Xalapa, Ver.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, no tan sólo deberá enfrenta la justicia federal por violar la Ley de Amparo, también deberá responder por los delitos de peculado y abuso de autoridad por el otorgamiento ilegal de contratos de obras, adquisiciones y prestación de servicios.

Sofía Martínez posee el récord mundial de la carrera judicial más vertiginosa de la historia, pues en tan sólo 20 días pasó de secretaria a magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Una vez que llegó al cargo, mostró su rostro soberbio, déspota e intolerante.

Si bien toda la atención hacia la magistrada presidenta es por sus violaciones sistemáticas a la Ley de Amparo, en los casos de los magistrados Roberto Dorantes, Marco Antonio Lezama y Gladys Guadalupe Pérez, hay asuntos mucho más graves que están causando millonarios daños patrimoniales al Poder Judicial.

Sofía ha violado el artículo 262 de la Ley de Amparo, que se castiga con pena de 3 a 9 años de prisión, destitución e inhabilitación para desempeñar cargos dentro del servicio público. Ella se negó a dar cumplimiento a una sentencia de amparo y a dos suspensiones definitivas contra los magistrados antes mencionados. Su abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal es más que claro.

Los magistrados a los que se les retiró de servicio de manera ilegal han ganado en todas las instancias y Sofía está haciendo todo para impedir que se haga justicia a sus compañeros. No queda la menor duda que ella obedece a otros intereses y que sirve a otro poder.

Este fin de semana la presidenta del Tribunal volvió a estar en el centro del escándalo al difundirse el audio de una llamada telefónica, en el que se escucha cómo amenaza a la magistrada presidenta de la Octava Sala Familiar, Concepción Flores Saviaga “…si ustedes no quieren hacer lo que es su obligación como integrantes de la sala de recibir a una nueva magistrada, entonces va a haber, no sé qué acciones va a haber”.

LOS CONTRATOS OSCUROS Y EL PECULADO

En el primer trimestre la magistrada presidenta otorgó contratos de compra de tóner por más de 6 millones a una empresa que fue la segunda más alta en su precio. Todo esto forma parte de adjudicaciones directas por 26 millones de pesos a favor de un personaje cercano a la señora Mónica Morales, de Álamo, Veracruz.

El mayor monstruo de corrupción es la Ciudad Judicial en Cardel, donde, de una sola pincelada sacaron de la jugada a más de 20 constructoras y al final, le dieron el contrato a una empresa que ofertó con el segundo precio más alto. Esta empresa es de Álamo, Veracruz y su avance es de apenas 4 por ciento, pero la señora presidenta le autorizó un sobrepago de 1.5 millones de pesos.

En esta misma Ciudad Judicial se han detectado otras irregularidades relacionadas con la contratación de prestación de servicios, suministros básicos y equipamiento.

Hay al menos 15 obras con presupuesto asignado superior a 4 millones de pesos, donde hay retrasos en la ejecución. Todo evidencia la existencia de un gran quebranto patrimonial en el Poder Judicial.

También se le acusa de facturar al Tribunal Superior gastos que son una burla como la compra de comida chatarra, donas, hamburguesas y otras cosas. En las facturas se puede ver que se hospeda en hoteles fifí, como diría AMLO.

Entre las irregularidades documentadas destacan movimientos de personal sin autorización del Consejo de la Judicatura, así como la adjudicación directa para comprar material y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos por más de 6 millones de pesos no justificados.

Contrato de desinfección por 4 millones de pesos adjudicados a persona física con rubro en construcción y sin experiencia, misma que usó documentos falsos, con licencia sanitaria a nombre de otra persona y a costo cuatro veces más caro.

Hay inconsistencias en contratación de servicios de impresión y fotocopiado, y en la compra de material de limpieza por casi 2 millones de pesos, tratando de justificarlo por la pandemia. También hay irregularidades en contratos de adquisición de material de limpieza, por casi 8 millones de pesos

A lo anterior se le suma el nepotismo en la estructura interna del Poder Judicial. Personas capacitadas fueron obligadas a renunciar, para que hijos de la magistrada pudieran colocar a sus allegados, parejas, novias, una de ellas fue Mayra “N”, quien se quedó como secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura.

Queda claro que en cualquier auditoría que se le practique no podrá solventar todos los millones de pesos gastados, porque no tienen el consentimiento y firma del Consejo de la Judicatura.

Lo último que hizo fue incurrir en incumplimiento de deber legal, al no firmar controversia constitucional que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia.