Poza Rica, Ver.- Aun y con la ausencia de pruebas que puedan soportar la investigación por secuestro contra 35 detenidos, la fiscalía logró ampliar la prisión preventiva contra 6 de ellos y busca una sentencia condenatoria, pero este fin de semana, los familiares al fin rompieron el silencio y advirtieron que no permitirán que se sigan violentando los derechos de los imputados.

“Todo es un asunto político, un teatro que ya se les va a caer”, dijo la esposa de Obed, un inculpado que a decir de su esposa, se dedicaba a trabajar como taxista. Yo no sé hasta cuándo va a terminar esto, pero la fiscalía ya no tiene de dónde agarrarse, externó Adriana, quien segura de sí misma indica que el día 31 de diciembre del 2016, su esposo estaba afuera de su casa cuando se lo llevaron.

LA GRAN MENTIRA DEL GRUPO DE COORDINACIÓN VERACRUZ

El 31 de diciembre del 2016, la Secretaría de Seguridad Pública anunció un golpe contundente a la delincuencia organizada: en el norte del estado (Poza Rica) se había logrado desmembrar una célula delictiva dedicada al secuestro, siendo 37 personas; 32 hombres, de los cuales dos eran menores de edad, así como 5 mujeres adultas.

Según Adriana, el ministerio público sabe que los mismos elementos de la Fuerza Civil violaron a las mujeres para que se autoincriminaran y las amenazaron de muerte. De todo esto, dice, la fiscalía siempre tuvo conocimiento y no hicieron nada, pues era un asunto político que debía resolverse al gusto del gobierno en turno.

De acuerdo a los antecedentes que marcan la historia, la noche del 31 de diciembre, la Unidad Integral de Procuración de Justicia se llenó de policías. El acceso fue blindado y decenas de fiscales, incluso de otros distritos, tomaban declaraciones. Así iniciaba la investigación que casi 4 años después bien podría ser un guion de una original historia de cine.

SEGÚN LA PUESTA A DISPOSICIÓN, LA SSP DIJO LO SIGUIENTE:

En una casa de seguridad cuyas dimensiones son cuatro metros de largo por tres y medio metros de ancho, se encontraban privados de su libertad dos hombres, y en ese mismo sitio eran torturados por 37 personas; la vivienda se ubica en la colonia El Mollejón. También, que 10 policías habían sometido a los supuestos delincuentes, algo que algunos abogados han señalado como absurdo porque para empezar, eran más “secuestradores” que policías.

Se habló además del aseguramiento de decenas de armas de fuego y el rescate de las supuestas víctimas que hasta la fecha no aparecen. De acuerdo a la investigación de este medio, ninguna de las víctimas ha podido ser localizada para las últimas audiencias y haber alargado tanto esta averiguación, comienza a afectarle a la FGE.

Uno de los capítulos más controvertidos de esta trama, es que en el IPH de la SSP, los policías aprehensores narran que fue gracias a la existencia de drones que pudieron ubicar y dar seguimiento ininterrumpido vía aérea a dos de los ahora detenidos, quienes afuera de un cajero automático lograron privar de la libertad a un policía de identidad reservada; que ambos lo sometieron y echaron a la parte trasera del coche, lo que los obligó a dar seguimiento vía aérea de la unidad de alquiler. Continúan narrando que al llegar a la casa de seguridad, pidieron refuerzos para el aseguramiento en el que finalmente lograron rescatar a las víctimas.

LAS VÍCTIMAS: UN ALBAÑIL

Vecino de la colonia Petromex. La mañana del 31 habría sido interceptado por sujetos desconocidos quienes lo subieron a un taxi y de inmediato lo llevaron a la casa de seguridad.

El albañil cuyas iniciales son L.A.G.H., dijo en sus declaraciones que mientras él salía de una misa junto a su familia y pretendía dirigirse a una tienda denominada Chuper Negro para comprar algunos alimentos, de repente vio que un taxi (1336 de Poza Rica) se detuvo; dos sujetos armados se fueron directamente sobre él y lo amagaron, para posteriormente subirlo a ese coche.

En los informes policiales que se emitieron a la Fiscalía General del Estado, se explica que desde ese momento, la familia pidió ayuda para localizar con bien a la víctima, por lo que iniciaron policías de la SSP un operativo.

UN POLICÍA DE FUERZA CIVIL, LA OTRA VÍCTIMA

Aunque nunca se conoció quién era la otra víctima, con el paso del tiempo trascendió que se trataba de un policía activo de la Fuerza Civil identificado con las iniciales L.B.O, que alrededor de las 11:00 de la mañana del 31 de diciembre salió a un cajero automático de Banorte para retirar dinero.

Minutos después de llegar a la sucursal ubicada en pleno centro de la ciudad sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, se dio cuenta que el cajero no contaba con dinero, por lo que se retiró con la intención de buscar otro, declaración que consta en la carpeta de investigación UIPJ/PZR4/2793/2016 a la que Vanguardia tuvo acceso.

Casualmente, mientras el policía buscaba otro cajero, fue interceptado por un taxi, cuyos ocupantes lo subieron a la fuerza. Aunque no se especifica cómo es que Fuerza Civil supo del plagio del policía, los elementos aseguran que luego de tener el reporte de la privación ilegal del albañil en la Petromex, comenzaron a buscar el auto de alquiler cuyo número económico era el 1336, además de que otros reportes indicaban que habían varias unidades con ese número (clonados).

Para ese momento, ya se había desplegado un operativo por aire y tierra, y justamente por  el bulevar Ruiz Cortines, policías a bordo de un helicóptero de la SSP avistaron el taxi en mención que se dirigía hacia Garibaldi y no lo perdieron de vista.

En el trayecto se sumaron más uniformados y fue de esa manera que llegaron a la calle donde se ubicaba la casa de seguridad; “pedimos ayuda a la base de control”, se explica en la puesta a disposición hecha a la fiscalía cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Poza Rica, y fue de esa manera que ingresaron y descubrieron que ahí se encontraban las dos víctimas. Tras la detención de las 37 personas, todas fueron llevadas a las instalaciones de la Policía Intermunicipal en la colonia Miguel Hidalgo.

“Todos estaban formados y a mí me tenían amarrado en una silla, me torturaban, me daban de cachetadas y me escupían la cara”, declaró una de las víctimas ante la fiscal cuarta investigadora.

Lo más grave del caso es que la FGE tiene un informe de la SSP donde reconoce que en la fecha en que ocurrieron los hechos, “no contaban con drones u helicópteros, o al menos, no se tiene registro”.

 “NOS OBLIGARON A MENTIR”

Ante lo que fue la detención masiva más grande en el estado, antes de las 14:00 horas del 31 de diciembre del 2016, cinco mujeres y 32 hombres arribaron a las celdas preventivas de la Policía Intermunicipal donde el personal del departamento jurídico realizaría la puesta a disposición. Todos fueron golpeados, la mayoría presentaba heridas visibles principalmente en el rostro; uno incluso, no podía caminar.

Uno de los detenidos dijo a sus familiares que conforme pasaban a revisión con el médico de la coordinación, jamás les preguntaron el origen de las lesiones y en los documentos presentados a la FGE sólo se dijo que: “presentaban heridas que tardaban aproximadamente entre 15 y 20 días en sanar”.

Justo a las 18:00 horas, había llegado el momento de ser presentados ante el Ministerio Público Federal por el delito de acopio de armas de fuego.

Adriana asegura que durante casi 4 años han tenido que soportar la corrupción que impera en la fiscalía y en el juzgado, donde se aferran a dejar en prisión a todos, aunque no todos sean culpables. “Si algunos andaban en la porquería, que se queden, mi esposo ni siquiera fue detenido ahí”, insiste. Por si eso no fuera suficiente, los abogados que ha contratado poco han podido hacer, tal vez por falta de conocimiento o por favorecer los intereses de la fiscalía.

PGR NO LOS QUISO

Las autoridades nunca revelaron que las 37 personas tuvieron que ser llevados ante la FGE, porque la entonces PGR no quiso recibirlos. ¿La razón? Todos presentaban huellas de violencia y evidentes lesiones. Al igual que los policías, a la UIPJ de Poza Rica arribaron socorristas de la Cruz Roja.

En consecuencia, personal de la subsede de la PGR en esta ciudad se negó de manera rotunda a conocer del caso e iniciar la averiguación, a pesar de que el delito sí era de su competencia por ser del orden federal.

LA AUDIENCIA INICIAL

48 horas después de ser detenidos y en un autobús de la línea TUPR, los detenidos se acercaban a las instalaciones del juzgado de control; los acompañaban decenas de militares y personal de distintas corporaciones adscritas a la SSP, incluso de la Policía Federal. Para ese momento, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, había anunciado lo que dijo “fue el golpe más fuerte a la delincuencia organizada en la zona norte del estado en todos los tiempos”.

En la audiencia inicial, la fiscalía consignó el delito de secuestro. El resultado, luego de 15 horas, favoreció a la fiscalía: la jueza legalizó la detención de los 35 imputados, fijó medida cautelar de un año de prisión preventiva oficiosa, inconformando desde luego a los familiares apostados a las afueras del juzgado.

4 AÑOS Y LA FISCALÍA NO PUEDE COMPROBARLO

Sólo dos de los 35 señalados han sido condenados a 50 años, gracias a una de las presuntas víctimas. Los fiscales a los que se les atribuye este caso digno del reconocimiento a la peor simulación de la FGE son: Martha Lidia Pérez Gumecindo, su entonces pareja sentimental Carlos Cadena Estrada y María de los Ángeles González Cruz, quien por órdenes de su superior jerárquico, firmó todas las diligencias.

Conforme pasa el tiempo surgen más interrogantes en torno al caso, pues se encuentra en duda si todo habrá sido un montaje de la FGE o verdaderamente los imputados eran integrantes del crimen organizado. Mientras tanto, el COVID-19 causó la suspensión de las audiencias de juicio, pero al aproximarse la fecha en que se cumplirán 4 años, los familiares se armaron de valor y le advierten a la fiscalía que no tolerarán más violaciones al debido proceso.

Por Clemente Hernández Reyes