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Sergio Cadena es un sinvergüenza, tiene que ir a la cárcel: Sánchez Aguirre

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Xalapa, Ver.- Fue presentada una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por el doctor Luis Francisco Sánchez Aguirre, en contra del presidente del PRD en Veracruz, Sergio Cadena y el exalcalde de Catemaco, Jorge González Azamar, por daño moral, a su honor y al de su familia.

“Con respecto a los hechos que se suscitaron en Catemaco, con la apertura de las bodegas en 2017, donde se abren las bodegas de los candidatos a la alcaldía, que fueron Jorge Alberto González Azamar, Cecilia Oliveros, donde a mí se me culpa, fui recluido injustamente en el Cereso Zamora de San Andrés Tuxtla”, expuso el doctor.

Durante un año y siete meses, no se le atendió debidamente, conforme a derecho, narró.

Dijo además se le acusó de la quema del ayuntamiento, cosa que él afirma nunca se le pudo probar.

Por lo que tres años después de haber acontecido estos hechos, decidió interponer denuncia penal “porque no se vale denunciar, y que no se proceda”.

Dijo que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pidió revisión de su caso y se la concedieron, y así obtuvo su libertad.

“El presidente es el que me ayudó, porque pidió revisión de mi caso”.

Acusó al actual dirigente del PRD, Sergio Cadena, de presuntamente ser precursor de esos hechos. “Colaboró en el Gobierno del Estado, y no se le hizo nada, González Azamar me inculpó y tampoco nadie le hace nada, por eso denuncio, interpongo una demanda contra éstas dos personas, y contra quien resulte responsable”.

Y remató: “Pido que se proceda, porque no puede andar un vándalo en la calle, menos ser presidente de un partido político, alguien que ha dañado a su municipio”, citó.

Apuntó que no merece ser dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena. Pidió se proceda conforme a derecho.

Por Rosalinda Morales

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Xalapa

Piden poner alto a los abusos de grúas, en Veracruz

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Xalapa, Ver.- A fin de evitar los cobros abusivos y excesivos en el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, la diputada Florencia Martínez Rivera, propuso reformar diversas disposiciones de la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial, para posibilitar la creación de un Reglamento de Arrastre, Salvamento y Depósito de Vehículo, que ponga fin a los altos costos de este servicio.

“Es muy recurrente que las personas que son afectadas por los concesionarios, manifiesten su inconformidad y acudan a interponer quejas ante la PROFECO, con regidores, alcaldes y hasta diputados, para intervenir contra los prestadores del servicio, sin éxito alguno, pues no hay reglamento o instrumento jurídico idóneo”, justificó su propuesta durante la Tercera Sesión Ordinaria.

Igualmente, la legisladora señaló que es constante ver notas, publicaciones en redes sociales y hasta reportajes que manifiestan el sentir e impotencia de las y los usuarios ante los abusos y cobros exorbitantes de los dueños de grúas y corralones.

Por tal motivo, la representante popular propone que se reforme la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, a fin de que se faculte al Poder Ejecutivo la expedición del Reglamente referido, con el objetivo de que este servicio sea minuciosamente regulado y se brinde certeza jurídica a la ciudadanía.

De igual manera, otra de las finalidades es que las personas físicas o morales autorizadas para prestar el servicio, tengan un llamado de manera equitativa por las autoridades, a fin de que exista consenso entre todos los concesionarios y, en caso de que algún concesionario otorgue el servicio sin haber sido programado sea castigado con suspensión de 30 días naturales hasta la definitiva, de llegar a reincidir.

Finalmente, se busca que, cuando un vehículo, particular o de transporte público, permanezca por más de 6 meses en un corralón se pueda tramitar la causa de baja administrativa para no ocasionar un menoscabo en la recaudación de derechos vehiculares y también, se plantea que los concesionarios deberán respetar las tarifas establecidas para la prestación de sus servicios.

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Xalapa

Propondrá Congreso de Veracruz que la extorsión amerite prisión preventiva

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Xalapa, Ver.- El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 33 votos, remitir al Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto que el delito de extorsión quede señalado entre las conductas delictivas que ameritan oficiosamente la imposición de la prisión preventiva por parte de los jueces.

El dictamen presentado a esta Soberanía por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, resultado de la iniciativa presentada el pasado 22 de junio por el Grupo Legislativo PRI-PVEM, señala que el delito de extorsión ha ido en incremento en toda la República Mexicana y ha sido, junto con el secuestro, un potencial económico para la delincuencia organizada.

Por sus características, este delito, no solo produce daño patrimonial, al verse obligadas las víctimas a entregar a delincuentes parte importante del fruto de su trabajo, ante el temor de la posibilidad perder sus vidas o sus bienes, entre éstos los inmuebles y los productos con que honradamente se ganan la vida y que permiten su contribución al desarrollo económico nacional.

Sino, que además, genera en la víctima una afectación emocional, desde el momento mismo en que el agente activo se comunica para obligarla a hacer o dejar de hacer determinada conducta, establece el dictamen.

El documento refiere que en razón de la gravedad del delito, del impacto individual y social del mismo, así como de la necesidad de garantizar al máximo la seguridad de las víctimas y de la peligrosidad de los sujetos activos, es imperante que la extorsión se encuentre señalada de manera expresa en la carta Magna.

De esta forma, se evitaría la evasión de los imputados durante los juicios correspondientes, dando las facultades al Ministerio Público de solicitar al juez la prisión preventiva por este delito, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, garantizando con ello la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Al ser aprobado por el Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto a la Gaceta Oficial del Estado para su publicación y, en consecuencia, enviar la propuesta al Congreso de la Unión para su consideración y trámite correspondiente.

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Xalapa

Panorama difícil en la economía de Veracruz: Arias Hernández

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Xalapa, Ver.-El panorama económico es muy difícil y se tiene que realizar un replanteamiento de las políticas económicas, porque se atraviesa una recesión en el país mexicano, como parte de las afectaciones que ha dejado la pandemia del coronavirus.

Lo anterior es un análisis del investigador en economía de la Universidad Veracruzana (UV), Rafael Arias Hernández, “pues no hay políticas económicas y financieras, son anticuadas y están basadas en las viejas ideas”.

Por ello dijo que las empresas e instituciones de Gobierno tienen que hacer ajustes porque será un año complicado.

Aunado a ello, se avecina la temporada electoral, lo que hará más difícil la situación económica del país.

Pidió al Gobierno del Estado de Veracruz llevar a cabo las investigaciones de las pérdidas de empleo y con base a ello determinar las acciones a realizar para tratar de impedir que las afectaciones sean mayores.

“Y si no son capaces de transparentar y de dar esta información, simple y sencillamente que ahuequen el ala, porque no es posible tener en las finanzas, en la economía, la agricultura a gente que no tienen ni idea”.

Por Paco De Luna

 

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