Poza Rica, Ver.- Personal del HGZ-24 del IMSS se encuentra bajo investigación por parte de la PGR por la muerte de una mujer de 72 años en el 2014, que hasta la fecha no ha sido aclarada; en su afán de deslindarse la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz y el Instituto Mexicano del Seguro Social han inventado valoraciones médicas que jamás se le practicaron a la mujer, con el único fin de no asumir su responsabilidad por el homicidio.

Estos hechos se remontan al 10 de abril del 2014 cuando la paciente ingresó a consecuencia de un fractura de cadera, 13 días después mostró mejoría por lo que los médicos decidieron darla de alta; horas antes de que eso ocurriera y por motivos que hasta ahora se desconocen, la enfermera Pamela Estefanía “N” decidió aplicarle insulina, a pesar de ser innecesaria pues la paciente tenía 108 de glucosa.

La aplicación de dicho medicamento de inmediato comenzó a provocar estragos que, apenas minutos después acabaron con la vida de Tomasa Arias. Primero comenzó a desvanecerse y finalmente murió a causa de un shock hipoglucémico; los familiares fueron notificados del deceso, hecho que los tomó por sorpresa pues estaban ansiosos por llevarse a casa a la mujer.

Incrédulos ante esta tragedia, los familiares pidieron una explicación; fue así que les notificaron que nada pudieron hacer por salvar a la señora. Sin embargo, al no estar claras las circunstancias bajo las que había muerto la paciente y ante la evidente sospecha de que se trataba de una negligencia médica, sus hijos decidieron denunciar ante la agencia del Ministerio Público investigadora, abriéndose la investigación ministerial PZR1/061/2015, en el fuero común.

Apenas meses después, la entonces PGJ se declaró incompetente y esta investigación se remitió a la PGR pero en el sistema penal acusatorio, donde a pesar de que ya sabían que era un caso ocurrido en el 2014 y debía ser investigado en el sistema tradicional decidieron archivarlo; fue hasta junio del 2019 cuando se remitió al sistema tradicional de la PGR en Veracruz, donde radica hasta la fecha, sin una solución para los quejosos.

Entre los nombres que figuran en esta investigación están el doctor José Juan A. S. traumatólogo; Fernando Daniel S. P., cardiólogo; Pamela Estefanía P. F., enfermera; y Julio César V. A., médico que firmó el certificado de defunción que, según los familiares, estaba alterado.

Sin embargo, nadie había descubierto que la averiguación había sido manipulada a modo, buscando favorecer al Seguro Social. Según los declarantes que acudieron a este medio de comunicación, la Codamever habría agregado una valoración médica consistente en una placa de tórax que nunca le realizaron a la señora Tomasa, pero sí sirvió para determinar la causa de muerte asentada en el certificado de defunción.

Si bien es cierto que los familiares reconocen la existencia de placas que le fueron tomadas a la paciente, aclaran que entregaron 5 al Ministerio Público, y la autoridad investigadora a nivel federal recibió en cadena de custodia las mismas; lo curioso, es que una vez emitida la resolución por la Codamever, se especifica que la causa de la muerte coincide con el resultado de una radiografía que extrañamente apareció en el expediente pero los familiares no la reconocen como parte de las que ellos entregaron.

La queja por parte de los ofendidos, radica en que extrañamente esa placa que no tiene nombre de paciente ni la fecha en que fue tomada, pudo determinar -según ellos- la causa de un deceso hasta ahora no aclarado.

“Es evidente que la Codamever está protegiendo a los médicos del IMSS y tan es así que incluyó una placa apócrifa; esa placa es falsa porque ni siquiera estaba en el expediente y mucho menos la entregamos nosotros”, sostiene la hija de la hoy finada.

Aunque lo más curioso, es que esta serie de irregularidades que hoy salen a la luz dentro de esta investigación, sólo confirman las anomalías en las que ha incurrido el personal del HGZ-24, porque una vez solicitado el expediente clínico la directora María Antonieta García Tapia responde al oficio PRICA-II-612/2018 donde solicitan copias certificadas con carácter de urgente, que luego de una búsqueda el expediente no fue localizado. En otras palabras, se perdió.

Por muy extraño que parezca, la directora se limita a informar que en ese momento ella no era la directora y que ignora cómo desapareció el expediente; no obstante, advierte que se levantará un proceso administrativo por el extravío del expediente de Tomasa Arias Rodríguez.

Con lo anterior, el IMSS incluso estaría violando la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, que regula el uso de expediente clínicos, motivo por el que la CNDH también ya conoce del caso.

Por lo anterior, los familiares aseguran que es más que evidente que el IMSS y la Codamever se cubren unos a otros con el único objetivo de no asumir la responsabilidad de una clara negligencia y prefieren no sólo desaparecer el expediente, sino también asentar causas de muerte que no son las reales.