Centro Integral de Justicia aún no se pone en marcha pero ya fue inaugurado; 13 millones de pesos, su costo  

Poza Rica, Ver.- A pesar de que el pasado 29 de octubre fue inaugurado el Centro Integral de Justicia, a la fecha dichas instalaciones no funcionan. Y por si fuera poco, sólo son para el personal del Poder Judicial del Estado, no de la Fiscalía, como se tenía contemplado.

La obra, que a decir de quienes la inauguraron, tuvo un costo de 13 millones de pesos, en realidad sólo consta de la remodelación de lo que antes era el hospital civil. En una zona inundable, sin baños ni drenaje, mal planeada, pero muy cara.

Hasta el momento, abogados han indicado que el proyecto más bien fue para justificar millonarios recursos, pues en realidad no es la gran cosa como se tenía planeado. Lo peor es que a pocos días de que concluya la actual administración se ignora para cuándo puedan ser utilizadas las oficinas.

Además se colocaron placas a diestra y siniestra, pero esos cargos o nombramientos ni siquiera existen, como en el caso de fiscales facilitadores, que sólo hay dos, mientras que hay sólo un mediador y los anuncios hacen ver como si existieran tres; lo que muchos creen es que podría tratarse de una nómina inflada o recursos que debieran aplicarse a la unidad de Poza Rica, pero en realidad nada de eso existe.

Lo más grave quizá es que la unidad sólo favoreció al Poder Judicial, ya que las fiscales especializadas en delitos sexuales tuvieron que salirse y regresar a donde antes trabajaban, en la colonia 27 de Septiembre. Al igual que la subdelegación de los Servicios Periciales y la Policía Ministerial, que se encuentran separados; cada uno en colonias diferentes y que guardan distancias considerables.

Un fiasco, así califican la obra algunas personas, pues el acceso principal ya hasta tuvo que ser reparado porque no sirve. Las cámaras de seguridad hasta el momento tampoco funcionan y ni qué decir de que no hay sanitarios, el drenaje lleva años azolvado.

La constructora que llevó a cabo la obra no sólo se tardó casi un año en entregar el proyecto, sino que además utilizó materiales de pésima calidad, pues aún ni terminaban y ya se observaban fisuras.

Lo peor es que la ciudadanía es quién pagará las consecuencias de esta mala planeación, pues para interponer una denuncia tienen que desplazarse a varios puntos, gastar mucho dinero, y muchas veces eso facilita que los delitos queden impunes, toda vez que las víctimas prefieren dejar por la paz sus asuntos a tener que lidiar con llevar oficios y entregar acuses, eso sin contar con las motivaciones que deben dar a los procuradores de justicia.

Y para nadie es un secreto que hasta por un acta de extravío tienen que pagar entre 200 y 300 pesos; cierto es que tras las quejas de usuarios, personal de Xalapa colocó carteles con la leyenda de que todo trámite es gratuito, pero como un total reto, algunos fiscales y sus  respectivos auxiliares los quitaron, y por el contrario, colocaron los requisitos para actas de extravío, aunque se les olvidó poner que lo más importante es llevar dinero por delante.

En este sentido, es importante aclarar que quienes más quejas enfrentan son el fiscal Cristian Bernardo Avilés Mahé y la fiscal Josefa Gregorio Andrés, ya que por conducto de sus auxiliares recaban miles de pesos a la semana con las dichosas actas de extravío.