Xalapa, Ver.- El auditor general del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, definió que los resultados de las auditorías y denuncias presentadas, son sólo el reflejo de que los números son fríos, no muestran “filias ni fobias”, revelan un panorama que no hace distingos de partidos, sólo señalan una actuación por parte de los involucrados al margen de la legalidad y los objetivos superiores del Estado.

“Es la impartición de justicia la que debe continuar en esa línea imparcial, expedita, clara y transparente, afirmó durante su mensaje de este lunes.

Detalló que entre 2007 y 2018 el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha cumplido con sus responsabilidades al presentar 172 denuncias, que corresponden a un total de 34 mil 601 millones 495 mil 48 pesos y 99 centavos.

Todas ellas interpuestas en su momento ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General) y otras ante la Fiscalía General de la República cuyas autoridades tienen la documentación, pruebas y los elementos que integran estos 172 expedientes elaborados por personal especializado del ORFIS.

Sostuvo que cada una de las denuncias ha sido contra quien resulte responsable y será el Ministerio Público quien determine el servidor público o exservidor público responsable de hechos o prácticas contrarias a sus obligaciones y a los preceptos jurídicos.

Dichas imputaciones son el punto final de un proceso de fiscalización que se siguió paso a paso, desde la planeación de la auditoría hasta la elaboración del informe, y como lo señala la Ley que los rige se respetaron los procesos y plazos para solventar las observaciones determinadas.

Determinó que cada denuncia tiene como objetivo que las instituciones y en sí cada habitante de Veracruz, recupere el dinero que fue presupuestado para obras y acciones en beneficio de la colectividad, y se imponga un castigo a quienes desviaron de los fines previstos los recursos públicos.

Puntualizó que sólo como resultado del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2007 fueron denunciadas 12 autoridades de igual número de ayuntamientos; mientras que del 2008 el número llegó a 6; del 2009 la cifra se disparó a 33; muchas de ellas han avanzado en sus correspondientes investigaciones y hasta en órdenes de aprehensión de algunos exservidores públicos responsables de los daños a la hacienda pública municipal, sin embargo, los pendientes continúan en algunos de los casos.

El Auditor enfatizó que años más recientes la situación no fue distinta, pues de la fiscalización superior del año 2010 se presentaron 17 denuncias; del 2011 una; del 2012 fueron 10; del 2013 sumaron 14.

De la revisión del ejercicio 2015 llegaron a 26 por más de 22 mil millones de pesos, relativas a irregularidades en dependencias como la Secretaría de Educación, Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas y Planeación, Desarrollo Agropecuario, el Instituto Veracruzano del Deporte, el Seguro Popular, la Secretaría de Gobierno, entre otras.

Por lo que corresponde a los resultados del ejercicio 2016, se interpusieron 37 denuncias, que en su conjunto representan una afectación patrimonial a la hacienda pública del orden de los 9 mil millones de pesos.

En la Cuenta Pública 2017 y avances de 2018 lamentablemente las circunstancias no fueron diferentes, pues a la fecha hay denuncias en contra de los Institutos Tecnológicos Superiores de Pánuco, Perote y Las Choapas, la Universidad Politécnica de Huatusco, la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz; además del Fideicomiso del Fondo Ambiental Veracruzano, Servicios de Salud de Veracruz, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Espacios Educativos y los municipios de Cuichapa, Citlaltépetl y Cosamaloapan, además de las presentadas ante la FGR, como fue el caso de las irregularidades detectadas en la Secretaría de Seguridad Pública, por la contratación del Sistema Estatal de Videovigilancia.

Además, se tramitaron otras cinco por irregularidades en la construcción del puente Capoacán en Minatitlán, así como por empresas no localizadas en una investigación del Servicio de Administración Tributaria contratadas por las Secretarías de Desarrollo Social, de Protección Civil y de Educación.

Por Ángeles González Ceballos