Veracruz, Ver.- El exsecretario de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazzarini, afirmó que ninguna de las denuncias presentadas por el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis)  Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, donde hace referencia a daño patrimonial o desvío de recursos realizado durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tienen sustento y por ello se procederá legalmente.

“Todos los daños de carácter patrimonial a los que se hace referencia ocurrieron durante la etapa de gobierno de Javier Duarte de Ochoa y Flavino Ríos Alvarado, no durante la administración de Yunes Linares”.

A través de un comunicado, señaló que a partir de diciembre de 2016, Yunes Linares inició una etapa de reconstrucción de las finanzas públicas estatales, de transparencia y de combate eficaz a la corrupción.

“Esta nueva etapa de saneamiento se reflejó en la auditoría del primer año de gobierno de la alternancia como el propio contador Portilla lo declarara el 3 de noviembre de 2018: “Orfis entregará observaciones administrativas no graves en Cuenta Pública 2017”.

Dijo que con la finalidad de fortalecer las finanzas así como para corregir vicios y sentar las bases legales para recuperar recursos sustraídos de manera ilegal por la administración duartista, se adoptaron criterios contables que fueron sometidos a la consideración y aprobación del Orfis.

“Las acusaciones que hoy hace Portilla se refieren a observaciones administrativas respecto a esos criterios contables que se pusieron a su consideración y que él mismo aprobó”.

En el comunicado se explica que hay que recordar que Lorenzo Antonio Portilla fue auditor durante el gobierno de Javier Duarte y jamás hizo señalamientos en el momento oportuno, y hoy -buscando su reelección- los presenta, de manera fantasiosa y oportunista, como hechos sucedidos durante el gobierno de Yunes Linares, cuando lo que se hizo en ese periodo fue resolver la severa crisis financiera que había dejado la administración duartista.

Es por ello, se detalló, que se presentará una denuncia en contra de este individuo que busca a través de escándalos reelegirse como titular del Orfis, cargo que ocupó durante todo el gobierno de Javier Duarte, periodo en el cual se cometieron enormes atracos a los veracruzanos, sin que Portilla hiciera un solo señalamiento serio.

A continuación, se presenta un análisis técnico que responde a las declaraciones de Portilla:

• Durante la Administración del Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, en ningún momento se realizó acto alguno que represente desviación y/o malversación de recursos públicos; las acusaciones que hace el titular del Orfis de Veracruz se refieren a observaciones administrativas respecto de criterios contables que se adoptaron por la administración que inició el 1 de diciembre de 2016, con el fin de corregir, sustentar y sentar las bases legales para recuperar los recursos de los veracruzanos sustraídos con serias irregularidades que se presentaron durante la Administración que antecedió y que encabezaron Javier Duarte de Ochoa y su sustituto Flavino Ríos, periodo que, resulta curioso, también fungía como responsable del Orfis, el CP Lorenzo Antonio Portilla, cuando no vio ni denunció ninguna malversación.

Importante destacar que los criterios que hoy se critican fueron conocidos en su momento por el Orfis y su titular, al habérseles presentado el soporte, aportados en actas circunstanciadas, y su reflejo en la Cuenta Pública 2016, misma que el Orfis en su momento auditó.

• Importante destacar que hasta 2016, la Auditoría Superior de la Federación señalaba al estado de Veracruz como uno de los que tenía mayores desviaciones y fincó pliegos de responsabilidades resarcitorias por decenas de miles de millones de pesos, en tanto que para el año 2017, las desviaciones resultaron mínimas y solventadas con oportunidad, situación que puede ser verificada en las páginas de los informes presentados por la ASF a la Cámara de Diputados Federal.

• En la medida en que se implementó el SIAFEV 2.0 para que el registro de todas y cada una de las operaciones financieras y presupuestales se realizara dentro del sistema, se evitó la práctica de la corrupción y se dio certeza a la información financiera, al transparentarse el manejo de los recursos públicos, facilitando con ello la reestructura de la deuda que alivió la situación financiera de Veracruz, y posibilitó paulatinamente la recuperación de la inversión pública.

• Resulta extraña la postura del contador Portilla, porque en los trabajos de auditoría realizados por el Orfis y sus conclusiones 2017, se refiere a tres temas sustantivos: o recomendación de incrementar la reserva para cuentas incobrables, anulando prácticamente la totalidad de recursos desviados en la administración de Javier Duarte d Ochoa y que el gobierno del Lic. Yunes judicializó presentando las denuncias penales y que se encuentran en trámite. (Hubiera sido un despropósito cancelar la posibilidad de que los veracruzanos recuperaran lo que fue robado, esto se llama encubrimiento y sí es constitutivo de delito).

Recomendación de incrementar los pasivos circulantes, que fueron encapsulados en cuentas de orden para tener su control y en su caso validar la procedencia de los mismos. (Trabajo que se hizo en 2016, con su conocimiento, y se había venido depurando por la Contraloría, reconociendo aquellos que incluso la actual administración ha empezado a pagar, y eliminando aquellos de las propias dependencias del Ejecutivo ya sean centralizadas, descentralizadas o autónomas, que aparecían como acreedoras, pero que en todo momento contaron con los recursos para garantizar su actividad. El pago a los proveedores (hacerlos procedentes) no se consideró viable por diversas razones: a) en atención al principio de anualidad de los presupuestos, el haber realizado pagos a proveedores provocaría duplicar los recursos transferidos originalmente por la Federación; b) de acuerdo con el Código Financiero, los recursos no ejercidos al 15 de enero del año siguiente, debían ser reintegrados a la Sefiplan, c) el reconocer pasivos y pagarlos, agravaría la presión financiera en contra del Estado, y se permitirían abusos y desviaciones; d) el no contar con liquidez provocaría que la calificación financiera del Estado se deteriorara en una baja de calificación crediticia y, quizás, hasta en condiciones de aceleración de los vencimientos de los créditos.

Respecto a los fideicomisos, su saldo se ajustó a la realidad, toda vez que los mismos venían distorsionados, como muchas otras cuentas de los estados financieros trimestrales y anuales que presentó Javier Duarte de Ochoa y que, por cierto, tampoco fueron observados por el Sr. Portilla.

Finalmente, al señalamiento que hace Lorenzo Antonio Portilla sobre presuntas violaciones a la Ley de Contabilidad Gubernamental y normas del Consejo Nacional de Armonización Contable, le recuerdo que éstas ocurrieron durante los 6 años que estuvo al frente del gobierno Javier Duarte de Ochoa y, por cierto, no se conoce que haya realizado acción alguna legal o administrativa en contra de quien resultara responsable; asimismo, que esas violaciones se corrigieron a partir del 1 de diciembre de 2016; y, suponiendo, sin conceder que pudiera existir alguna o varias violaciones, se trata de cuestiones administrativas y para tener el derecho a la legítima defensa debe presentar el sustento de sus afirmaciones.

Por Andrés Salomón