Columnistas
COLEGIATURAS Y PASAJES. Por Leonardo Zaleta.
Por Leonardo Zaleta.
Cronista de la ciudad.
El 7 de febrero de 1974, al filo de las 14:00 horas, al influjo de las grandes agitaciones juveniles similares que conmovieron al mundo, estalló en Poza Rica un movimiento protagonizado por los alumnos del Colegio Salvador Díaz Mirón.
El móvil fue un movimiento de rechazo al incremento de las colegiaturas, de 175 a 200 pesos mensuales en el nivel secundaria, y de 200 a 225 en preparatoria. Lo que enfureció a los estudiantes fue que la medida se aplicó cuando ya se había iniciado el año lectivo.
Los iniciadores de la protesta fueron: Clara Celina Medina Sagahón, Ramón Reyes Alpízar, Juan Ramos Tinoco e Ildefonso Cristfield Grayeb, entre otros.
Como primer paso se entrevistaron con el director de la escuela Rafael Cobos Fernández y sus principales colaboradores, pero recibieron como respuesta el argumento de que por tratarse de una escuela particular se podía aumentar la colegiatura a su libre albedrio.
El desaire enardeció a otros estudiantes que habían permanecido indiferentes. Secundaron el movimiento los activistas Carlos Suárez, Abraham Pérez Soto, Columba Vidal Pulido, Porfirio Vigueras González, Heriberto Espinoza Bastián, Javier Vergara, Adelaido González, Raúl Ibarra y otros más.
Pero justo en esos días, la empresa transportista anunció un incremento en las tarifas de pasaje, lo que aumentó la irritación entre la grey estudiantil
Este fue el detonante para adoptar como medida de presión y ser atendidos en su demanda, una táctica de moda: secuestraron cuatro autobuses y los encerraron en el patio de la escuela. Las unidades pertenecían a la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Coatzintla, S. C. L., la única que prestaba este servicio en la ciudad.
Los choferes amedrentados obedecían las órdenes de la iracunda muchachada, y unos minutos después eran liberados por sus captores. Se iban apresurados a informar a sus patrones.
En pocos minutos esta noticia alarmante por inusual recorrió todos los puntos de la ciudad, pero donde mayor impacto causó fue en los centros educativos. El desplante de rebeldía y audacia cundió.
Enrique Alcaraz “El Chihuahua”, dirigente de la sociedad de alumnos de la ESBO y Ciro Cruz de la preparatoria Gabino Barreda, secuestraron algunos autobuses y los depositaron junto a los otros a manera de cooperación. En total fueron catorce las unidades que cayeron en poder de la fuerza juvenil. Amenazaban con quemarlos como se hacía en otras ciudades.
Brigadas de estudiantes recorrieron las escuelas de Poza Rica solicitando apoyo al movimiento y recibieron solidaridad y compañerismo. Obviamente, esta contrariedad afectó a los pasajeros que usaban habitualmente este medio de transporte.
Las autoridades mostraron preocupación y desconcierto. La opinión pública sorpresa y alarma, ante un suceso conocido a través de los medios de comunicación pero ahora era tangible, se vivía en carne propia, en vivo.
Fue cuando se constituyó el Comité de Huelga. Se colocaron banderas rojinegras en los principales accesos. Ya los directivos y el personal habían desalojado las oficinas. Algunos estudiantes dejaron de asistir. Los disidentes vigilaron las instalaciones. Las personas que pasaban frente a la escuela contemplaban con extrañeza el edificio escolar en poder de los alumnos “por subir la colegiatura”.
Los cabecillas de la protesta, colateralmente incrementaron sus reclamos mediante la publicación de un pliego petitorio, exigiendo, además de que las colegiaturas volvieran al precio anterior (y las tarifas de pasaje también), que se mejoraran los laboratorios de física y química, el servicio de biblioteca, se arreglaran los talleres, y más apoyo para el deporte y la cultura. Para que “solde” y no despegue dice el pueblo.
Los afectados directos por el alza de las colegiaturas fueron los padres de familia, en mayor medida, los que tenían dos o tres hijos inscritos en el colegio. Al renovarse la directiva de padres de familia en meses pasados, había quedado integrada de la siguiente manera:
Ing. Carlos Basañez, presidente; Ing. Luis Debese, vicepresidente; Jorge Rosas Cobos, secretario; Enrique Arocha, prosecretario; Ing. Roberto Romero, tesorero. Los vocales fueron: Galdino Parra, Gilberto Gómez y Humberto Villegas. El comité de vigilancia: Rubén Olivier, Ángel Paz, Marina Díaz de Hernández y José Casados.
En ese tiempo estaba planteada la pugna entre el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Salvador Díaz Mirón y la sociedad civil.
Los altibajos de la política magisterial habían polarizado las diferencias. El sindicato pretendía desplazar al grupo de maestros con mayor antigüedad y cambiar la estructura administrativa de la escuela. Destituir a los subdirectores por negligencia, y mantener el paro mientras no se cumpla esta petición. Aceptaba que el maestro Rafael Cobos continuara como director, en tanto se resolviera el problema definitivamente. La agitación se propagaba de manera asombrosa.
Por convenir a sus propósitos, coyunturalmente los maestros respaldaron el movimiento. Ellos fueron: Enrique Cervantes Mayén, Miguel Peralta, Celestino y Oscar Bautista, Anastasio García Fuentes, Graciela Patricia Gómez, Miguel Ángel Granados López, Guillermo Pérez García, Adán Ponce Zavala y algunos más.
Pero sucedió que intempestivamente el movimiento se desbordó, los dirigentes fueron rebasados por la turba estudiantil que aprovechó las circunstancias sin autoridad y sin control, para saquear “la cooperativa” que tenía en concesión don Miguel.
Ya cuando había transcurrido una semana de haber sido suspendidas las clases, el presidente municipal Dr. Maximino Ledezma Muñoz y el síndico, Enrique Cervantes Mayén (cabeza del sindicato, confrontado con el profesor Rafael Cobos), llamaron a los estudiantes a dialogar, pero fue muy poco lo que se pudo avanzar. El munícipe comunicó a los funcionarios del gobierno en la capital del estado el estado de cosas.
De inmediato, para destrabar el conflicto con los inconformes, llegaron de Xalapa algunos funcionarios de la Secretaría de Educación, pero el caso es que la clave de la escuela la había otorgado la Secretaría de Educación Pública. El asunto no era de su incumbencia.
Los dirigentes estudiantiles fueron conminados a dialogar con el profesor Herculano Torres Montalvo, representante de su jefe inmediato maestro Arquímedes Caballero Ceballos, director de Enseñanza Media en la SEP.
El funcionario esgrimió como argumento que al inscribirse el alumno acepta el monto de la colegiatura. Durante dos días se prolongaron las pláticas. El subdirector Torres Montalvo insistía en que la administración de la escuela no le atañe a la SEP, que solo interviene en el aspecto académico. Los estudiantes sostenían empecinados que el alza de colegiaturas debió notificarse al momento de la inscripción, no cuando ya se hubieran iniciado las clases.
Participaban en esas reuniones con las autoridades de la SEP, los integrantes del Comité de Huelga, los padres de familia y los estudiantes del turno nocturno. La prensa reseñaba la noticia escandalosamente.
En el curso de estos acontecimientos, trascendió que algunos líderes del movimiento fueron agredidos por personas desconocidas. Por otra parte, los padres de familia proporcionaban alimentos a los huelguistas y vigilaban su integridad física dentro del colegio.
Mientras tanto, el Sr. Austreberto Alarcón, representante de la empresa de autotransporte, reclamaba la devolución de los autobuses; aducía con vehemencia, que se estaba obstruyendo un servicio público con las consiguientes molestias para los usuarios y las unidades se deterioraban.
El 28 de febrero de 1974 a las 19:00 horas, en el palacio municipal se reunieron, el Lic. Humberto Troncoso Olivares, representante del gobierno del estado, el Dr. Ledezma, Austreberto Alarcón, Tomás Jimate Solís, secretario de la delegación 32 de choferes, y los dirigentes estudiantiles, Ramón Reyes Alpízar, Ildefonso Cristfield, Martha Chegue, Ana Batilde Martínez Mendoza, Abel Soto, Ricardo Aguilar Zubiaga, Eduardo Morato Reyes y Roberto Martínez López, para levantar el acta de los acuerdos con que se finiquitaba este engorroso problema:
Mantener los precios del pasaje establecidos en las tarifas anteriores: 45, 55 y 25 centavos, este último a los estudiantes con credencial. Integrar una comisión mixta para estudiar el incremento al pasaje de acuerdo a un estudio que se concluirá el 11 de marzo; entregar las unidades y dejar sin efecto cualquier derivación de responsabilidad penal sobre los daños que hayan sufrido las unidades.
En el otro frente de lucha, se llegó al acuerdo de restablecer el precio anterior de la colegiatura. La dirección se comprometió a no ejercer represalias contra maestros o estudiantes.
Al señor Miguel se le devolvió la tienda concesionada por la dirección de la escuela, que no “cooperativa” (pues su constitución y funcionamiento no se apegan a los lineamientos de la Ley de Sociedades Cooperativas), y se le impuso la condición de bajar el precio a los productos que de manera monopólica ahí expende a precios alterados
Los estudiantes entendieron claramente que la parte más delicada del manejo del movimiento era evitar que se contaminara con la lucha de los maestros por el control de la escuela y la directiva a cargo del profesor Rafael Cobos. Esta pugna prosiguió.
El 10 de septiembre de 1974 en las oficinas de la SEP en la ciudad de México se firmó un convenio en el que participaron, el profesor Arquímedes Caballero, director general de Enseñanza Media, los jefes de departamento de escuelas preparatorias y escuelas particulares, Salvador Lima Gutiérrez y Rubén Magaña Ávila, los directivos de la Institución de Maestros de Segunda Enseñanza, A. C., Juan Olmedo, Homero Quiroz y Anastasio García Fuentes, y el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Salvador Díaz Mirón representado por Enrique Cervantes Mayén, Juan López Joachín y Miguel Peralta Vidal.
En este importante documento acordaron la fusión de los dos organismos para integrar el “Colegio Salvador Díaz Mirón, Sociedad Civil”. (Del libro La Final Victoria).*
Columnistas
De los Ángeles a los Demonios. Día Mundial del Medio Ambiente: Reimagina, recrea, restaura
Dra. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón
Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia
El próximo cinco de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que su trascendencia es considerada como la fecha más importante del calendario en materia medioambiental; los antecedentes de su instauración se remontan a junio de 1972, cuando Naciones Unidas realizó la primera gran conferencia sobre el medio humano, la cual tuvo lugar en Estocolmo, Suecia.
Como resultado de este coloquio, el 15 de diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General de la ONU en donde se aprobó la resolución A/RES/2994/XXVII, la cual estableció el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de exhortar a los gobiernos y a las organizaciones para emprender actividades encaminadas a proteger nuestro planeta.
Es preciso señalar que durante la mencionada reunión también se aprobó la resolución que dio origen al programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, cuyo objetivo principal es promover el uso racional de los recursos naturales e impulsar el desarrollo sostenible.
Durante este año, el Día Mundial del Medio Ambiente estará enfocado en crear conciencia sobre la importancia de cuidar los ecosistemas; bajo el lema “reimagina, recrea, restaura” desde Pakistán, sede de esta celebración, se darán a conocer las estrategias orientadas a prevenir, detener y revertir el daño causado a la naturaleza, además de que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
La cooperación internacional ha traído como resultado un impacto positivo en el desarrollo del derecho ambiental, produciendo importantes cambios legislativos e institucionales en los países; desde la década de los setenta a la actualidad, México ha firmado 77 Tratados Internacionales o acuerdos interinstitucionales en la materia, entre los que destacan la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Por cuanto hace a la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo cuarto, párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, además de establecer que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
La Reforma Constitucional que incluyó este derecho humano, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, no obstante que desde 1988 se promulgó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la cual establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y tiene entre sus objetivos definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación.
Actualmente se encuentran en vigor quince leyes de aplicación nacional en materia medioambiental, así como reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) derivadas de éstas, además cada entidad federativa cuenta con una ley local de protección al medio ambiente.
Por cuanto hace a las autoridades federales encargadas de promover el cuidado a la naturaleza, las más importantes son: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo objetivo es brindar garantía al desarrollo sustentable y al equilibrio ambiental, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y salvaguardar los intereses de la población en temas relacionados con la naturaleza, además de sancionar a las personas físicas y morales que violen la legislación ambiental.
Asimismo, existen numerosas fundaciones y asociaciones cuyas acciones están encaminadas a proteger la naturaleza, tales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Pronatura, sin embargo, debemos estar conscientes que preservar nuestro planeta es una tarea que nos corresponde a todas las personas, toda vez que nuestra supervivencia y bienestar dependen de su cuidado y protección.
Por José Roberto Ruiz Saldaña
Recientemente tuve la oportunidad de exponer de forma virtual, a invitación de la Casa de la Cultura Jurídica Veracruz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Ximenes Lopes vs Brasil (2006). Se trata no solo del primer pronunciamiento convencional sobre los derechos de las personas con discapacidad mental, sino de una sentencia clara y contundente que fija los estándares de actuación de los Estados parte en servicios de salud mental.
El asunto se originó con motivo de lo sucedido al señor Damião Ximenes Lopes quien en octubre de 1999 ingresó, por segunda vez, a una clínica de salud mental privada por problemas de nervios, pues no quería comer ni dormir y no tomaba sus medicinas. No obstante que su ingreso se dio en perfecto estado físico, sin señales de agresividad ni lesiones corporales externas, entró en un baño del que se negaba a salir, por lo que fue dominado y retirado a la fuerza por un auxiliar de enfermería y otros pacientes; a la postre fue sometido a contención física la cual duró toda la noche; en la mañana su madre lo visitó y lo encontró sangrando, con hematomas, con dificultad para respirar, agonizante, aún sometido; finalmente murió.
En la sentencia destacan, entre otras, las consideraciones de la Corte IDH en torno a las obligaciones de los Estados así como la especial atención a las personas con enfermedad mental. Por lo que respecta el primer aspecto, la instancia internacional sostuvo que los Estados tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal; en este sentido, los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, independientemente si la entidad que la presta es de carácter público o privado; así, los Estados son responsables tanto de regular permanentemente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, como de crear mecanismos para inspeccionar y fiscalizar las instituciones y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales para casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes.
Por su parte, en relación a la especial atención a personas con discapacidad mental, la Corte IDH sostuvo que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial; que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación por su condición, por lo que los Estados deben adoptar medidas para eliminarla; que de hecho las personas con discapacidad que son sometidas a tratamientos en instituciones psiquiátricas son particularmente vulnerables a la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante; asimismo, que los Estados deben garantizar que se preserven los derechos de los pacientes de instituciones psiquiátricas de recibir un tratamiento digno, humano, profesional y ser protegidos contra explotación, abuso y degradación.
Esta sentencia, cabe decir, ha prácticamente iniciado una línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de debida gestión de servicios de salud, esto es, ha guiado razonamientos en casos en que se han visto afectados distintas modalidades del derecho a la salud, como en los Casos Suárez Peralta vs Ecuador (2013), I.V. vs Bolivia (2016) y, más recientemente, Poblete Vilches vs Chile (2018). Su importancia radica en que la Corte IDH ha dejado muy claro el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, es más, el Estado no solo debe regular y fiscalizar las instituciones de salud sino que tiene el especial deber de cuidado en relación con las personas ahí internadas.
Este precedente interamericano no obliga solo a Brasil sino a todos los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos por lo que hace a exigibilidad en los parámetros de actuación en tales servicios de salud. Con esa sentencia y todas aquellas con línea jurisprudencial en torno a dicho derecho, en México se debe regular y fiscalizar aún más los servicios de salud.
Consejero electoral del INE
@Jose_Roberto77
“Poza Rica, experta en refinerías. Sueños moluscos, realidades invertebradas”
Por Lic. Héctor Hugo Viveros G. Saldaña.
Poza Rica es una ciudad que cuenta en su historia, la historia de la industria petrolera de México. En resumidas cuentas, explotación de recursos naturales, fuga de dinero, sostenimiento de infraestructura y plantilla laboral por razones políticas y no técnicas, contaminación y crisis.
Desde hace décadas, la producción de hidrocarburos en Poza Rica dejó de ser suficiente para sostener el mantenimiento de la infraestructura y la plantilla laboral de los años 80’s. El problema adyacente es que la comodidad en las jornadas laborales y las altas prestaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos eran inalcanzables para cualquier otro empleador. Ahora son inalcanzables para Pemex. Los accidentes fatales también se han hecho presentes.
Desde hace años, los criterios para sostener la infraestructura y la plantilla laboral responden al interés político más que una estrategia comercial financieramente sostenible, y como en muchas cosas, la pandemia nos vino a enfrentar con la realidad y la contratación de más plantilla laboral para simular una recuperación económica inexistente en la empresa que se vio obligada a detenerse.
El último suspiro de recuperación de esa industria en esta región sucedió en el sexenio 2006-2012. Las estrategias de Calderón reactivaron momentáneamente la industria, pero la inversión privada nacional y extranjera no soporta las deudas millonarias con las que Pemex operó durante mucho tiempo. Después de hacer quebrar a varias empresas, la realidad dejó de nuevo sin empleo a decenas de miles y a varias empresas quebradas por los créditos otorgados a Pemex. A la fecha, un contrato de Pemex ya no es recibido como garantía en préstamos, porque a pesar de que el Presidente declara que la corrupción y el robo de hidrocarburos ya se erradicaron, la realidad es que Pemex garantiza su necesidad pero no el pago por la obra ejecutada, los servicios prestados o los productos adquiridos. Esto es una realidad persistente y el retraso en los pagos de deuda han producido la pérdida de miles de empleos y la desaparición de decenas de empresas que quebraron esperando el pago de Pemex.
La ganancia de votos que genera las promesas de esos años de gloria, por cierto inexistentes, es una realidad molusca como su promotor: sin estructura y sin sustento, con pies y cabeza, pero sin huesos que lo sostenga.
Además, depender de una industria que explota recursos no renovables tiene un sólo destino: su desaparición de la industria junto con el recurso que explota. La opción es la fractura de la piedra porosa, técnica que condena a la muerte a la flora y fauna endémica del lugar en el que se practica, lo cual es un hecho demostrado y documentado en todo el mundo. A mediano y largo plazo la migración generada por el desempleo habría que sumarle la migración generada por la contaminación, de por sí ya grave, de los mantos acuíferos de los que se obtiene el agua potable de la ciudad. El costo de salvar la industria es matar al medio ambiente y los otros recursos para el sustento de la vida humana.
Seguir viviendo de la industria que está condenando al planeta a un periodo de extinción de especies semejante al del pérmico-triásico no es por ningún motivo una opción ética, y tampoco debería ser el centro de la propuesta de recuperación económica.
Poza Rica, necesita asumir la realidad de los hechos: 1) Pemex aprendió aquí, que los complejos petroquímicos son insostenibles ante determinadas circunstancias, y los trabajadores de la empresa saben bien porque aquí no es negocio; 2) El mayor número de empleos y productividad de la ciudad dependen de otras actividades terciarias en las que Pemex no interviene; 3) Cada 3, 4 o 6 años escuchamos el mismo discurso que promete una mega inversión para Pemex y esta nunca llegó ni llegará, prueba de ello es que ante la disposición de once mil millones de pesos, Pemex prefirió implementarlos en el extranjero y no en Poza Rica; 4) Es necesario entender y comprender que impulsar una industria que tiene como resultado final la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento del promedio mundial de la temperatura global es éticamente insostenible; 5) La mejor opción es emanciparse de Pemex y apuntalar el desarrollo económico de la ciudad a otras actividades comerciales, que dependan menos de la intervención política y más de la innovación ciudadana; y 6) Cuando el gobierno federal tuvo dinero para invertir en la industria, Poza Rica no fue una opción, a pesar de un alcalde, diputada local, que además es presidenta del Congreso del Estado y una diputada federal que hoy busca reelegirse y al gobernador del estado que pertenecen al mismo partido político del Presidente, no mandaron dinero ni para pagar la deuda de Pemex o para reactivar la economía de la ciudad que se rindió a sus pies en las urnas en las últimas 3 elecciones.Contacto: