A partir del 1 de diciembre, cuando el ahora presidente electo tenga que dar marcha atrás al NAIM, tiene que informar con qué argumentos legales va a revertir los contratos que se hicieron

Cómo dará certeza jurídica a Santa Lucía y de continuar sus consultas, sólo se pide que tengan certeza jurídica y estén en el marco de la ley

Ciudad de México.- El senador panista, Julen Rementería del Puerto, exhortó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que a partir del 1 de diciembre y como resultado de su consulta ciudadana, informe cómo resolverá el conflicto jurídico de la cancelación del NAIM.

Consideró una ilegalidad el pensar en trasladar contratos del NAIM a Santa Lucía, y el cómo se va a encargar de echar abajo los contratos que están perfectamente signados y que seguramente tienen garantías y fianzas.

“Estamos tratando de que la política pública dé certeza y legalidad, se ha hablado de lo económico, del valor, pero no han mencionado la legalidad y la certeza que como ciudadanos pedimos”, remarcó Rementería del Puerto.

Rementería del Puerto preguntó que cuando llegue el 1 de diciembre, con qué argumento político va a revertir los contratos que ahí se tienen, quién va a pagar las consecuencias económicas, aparte de todos los mexicanos, pero principalmente, quién va a asumir la responsabilidad legal, quién se va a encargar de echar abajo los contratos que están perfectamente signados, y que seguramente tienen garantías y fianzas”.

El senador veracruzanos instó que desde el Partido Acción Nacional no se discute el pedirle opinión a las personas, “es necesario preguntarle a la gente su opinión, tiene que haber estos ejercicios donde haya esta democracia participativa; lo que hemos venido a decir una y otra vez es que hay que hacerlo con certeza jurídica, porque la política debe imperar por encima de las demás materias para conseguir el bien común de todos”.

El legislador veracruzano refirió que no se puede pensar que una persona que es todavía un presidente electo y no tiene facultades convoque a su partido a llevar acabo y organizar una consulta popular sin margen legal y que esta decisión vincule sobre un asunto que va a ser evidentemente jurídico a partir del 1 de diciembre.

“No se está en contra de combatir la corrupción, al contrario, que se vaya hasta el fondo, se investigue y castigue a quienes hayan hecho esta práctica, que se haga y que se meta a la cárcel a quien se tenga que meter, pero que hagamos las cosas con legalidad, eso es lo que estamos pidiendo”, concluyó.

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