por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que dirigía Carlos Cantú Rosas. Bartlett apegado a la ley aceptó el registro. En otras circunstancias, mediante la negociación o algunos caminos torcidos se habría truncado, pero el desaire le había menguado el entusiasmo. Se le adhirieron el Partido Popular Socialista, y el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Le dieron a la alianza la plataforma electoral de la que carecía; el estratega de la alianza fue Porfirio.
El Partido Mexicano Socialista, postuló al Ing. Heberto Castillo, que en junio declinó a favor del exgobernador de Michoacán. Meses antes, había entablado un diálogo respetuoso con Salinas en casa de Luis Donaldo Colosio.

A pesar de sus disparidades, sumados vertebraron el bloque que resquebrajó el sistema político. Ante el riesgo de perder el registro apoyaron a Cárdenas buscando la sobrevivencia.
El hijo del expropiador despertó grandes expectativas durante su campaña. Petroleros, universitarios, maestros, campesinos, periodistas, amas de casa, burócratas, militares y la sociedad civil le ofrecieron el voto. De la Vega vaticinó 20 millones de votos para Salinas, pero la escisión, el fracaso del Plan Global de Desarrollo, la devaluación del peso en noviembre de 1987 y el quebranto de las finanzas hogareñas que se resintió los primeros meses de 1988, concitó a la ciudadanía.

Desde que los integrantes de la Corriente Democrática fueron segregados del PRI, el candidato oficial no logró penetrar en el ánimo de la politizada clase media. Días antes de las elecciones, fueron asesinados arteramente Francisco Xavier Obando y Román Gil Heráldez, los operadores electorales del Frente, lo que exasperó más a la opinión pública. El desprecio y hartazgo ciudadano barruntaban el voto de castigo.

El martes 5 de julio de 1988, José Newman Valenzuela, director del RNE, en una conferencia convocada por el jefe de prensa de la secretaría Alberto Peniche, se comprometió a que la tarde del día 6 haría acopio de información lo más rápido posible, conforme fuera fluyendo de los comités distritales, para poder dar a conocer de manera preliminar una “tendencia confiable”.
Esta noticia acaparó las ocho columnas de Excélsior y otros diarios de cobertura nacional. El Código Electoral no establecía conteo rápido ni encuestas de salida. Fue un alarde, en el contexto de una elección complicada. Los cómputos en los 300 distritos se realizarían 72 horas después de la elección.

En Los Pinos, a las siete de la tarde, el presidente Miguel de la Madrid recibió telefónicamente el reporte de Guillermo Jiménez Morales, dirigente del PRI capitalino: se perdían 40 distritos. El regente Ramón Aguirre había prometido lo contrario. El presidente supo entonces que había subestimado a la oposición. En el PRI, Jorge de la Vega recibía malas noticias de los estados. Los gobernadores estaban azorados.

En Bucareli se comenzaron a recibir resultados adversos del DF. Luego llegaron los del Estado de México, Michoacán, Guerrero, Baja California y otras entidades en las que Cuauhtémoc aventajaba. Faltaron los amarres que tradicionalmente se concertaban y el proceso se salió de control.

Bartlett consultó con De la Madrid y recibió órdenes de no dar a conocer las cifras adversas hasta que se recibieran las de otros estados, en la esperanza de un repunte que nivelara la votación. El pueblo hubiera percibido la ventaja como un triunfo difícil de revertir.

Un comisionado del PAN consultaba su monitor en el Registro de Electores cuando logró meterse al sistema general de resultados. Al prenderse la pantalla captó la información procedente de Hidalgo donde perdía el PRI. Los representantes se abalanzaron para compartir los datos y festinaron. En Morelos los ciudadanos votaron en rebeldía. Ya era media docena de entidades para el frente.

De su oficina le llamaron a Newman para avisarle que las computadoras se habían prendido y mostraban los datos que se pretendían ocultar.

Luis Urbina programador de la Dirección de Informática de Gobernación, en vez de corregir el defecto técnico se apanicó y optó por apagarla, cerrando la comunicación vía modem. La caída del sistema se atribuyó oficialmente a la saturación de líneas que la bloqueó. Eran las ocho de la noche. Esa mudez se dio cuando el PRI iba perdiendo, se pensó con suspicacia. Comenzó la trifulca y decidieron ir a la sesión de la CFE.

En el salón Revolución sesionaba la Comisión Federal Electoral. El representante del PAN era Diego Fernández de Ceballos, Jorge Alcocer del PMS, Jorge Amador del PFCRN, Efraín Calvo del PRT, Hildebrando Gaytán del PPS, y Patricio Chirinos del PRI.

Entraron alebrestados al salón. Los periodistas no perdían detalle. Diego fue enterado por uno de sus compañeros, tomó el micrófono y anunció: “Se nos informa que se calló la computadora, afortunadamente no del verbo caer, sino del verbo callar”. Bartlett preguntó a Fernando Elías Calles, quien respondió: “Efectivamente, el sistema se cayó”. Los técnicos se aferraban a que no abrían las computadoras. Se declaró un receso para investigar. (Continuará)


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