Xalapa, Ver.- El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, afirmó que el órgano autónomo realiza un trabajo profesional, científico y arduo para dar justicia a la familia de Celestino V., comunicador quien fue víctima de homicidio, e informó que la FGE dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso tras los hechos ocurridos la noche del pasado 2 de agosto del año en curso, en un inmueble ubicado en la localidad La Bocanita, municipio de Actopan, donde fue lesionado por proyectiles de arma de fuego de calibres 45 y 223; en el sitio el titular del órgano autónomo ordenó la realización de diligencias correspondientes dentro de las cuales la Dirección de Servicios Periciales recolectó 12 indicios balísticos y se realizaron exámenes de balística forense.

Asimismo develó que los resultados de las diligencias realizadas desde el primer momento que se tuvo conocimiento de los hechos, establecen la participación de dos personas, quienes utilizaron un vehículo automotor y detalló la mecánica de los hechos; así como el diagnóstico de la necrocirugía practicada a la víctima.

“Tenemos muchísimos datos de investigación que en este momento procesal se mantendrán en secrecía; estableceremos la identidad de los probables responsables materiales e intelectuales, se investigará a quien se tenga que investigar, quien sea responsable será llevado a tribunales”, aseveró.

El fiscal informó que el pasado día 5 del mes en curso se reunió con la viuda del extinto comunicador, así como con sus hijos, a quienes reiteró que se investigará incansablemente hasta que se esclarezcan los hechos y se ejerza la acción de la justicia.

También informó que la denuncia interpuesta en vida por el comunicador el pasado 24 de octubre de 2018 sigue su curso, producto de lo cual se han citado a diversos declarantes y que actualmente hay mayores datos aportados por los familiares de la víctima.

Winckler Ortiz se pronunció porque el gobierno del Estado, a través de sus instancias de atención a víctimas y la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), brinden apoyo a los familiares del periodista y los derechos que la ley señala, toda vez que lo solicitaron al gobernador del Estado, a través de un escrito que fue entregado al fiscal general, quien lo entregará a su destinatario.

Finalmente confirmó que días antes de los hechos le fue retirada la protección policiaca presencial, la cual de manera reiterada se instruyó que se cumpliera mediante orden ministerial, por lo cual se investigan las causas de un probable incumplimiento de un deber legal.

Resultados contundentes de FGE, del 22 de julio al 5 de agosto

Durante conferencia de prensa dijo que la Fiscalía General del Estado ha realizado un total de mil 866 mandamientos judiciales en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2018 al 5 de agosto de 2019.

Ante representantes de diversos medios de comunicación, se informó que en dicho periodo, en San Andrés Tuxtla fueron obtenidas dos sentencias condenatorias y penas privativas de libertad de 51 años en contra de los secuestradores Guillermo Velázquez Pérez y Fide Barradas Murillo, alias “La Gorda Loba”; a su vez, en Tuxpan fueron sentenciados a 51 años de prisión los secuestradores Antonio Sánchez Ramos, Laura Celeste Zamudio López y Rafael Loza García.

En Medellín de Bravo, mediante un operativo de pago controlado fueron detenidos tres probables secuestradores identificados como José “N”, Francisco “N” y Juan Ubaldo “N”; a su vez, en colaboración con la FGE Tamaulipas fue detenido el presunto secuestrador Eduardo Ramón “N”, alias “El Comandante 40” y/o “El Bachiller”, objetivo prioritario de la Mesa de Seguridad y miembro del grupo de la delincuencia organizada autodenominado “Grupo Sombra” y en Orizaba se obtuvo la vinculación a proceso en contra de Erick Jesús “N”, por la probable comisión el delito de secuestro y en la ciudad de Veracruz fue detenida la probable integrante del grupo delictivo “Los Zetas”, identificada como Heydi Nayelli “N”, por el delito de secuestro agravado.

En Córdoba la Fiscalía Regional obtuvo una sentencia condenatoria y pena de 30 años de prisión en contra del multihomicida Juan Ramón Perera Reyes, alias “El Diabólico”, quien también deberá realizar pagos de reparación de daños por un monto de 3 millones 129 mil 707 pesos, al serle comprobada su participación en un motín en el Cereso de Amatlán de Los Reyes, en el cual fallecieron 5 policías y 2 reclusos; asimismo, fue sentenciado por los delitos de homicidio doloso calificado en grado de tentativa y estragos agravados.

En ese mismo distrito judicial fue obtenida una sentencia condenatoria en contra de Martín Flores Sánchez, por el delito de homicidio doloso calificado; mientras que en Coatzacoalcos Sergio Manuel Ibarra Amador recibió en contra un fallo condenatorio por el delito de homicidio doloso calificado.

En este periodo, fueron cumplidas en reclusión cinco órdenes de aprehensión en contra de probables homicidas e integrantes de la organización delictiva autodenominada “Cartel del Siglo”; se identifican como José Daniel “N”, Manolo Ezequiel “N”, José “N”, Pedro “N” y Alondra “N”; por otra parte, en San Andrés Tuxtla fue vinculado a proceso el probable homicida José “N”, alias “El Guasón”; en Fortín fue obtenido un auto de vinculación a proceso en contra de Pablo Federico “N”, por la probable autoría del delito de homicidio en grado de tentativa.

En Córdoba fueron imputados los probables homicidas Cirilo “N” y María Cecilia “N”, quienes fueron detenidos en la ciudad de Coscomatepec; en Papantla se vinculó a proceso a Reynaldo “N”, como probable homicida; en Pánuco fue imputado Juan Gabriel “N”, quien contaba con una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso calificado y quien también enfrenta procesos federales.

En Tantoyuca fue vinculado a proceso Ramón “N” por la probable comisión de los delitos de homicidio doloso calificado y robo agravado; en tanto que en Poza Rica fue detenido el presunto homicida identificado como Luis Antonio “N”, alias “El Negro Alvin” y/o “El Diablo”, considerado como objetivo prioritario de la mesa de seguridad de la zona norte, identificado como alto generador de violencia y miembro de la célula delictiva autodenominada “Los Ratones”.

Jairo “N”, alias “El Huesos”, probable integrante del grupo delictivo “Los Zetas” y probable autor del delito de homicidio doloso calificado, fue imputado; a su vez, en Córdoba, se dictó un auto de formal prisión en contra del presunto homicida Orlando “N”.

Los probables feminicidas Juan Carlos “N” y Carlos “N” fueron vinculados a proceso en el distrito judicial con sede en Poza Rica y un tercer presunto feminicida identificado como Arnulfo “N” o Timoteo “N” fue vinculado a proceso en Huatusco.

Frank Alain “N”, probable extorsionador e integrante de la agrupación delictiva “Grupo Sombra” fue vinculado a proceso en Tantoyuca; mientras que, en Poza Rica fue dictado un auto de formal prisión en contra del presunto extorsionador identificado como Carlos Alberto “N, quien se presume extorsionó y amenazó a integrantes de un colectivo de familiares de personas desaparecidas.

Por la probable comisión del delito de pederastia, se ejerció acción penal en contra de Vicente “N”, en Jalacingo; Gabriel “N”, en Acayucan; Ángel “N”, en Córdoba; Raúl “N”, en Misantla; Abel “N”, en Xalapa; Shaddai Yidam “N”, en Córdoba; Heriberto “N”, en Xalapa; Marcos “N”, en Poza Rica y Agustín “N”, en Martínez de la Torre; por la probable comisión el delito de violación fueron detenidos e imputados José Francisco “N”, en Coatzacoalcos; Efrén “B”, en Xalapa; Adrián “N”, en Acayucan y Alejandro “N”, en Huayacocotla; por abuso sexual de menores y personas incapaces fue detenido Francisco “N”, en Cerro Azul.

Aplicación eficiente de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias posicionan a FGE Veracruz en primer lugar a nivel nacional

De manera pública se destacó el alto nivel de eficiencia con el cual se desempeña el Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), a cargo del maestro Victorino Álvarez Mendoza, el cual durante el primer semestre de 2019 ha logrado recuperar un monto de 92 millones, 899 mil 560.34 pesos por concepto de reparación del daño a favor de múltiples víctimas, mediante la celebración de 3 mil 506 acuerdos reparatorios, lo cual refleja un incremento de efectividad del 15% con relación al mismo periodo de 2018.

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“Esta área es parte esencial de esta Fiscalía y del Sistema de Justicia oral adversarial y es la mejor a nivel nacional, reconocida por todas las fiscalías del país por sus resultados en esta tarea tan importante de dar solución a los conflictos de las personas mediante mecanismos alternativos aplicables a delitos de bajo impacto, lo cual nos permite avocarnos a la investigación de delitos de alto impacto”, expresó el titular de la FGE.

Se cumple minuta de trabajo en predio La Guapota

El fiscal general aclaró que no se encuentran suspendidos los trabajos de búsqueda y procesamiento de restos humanos en el predio La Guapota, al informar que actualmente se cumple con lo establecido en minuta signada por la FGE, Cruz Roja Internacional y Familiares de personas desaparecidas.

“Se mantiene el respeto a los acuerdos establecidos, por lo que luego del desarrollo de una prueba piloto en la Fosa número 72, el día de mañana (miércoles) se sostendrá una reunión de trabajo y coordinación con miembros del Comité internacional de la Cruz Roja y en fecha posterior se sesionará con integrantes de colectivos”.

Fiscal informaría a diputados avance de investigaciones si consienten familiares de víctimas

El titular del órgano autónomo aseveró que se encuentra dispuesto a acudir ante el Congreso del Estado en caso de ser requerido por diputados locales para informar acerca del avance que presentan las investigaciones por agresiones a reporteros Marcos X y Celestino X, para lo cual los familiares de las víctimas deberán otorgar su consentimiento.

Judicializadas investigaciones por denuncias presentadas por el Orfis

En la conferencia se informó que registran avances en muchas de las investigaciones por denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), algunas de las cuales ya fueron judicializadas, lo cual puede ser constatado por el titular del órgano fiscalizador, quien ha vertido declaraciones carentes de veracidad, sin consultar o solicitar la revisión de las carpetas de investigación.

Feminicidios se clasifican en cumplimiento del Código Penal, no por políticas sociales

El simple hecho de que una mujer sea asesinada es grave, en Veracruz de diciembre de 2018 a la fecha han sido privadas de la vida más de 143, nuestro Código Penal establece que el feminicidio se da por la muerte de una mujer por razones de género; así como por lesiones infamantes, lazos consanguíneos, de amistad, sentimentales, lugar del hallazgo o por abuso sexual, entre otros; además, por virtud de la Alerta de Género, todas las carpetas por homicidio doloso de mujer se inician con protocolo de feminicidio.

En la investigación no se excluye la probable situación de violencia de género, si alguien no lo entiende o pretende iniciar una política social o establecer la muerte de alguna mujer de manera diversa y contraria a la ley, es un error, aquí el gobierno estatal debe plantear políticas públicas de prevención delictiva, para entender los motivos y prevenirlos, lo cual ha sido expuesto en mesas de trabajo con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Finalmente recalcó que en la ciudad de Xalapa se cuenta con un edificio apropiado para la atención integral de mujeres víctimas de violencia; así como para su estancia física y protección jurídica; no obstante, aún no es ocupado por el sistema DIF estatal, ni por el Sector Salud, Sedesol, Secretaría del Trabajo, Registro Civil, Comisión Estatal de Victimas y derechos humanos, entre otras, debido a razones inexplicables o caprichos personales, toda vez que cuenta con sala de juicio oral, área médica, área para seguridad pública, área lúdica y albergue.