Ciudad de México.- Reforzar los controles normativos para frenar las ilegales operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, con las llamadas empresas fantasma, es el principal objetivo de las modificaciones a la ley que el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, plantea en la iniciativa que presentará esta semana

El documento establece la prohibición de celebrar contratos que involucren dinero público con empresas que el SAT haya identificado como entidades irregulares, conocidas como empresas fantasma.

Las modificaciones legales, explicó, permiten la creación de un padrón único de contratistas y de proveedores confiables que tendrán el fin de garantizar la contratación de personas físicas o morales con las capacidades legales, técnicas y administrativas y, al mismo tiempo, podrán prevenir e identificar actos u omisiones irregulares e ilícitas en el marco de los procedimientos de contratación, implementación y ejecución de los contratos respectivos.

Según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se han identificado al menos seis mil 500 empresas de este tipo en el país, que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir, casi cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Actualmente, la ley sólo regula las contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la administración pública federal. La reforma que se propone incorpora a sus homólogas de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, sus dependencias y entidades, señaló.

Además, dijo, de la Procuraduría General de la República (PGR) y las fiscalías o procuradurías locales, los poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos,; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente público sobre el que tenga control alguno de los poderes y órganos públicos.

Las personas interesadas en inscribirse en los padrones deberán cumplir ciertos requisitos fundamentales para garantizar que no se trata de organizaciones ficticias o fantasma.

Se solicita que entreguen diversa información específica, entre la que destaca: alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), registros ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y el Infonavit, así como estados financieros auditados, y el inventario de maquinaria y equipos disponibles, entre otros, abundó.

El legislador precisó que se impulsarán mecanismos de transparencia, ya que la reforma establece que las personas que deseen participar en procedimientos de licitación deberán dar su consentimiento para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) publique en su página de internet la información de éstas.

Monreal Ávila señaló que el nuevo marco jurídico contempla incrementar las penas para quienes participen en la suplantación de identidad, representación o personalidad de un contribuyente, y para quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad, o incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para utilizar sus datos de forma indebida.

Se equipara con el delito de defraudación fiscal la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, destacó.