PUEBLA.- En el comedor de la viuda se acumulan el maíz, los frijoles, el azúcar y las galletas que han traído los vecinos. A pesar de que Huitzilan, un municipio indígena de 15 mil habitantes, escondido en la sierra de Puebla, es considerado “de alta marginalidad”, cientos de personas, algunos con zapatos, por primera vez, llegaron para despedir a su Alcalde, con comida para el velorio.

Durante el novenario, el Padre Nuestro se pronuncia en náhuatl, español y totonaco y bajo el tejado de aluminio tres mujeres, su madre, su hermana y su esposa, lloran al finado, acribillado hace ocho días a mitad de la carretera.

A Manuel Hernández, de 35 años, lo estaban esperando al salir de una curva. Venía “de hacer unos mandados en Zacapoaxtla”, cuando un coche que lo seguía, se atravesó en el camino. Le dispararon con un R-15 y al intentar huir “lo remataron, como si fuera un animal”, recuerda su viuda.

Cuando comenzó a hacerse este reportaje, él era último Alcalde asesinado, pero cuando se publica, Crispín Gutiérrez, acribillado el viernes a 1 mil kilómetros de ahí hacia el oeste, en un pueblo de Colima, ocupa su puesto.

Huitzilan es un ejemplo más del repunte de la violencia que ha puesto sus ojos en los ayuntamientos. En los últimos 10 años han sido asesinados más de 50 regidores, tres de ellos, en el último mes.

Desde que llegó Enrique Peña Nieto al poder, en 2012, han muerto 23 presidentes municipales, según la Asociación Nacional de Alcaldes (Anca). Sin embargo, el fenómeno no es exclusivo del gobierno del Revolucionario Institucional (PRI) y durante la gestión de Felipe Calderón (2006-2012), del opositor Acción Nacional, fueron asesinados otros 32.

Sin escoltas, sin recursos y en un contexto de violencia e impunidad del 90 por ciento, ser alcalde es una tarea de “héroes”, que se lleva por delante el eslabón más débil. La tradición señala que a medida que se acerquen las elecciones presidenciales, dentro de ocho meses, aumentará el “goteo de muertes”.

A la “cacería” contra los alcaldes se suma la reconfiguración que vive el crimen organizado. “Antes, los grandes grupos criminales se dedicaban principalmente a exportar drogas hacia Estados Unidos. Era un mundo de narcos, no de mafiosos. Y en ese contexto, los gobiernos municipales eran básicamente irrelevantes. Ahora, son bandas más pequeñas y depredadoras. Su capacidad de generar ingresos tiene que ver con la capacidad de provocar violencia. Me refiero a bandas mafiosas como: Guerreros Unidos, Los Rojos o los “guachicoleros” (bandas dedicadas a la extracción de gasolina de los ductos)”, dice Alejandro Hope, académico y columnista experto en seguridad.

En México hay 2 mil, 446 municipios y de ellos 600 no tienen Policía local. El 80 por ciento de los 1 mil, 800 municipios restantes, tiene un cuerpo policial de 20 personas o menos. Según Hope, es en esos lugares donde se producen la mayoría de las ejecuciones. “Son asesinatos muy baratos, porque no provocan reacción en el Estado y por tanto, “no calientan la plaza”. Llevamos tres alcaldes muertos y varios atentados en el último mes y el Estado no ha respondido, ni tiene una estrategia explícita de protección hacia ellos”, añade.

En la última década, además de los alcaldes en activo, otros 37 exediles han sido acribillados. La mayor cantidad de ejecuciones se ha registrado en Oaxaca y Puebla, que suman casi la mitad de los asesinados en todo el país. Según Anca, que aglutina a los alcaldes del opositor PAN, las razones de la violencia son “el bajo desarrollo institucional, la precariedad, la falta de recursos para seguridad y la presencia del crimen organizado”, dice su último informe.

El viernes, el alcalde de Ixtlahuacán, Colima, fue asesinado cuando iba en su coche. Unas horas antes, José Misael González, de Calcomán, Michoacán, recibió un balazo en un hombro. González se había unido a los grupos de “autodefensa” que se habían levantado en armas en 2013 contra los Caballeros Templarios hasta lograr su expulsión de Michoacán.

“Somos la parte más débil y apenas con un sueldo de 9 mil pesos (unos 400 euros)”, explica Bety González. Según la viuda, la muerte de su marido es crimen político organizado por los caciques cafetaleros de la zona en contra de la organización Antorcha Campesina, que lideraba Manuel Hernández. Desde que en 1984, su organización llegó al poder, mandar en este pueblo es más una condena que un privilegio; tres alcaldes en activo y dos retirados, han sido asesinados.

Sin embargo, cunde la sensación de que esta vez habrá justicia más allá de las montañas. “Antorcha Campesina tiene fuerza y me siento acompañada porque sé que van a movilizar para reclamar justicia, si no, estaría sola en casa, llorando”, describe.

Hasta que se “calmen las ganas de venganza” en Huitzilan, agentes Ministeriales de pistola a la cintura y cadena de oro, llegados de Puebla, conviven con silenciosos indígenas de huarache (calzado típico) y sombrero blanco. El nuevo alcalde, el antiguo Secretario de Educación, asiste al velorio y “traga saliva”.

(El País)