Ciudad de México.- “La falta de independencia de la PGR y las fiscalías son el corazón de la impunidad en México. La capacidad del gobierno por desarrollar investigaciones criminales es muy débil”, afirma Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “La falta de una procuración de justicia imparcial explica la ausencia de un verdadero Estado de derecho; la disfuncionalidad de México, es la madre de todas las batallas”, completa la politóloga y analista Denise Dresser.

Hace tres años el gobierno de Enrique Peña Nieto acordó con la mayoría de fuerzas opositoras, al amparo del Pacto por México, una reforma política que pondría fin a la Procuraduría General de la República (PGR), el órgano encargado de investigar y perseguir delitos, que depende del Ejecutivo y cuya credibilidad está en entredicho permanentemente, sin embargo, la falta de consenso ha impedido, tres años después, el desarrollo de la ley que prevé dotar al futuro fiscal general de un poder prácticamente absoluto: un mandato de nueve años, tres más que el del presidente e independencia absoluta del Ejecutivo.

La necesidad de renovar el sistema es unánime. La propia PGR, que desde el año pasado dirige Raúl Cervantes, presentó un informe al Senado en el que recalcaba la necesidad de que el nuevo modelo tenga total autonomía y evidenciaba las deficiencias actuales, entre ellas, el nulo esfuerzo destinado a la capacitación de los funcionarios y los salarios poco competitivos, que lejos de incentivar su trabajo, los condiciona a realizar labores ateniendo a los intereses ajenos.

En el informe presentado en febrero, la PGR aseguraba que es necesario que los peritos de las distintas procuradurías trabajen de forma independiente del Ministerio Público y de la policía. Además, consideraba determinante empoderar ante la sociedad el nuevo sistema penal acusatorio e insiste en dejar de lado la idea de que “prisión es sinónimo de justicia”.

La reforma de 2014 establece el pase automático del procurador al cargo de fiscal, por lo que le correspondería a Raúl Cervantes ocupar el nuevo cargo. Su proximidad a Peña Nieto y su vinculación con el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha puesto en pie de guerra a diversos sectores políticos y civiles, que buscan impedir que nazca viciada una figura crucial.

En los últimos días, ante la presión, el PRI ha cedido para eliminar ese pase automático, frente a las críticas internas de quienes consideran que todos los partidos votaron hace tres años a favor de la norma, a sabiendas de que existía ese pase automático.

Muchos analistas dan por sentado que el PRI buscará la manera de sacar adelante la nueva ley antes del cambio de gobierno y tratar de colocar a alguien de su confianza al frente de la futura fiscalía. Mientras, el temor a que el frente opositor -creado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano- aproveche la coyuntura para hacer de la futura fiscalía una de sus banderas electorales y postergue su legislación, es latente.