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Solicitan académicos revisar de nuevo modificaciones al Código Penal

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Xalapa, Ver.- Académicos y académicas de la Facultad de Derecho emitieron una carta a la opinión pública y a las autoridades estatales sobre las recientes reformas al Código Penal de Veracruz.

En la masiva señalan lo siguiente:

El pasado 11 de marzo del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 100, el Decreto 848 que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Penal para el estado libre y soberano de Veracruz, en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad.

En esta ocasión hemos centrado nuestra atención en el estudio de la reforma al artículo 331del Código Penal, relativo al tipo penal de Ultrajes a la Autoridad, cuyo texto reformado dispone:

“Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes:

  1. Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos;
  2. Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima;

III. Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o

  1. Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.”

Asimismo, es motivo de análisis el artículo 371 Quinquies, relativo a Delitos contra las Instituciones de Seguridad Pública cuyo texto es el siguiente:

“Se impondrán de siete a quince años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte.”

De lo anterior, debe mencionar en primer lugar, que en el Derecho Penal para cumplir con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, tanto el legislador al crearla, como la autoridad jurisdiccional, al aplicar la ley, deben considerar que el tipo penal esté claramente formulado, sin vaguedades o imprecisiones que permitan la arbitrariedad de su aplicación, así lo ha sostenido el Máximo Tribunal del país en la Jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país.

Crear una legislación que se aparte de este principio no sólo violenta las bases del Derecho Penal, sino que deja evidenciada la utilización de éste como instrumento meramente represivo, no debiendo olvidar que sólo debe ser utilizado por el Estado como el último recurso para proteger bienes jurídicos, cuando otros órdenes jurídicos han resultado insuficientes, esto es, lo que se conoce como la última ratio del Derecho Penal.

Una norma penal con este contenido propicia censurar a las personas gobernadas, logrando acallarles, volviéndoles acríticas respecto de la función de servidoras y servidores públicos, inhibiendo el disenso, la libertad de expresión y la protesta social, lo que conlleva a la disminución del efectivo ejercicio de derechos y libertades que en un Estado Social y Democrático de Derecho deberían ser observados, bajo la extensión más amplia de lo que implican los derechos humanos.

Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. Esto significa que toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue.

De igual forma, en el Sistema Interamericano la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso de Fermín Ramírez vs. Guatemala, por sentencia de veinte de junio de dos mil cinco (párrafo 90), postuló:

En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.

En ese sentido la criminalización de la protesta social que enfrenta la disidencia, para prever sanciones corporales desproporcionadas y con ello inhibir la participación política de la ciudadanía, negando, obstaculizando y restringiendo derechos civiles y políticos se agrava al tener tipos penales con estas peculiaridades, obstaculizando el acceso a un juicio justo a los posibles sujetos activos, legalizando así la privación de la libertad personal en el marco de la protesta social, que afecta al Estado de Derecho configurando una democracia simulada como la que deseamos desde la Academia no se configure en México.

Quienes integramos la Academia de la Facultad de Derecho, de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, solicitamos con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Constitución Local, que antes de que se llegue a activar algún medio de control constitucional para combatir esta norma penal, que a todas luces resulta inconstitucional e inconvencional, sea nuevamente estudiada y derogada por el Congreso del Estado, para evitar que Veracruz se convierta en un Estado represor y poco tolerante a la pluralidad de ideas y expresiones.

Confiamos en que el Congreso, pero también el Titular del Ejecutivo del Estado de Veracruz atenderán este llamado para configurar un Estado pacífico y libre, como el que merecemos las veracruzanas y los veracruzanos.

La carta esta firmada por doctoras y maestros como Sidney Ernestina Marcos Escobar, Rosa Hilda Rojas Pérez, Esperanza Sandoval Pérez, Erick Cabrera Nieto, Luis Manuel Lara Hernández, Enrique Córdoba del Valle, Daniel Del Ángel Pérez, César Martínez Rámila, Rebeca Contreras López, Austria Paola Barradas Hernández, María Eugenia Castillo Reyes.


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Rojo Acontecer

Abaten a profesor en Emiliano Zapata

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Emiliano Zapata, Ver.- Un hombre fue abatido en la calle las Aralias, esquina con el retorno Bambú en el fraccionamiento las Praderas de Emiliano Zapata.

Los hechos se registraron cuando presuntos sujetos armados dieron alcance a su víctima cuando salía de su domicilio y pretendían abordar su vehículo.

Testigos solicitaron apoyo al número de emergencia 911, donde arribaron elementos de la policía estatal quienes confinaron los hechos.

Paramédicos el grupo Panteras intentaron brindar los primeros auxilios, sin embargo, confinaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones.

De manera extraoficial se logró saber que el hoy occiso era un abogado.

Por tal motivo la zona fue acordonada en espera de personal de la Fiscalía General del Estado y Servicios Periciales quienes realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios para posteriormente llevar acabo el levantamiento y traslado del cuerpo.

Por su parte personal de la Secretaría de Seguridad Pública implementaron un fuerte operativo para intentar dar con los responsables.

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Xalapa

Roban boletas electorales en Xalapa

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Xalapa, Ver.- En sesión urgente del consejo general del Organismo Público Local Electoral de Veracruz fue dado a conocer el robo de un bloque de 100 boletas electorales foliadas del 009901 al 010000 que pertenecen al Consejo Distrital 11, con sede en Xalapa.

El consejero presidente del OPLE Alejandro Bonilla Bonilla, precisó que se trata de dos temas distintos, ya que en el caso de la desaparición de las boletas del Distrito 11 fue un robo y ya está denunciado, mientras que en el caso de Boca del Río fue un error de la empresa que las está imprimiendo y el sellado será con dos colores distintos.

Si alguna boleta apareciera con un solo sello, será anulada.

Los consejeros anunciaron la reimpresión de dichas boletas y un sellado por segunda ocasión del reverso de dichas papeletas y de las que no serán repuestas.

Alejandro Salas, reclamó este incidente al exigir una explicación detallada sobre este robo y si sólo ocurrió en el distrito de Xalapa, porque en el distrito 16 de Boca del Río fueron cuatro las boletas sustraídas.

“No quisiera que en los 30 distritos se comenzaran a desaparecer las boletas porque creo que todos le estamos apostando a que la ciudadanía asista masivamente a participar en el proceso electoral el próximo domingo, pero si empezamos con noticias como esta, pues empieza la desconfianza”, dijo.

Exigió que deben de quedar aclaradas estas sustracciones y en qué consistirán los resellados de todas las boletas con las que le apuestan que no serán alteradas las boletas y recordó que no se pueden volver a dar casos como los del famoso carrusel u otra trampa electoral.

Por Rosalinda Morales.

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Xalapa

Trabajadores de alcoholera de Orizaba bloquean calle de Xalapa

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Xalapa, Ver.- La mañana de este miércoles trabajadores de la alcoholera de Orizaba, bloquearon la calle de Enríquez debido a que están solicitando reabran la fábrica.

De acuerdo con Iram de la Luz dijo que son alrededor de mil personas que se ven afectadas ya que en estos momentos no tienen un ingreso por lo que están pidiendo la liberen.

Refirió que hace 20 días fue cerrada, sin embargo, desconocen cuál fue el motivo “no sabemos quiénes llegaron y nos desalojaron de las instalaciones y están cerradas en estos momentos”.

Para finalizar están solicitando que las autoridades estatales les apoye para que investigue cuál es el motivo del cierre de las instalaciones para que sea reabierta su zona de trabajo ya que muchas familias se ven beneficiadas.

Por Gloria Bañuelos.

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