Xalapa, Ver.- Los magistrados resolvieron la no competencia para atender, en lo expuesto por la diputada María Josefina Gamboa Torales.

Las solicitudes al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) por la legisladora María Josefina Gamboa Torales, para la protección de los derechos político-electorales en dos de tres casos se declaró incompetente.

Los magistrados, por mayoría, resolvieron la no competencia para deliberar sobre los mismos y un aspecto fue turnado a la Comisión de Gobernación del Congreso local, porque observaron que efectivamente no se le dio respuesta y que no debieron ignorarla.

Este es uno de estos asuntos de la instancia a la que acudió la legisladora, al resentir en lo relativo a que en el orden del día no se colocó su intervención y no se le dio respuesta. Ellos dijeron que no se le negó presencia y que si bien no participó en una sesión en otra sí. Al ver que no se habían negado a su solicitud desecharon ir a un juicio.

La sesión pública en que se ventilaron estos casos se realizó este miércoles a las 13:00 horas en el edificio de la institución en esta ciudad. Los magistrados Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Claudia Díaz Taboada y José Oliveros Ruiz concluyeron de esta manera los expedientes TEV-JDC-15, 16, y 26/2019 contra la presidenta de la comisión permanente de Gobernación, el secretario general del Congreso y la Junta de Trabajos Legislativos.

BORRÓ EL OPLE DOCUMENTOS DE PARTIDOS

Así también analizaron los reclamos de las asociaciones políticas estatales Democracia e Igualdad Veracruzana y Generando Bienestar 3, las que perdieron registro por no contar con el número de afiliados requerido de mil 50. Los acuerdos OPLEV/CG249/2018 y OPLEV/CG250/2018, determinaron el incumplimiento de la obligación contenida en el numeral 29, fracción III, en relación con el artículo 25, fracciones I, III y IV, ambos del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Así también omitieron difundir actividades, sustentar una ideología definida, por lo que al ver esta medida pidieron el juicio en defensa de sus derechos político-electorales, acusó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de borrar los documentos con las firmas reunidas, es decir fueron destruidas las listas nominales de afiliados.

Por Livia Díaz

 

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