Poza Rica, Ver.- Durante los últimos 21 años, 137 periodistas fueron asesinados en el país por posibles causas relacionadas con su profesión, sin que hasta el momento se esclarezcan completamente los hechos en cada caso.

El conteo, efectuado por la organización Artículo 19 desde el año 2000, ubica a la entidad veracruzana como la más riesgosa para los comunicadores, pues desde entonces y hasta el nueve de diciembre pasado, 30 reporteros fueron víctimas de homicidio en el estado.

HOY, AL CONMEMORARSE EL DÍA DEL PERIODISTA en México, Vanguardia recuerda los casos de 11 periodistas en Veracruz que, en el último lustro, 2016-2020, se sumaron a esta lamentable lista que anualmente incrementa y provoca entre sus familiares e integrantes del gremio indignación ante el suceso, por los pocos avances en las investigaciones e incluso las minimizaciones de los hechos.

El caso más reciente ocurrido en el estado es el de Julio Valdivia, hasta entonces reportero de El Mundo de Córdoba, a quien presuntos integrantes de la delincuencia organizada asesinaron el 9 de septiembre de 2020 en Tezonapa. Ese día su cuerpo apareció decapitado en las vías del tren de la localidad Motzorongo, cerca del citado municipio. Tras el evento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz inició una carpeta de investigación que, según reportes periodísticos, hasta el momento no presenta avances.

MESES ANTES, EN MARZO DE ESE MISMO AÑO, fue asesinada la reportera María Elena Ferral, de El Diario de Xalapa y el portal Quinto Poder. Su caso, suscitado el día 30 de ese mes, fue el primero en la entidad durante el 2020. El acontecimiento, recuerda Artículo 19, ocurrió a su salida de una oficina notarial en el centro de Papantla, donde a manos de dos sujetos a bordo de una motocicleta, fue baleada con un arma 45 milímetros cuyas balas impactaron en abdomen, glúteo, hígado y pulmones, que posteriormente le costaron la vida.

Al respecto, la FGE confirmó que su asesinato se relacionó con el ejercicio de su actividad periodística. Hasta mayo pasado, la titular de la dependencia, Verónica Hernández Giadáns, informó la detención de seis de 11 imputados por el hecho.

JORGE CELESTINO RUIZ, REPORTERO DE EL GRÁFICO, fue el primero ultimado durante el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez. El comunicador recibió ocho balazos el 2 de agosto de 2019, mientras veía televisión en una tienda de abarrotes de su propiedad. Tres meses después del suceso en la comunidad La Bocanita, en Actopan, un individuo fue detenido por presuntamente encontrarse elementos suficientes para solicitar su aprehensión. Las autoridades determinaron prisión preventiva oficiosa de un año.

Durante 2018 sólo se presentó el homicidio de un periodista en Veracruz. Fue el 21 de marzo cuando a Leobardo Vázquez Atzin, del portal Enlace Informativo Regional, sujetos armados le arrebataron la vida a disparos cuando salió de su domicilio en Gutiérrez Zamora para dirigirse a la tienda. Sobre el caso, aunque la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a investigar el homicidio del periodista, la FGE, a cargo entonces de Jorge Winckler, matizó lo sucedido al afirmar en un comunicado que “en el momento de los hechos, el hoy occiso se encontraba desarrollando actividades propias de su negocio de elaboración y venta de tacos”, sin que hasta el momento exista persona alguna señalada formalmente por el asesinato.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Con cuatro casos, 2017 fue el año del último lustro con más asesinatos. El primero de entonces fue el de Ricardo Monlui Cabrera, el 19 de marzo. Al director del portal El Político y editor de la columna Crisol en El Sol de Córdoba, lo ultimaron al salir de un restaurante en Yanga, en el que previamente había desayunado con algunos familiares. Su móvil se asemeja al ocurrido con María Elena Ferral, pues sujetos a bordo de una motocicleta fueron quienes lo acribillaron.

Seis meses después del homicidio, la FGE dio a conocer la vinculación a proceso y prisión preventiva de un año como medida cautelar de “La Paloma”, presunto autor material del primer asesinato de un comunicador en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. Según lo explicado entonces por la dependencia, al detenido se le consideró un “potencial sicario profesional, que trabajaba al servicio de la delincuencia organizada”.

Edwin Rivera Paz, de nacionalidad hondureña y refugiado en México, también tuvo la mala suerte de morir en Veracruz en el desarrollo de su labor. Al camarógrafo lo asesinaron el 9 de julio en Acayucan con arma de fuego. A pesar de que las autoridades de esa nación solicitaron el esclarecimiento del caso, desde este no existen registros de avances en las investigaciones.

JUNTO A DOS PERSONAS MÁS, PERO EL 22 DE AGOSTO, EL REPORTERO CÁNDIDO RÍOS, del Diario de Acayucan, fue atacado a tiros en la comunidad Juan Díaz Covarrubias, de Hueyapan de Ocampo. Debido a amenazas que recibió años antes, el comunicador se sumó en 2013 al mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. Aunque la FGE abrió una carpeta de investigación ese mismo mes, a la fecha tampoco existen avances ni líneas de investigación documentadas en la prensa, sólo un recordatorio del legislador Héctor Yunes Landa, hecho en agosto de 2020, a un legislador local de Morena sobre el caso, en el que pidió aclarara su presunta participación.

Otro de los homicidios en los cuales el periodista no fue reconocido como tal por la Fiscalía, aconteció en Acayucan el 19 de diciembre. A Gumaro Pérez, colaborador del Liberal del Sur y el Diario de Minatitlán, lo atacaron mientras se encontraba en el festival navideño de su hijo, en la primaria “Rafael Aguirre Cinta”. Allí, dos sujetos lo corretearon ante la presencia de maestros, padres de familia y menores y le dieron alcance en un salón.

Tras el asesinato, la FGE aseguró en un comunicado que detectó “nula actividad periodística” por parte de Pérez, al tiempo que en otro señaló la probabilidad de que formara parte de un grupo delictivo que operaba en el sur del estado.

ENTRE LOS ÚLTIMOS ASESINATOS DE COMUNICADORES acontecidos durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se enlistan el de Anabel Flores, reportera de El Sol de Orizaba, a quien hallaron muerta, semidesnuda y maniatada el 9 de febrero en una cuneta de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca. Las causas determinadas de la muerte fueron asfixia mecánica por sofocación y contusión de tórax derivada de los golpes que sufrió.

Por su homicidio, la FGE detuvo a su presunto homicida en mayo y a otro identificado como “El Cachorro”, en agosto; este último, refirió el entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, tenía además investigaciones abiertas por delitos de alto impacto.

A diferencia de los otros comunicadores aquí mencionados, Anabel fue secuestrada el 8 de febrero a las 2:00 horas, es decir, una noche antes de hallarla asesinada.

EN POZA RICA, LA FIBRA MÁS SENSIBLE DEL GREMIO PERIODÍSTICO durante el lustro en cuestión se tocó en mayo de 2016. El día 14, el reportero Manuel Torres, del portal Noticias MT, fue ejecutado en esta ciudad tras salir de la Delegación de Tránsito del Estado, entonces ubicada en la calle 2 de Enero. Ahí, dos sujetos se le acercaron por detrás y uno de ellos le disparó en la cabeza.

Al respecto, la FGE indicó que la indagatoria se integraría hasta esclarecer los hechos, sin embargo nunca se refirió a él como periodista pese a su trayectoria en medios locales; hasta el momento se desconoce la detención de algún responsable.

Con 45 años de edad, Pedro Tamayo, colaborador del portal Al Calor Político y El Piñero de la Cuenca, fue el último periodista asesinado durante el sexenio duartista. A él lo acribillaron el 20 de julio afuera de su casa. Previo a su homicidio, el comunicador permaneció resguardado ante amenazas de muerte. Sobre el caso, la FGE aseguró que se investigaría, pero como en lo registrado con muchos de los casos ya citados, no existen registros periodísticos de responsables detenidos o avances en las averiguaciones.

Así, las investigaciones que en su momento iniciaron las autoridades de la FGE de Veracruz, han pasado de administración en administración sin que alguna de ellas brinde justicia o si quiera un poco de paz a las familias de los comunicadores.

Por Andrea Galicia