Xalapa, Ver.- A nombre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, la diputada secretaria Deisy Juan Antonio, leyó un pronunciamiento a favor de las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la Atención hacia las personas integrantes de las poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), en Centros Penitenciarios de la República Mexicana.

Expresó que el documento de la CNDH, tiene especial relevancia debido a que pone de manifiesto las graves violaciones a los derechos humanos que sufre este grupo poblacional en los centros penitenciarios.

“Veracruz no es la excepción, las prácticas discriminatorias también suceden en las cárceles de nuestro estado y es necesario difundir el contenido del pronunciamiento a efecto de que las autoridades tomen cartas en el asunto para erradicar estas conductas”, destacó la diputada Deisy Juan Antonio durante su participación en tribuna.

Explicó que la CNDH plantea la necesidad de eliminar prácticas institucionales que generan discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, así como sancionar a los servidores públicos que cometen agravios en contra de estas poblaciones, refiriendo la importancia de promover la cultura de la legalidad y de revisar los procesos legales.

En ese sentido, indicó que la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, integrada por las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete y Montserrat Ortega Ruiz, presidenta y vocal, respectivamente, y ella misma como secretaria, coinciden con la CNDH en promover la igualdad de trato entre las personas, sin ningún distingo.

Por lo anterior se pronunciaron a favor de las propuestas que establecen lo siguiente:

1.- Sensibilizar y capacitar al personal penitenciario para impedir la violación de los derechos de las personas pertenecientes a grupos LBGTTTI.

2.- Establecer mecanismos accesibles para facilitar que al ingreso, las personas puedan referir cualquier necesidad que amerite una atención especial.

3.- Proveer a las personas, sin discriminación alguna por ninguna condición, alojamiento, seguridad y protección de acuerdo a sus necesidades específicas.

4.- Desarrollar e implementar políticas públicas y acciones específicas como campañas y pláticas que fomenten la cultura de respeto de los Derechos Humanos y el derecho a una vida libre de violencia y discriminación.

5.- Armonizar los reglamentos de los establecimientos penitenciarios con la Ley Nacional de Ejecución Penal y estándares internacionales de Derechos Humanos.

6.- El acceso a todas las instalaciones y servicios del centro y los programas de tratamiento en igualdad de condiciones que el resto de la población penitenciaria, así como a todas las actividades educativas, laborales, de capacitación para el trabajo, deportivas y culturales.

7.- Fortalecer los programas de visitas, promoviendo las relaciones familiares y el contacto con el mundo exterior.

8.- Proporcionar atención médica, tratamientos y medicamentos de acuerdo a las necesidades específicas.

9.- Difundir toda la normatividad que permita fortalecer la cultura de la legalidad y de respeto de sus Derechos Humanos.

10.- Crear e implementar un protocolo de actuación para los servidores públicos de los centros penitenciarios, con un enfoque transversal de Derechos Humanos  para que atiendan de forma integral, sin discriminación de ningún tipo a esta población.