Poza Rica, Ver.- Consultas externas, medicina de especialidad y todo tipo de cirugías, son ofertadas en múltiples clínicas particulares que se han establecido de manera  irregular y sin permisos sanitarios que deberían ser expedidos por la Secretaría de Salud. Médicos especialistas advierten que la salud de la población que acude a esos lugares está en riesgo, por no saber si quienes operan estos centros médicos son personal certificado o se trata de clínicas y médicos patitos. Medios entrevistados aseguran que es urgente que se supervise la construcción y establecimiento de estas unidades médicas para detectar fallas, o de lo contrario, la Secretaría de Salud se volvería cómplice de alguna omisión que bien pudiera ser evitada.
Hasta ahora preocupa el hecho que señalan, acerca de que algunas personas han muerto en estas clínicas bajo circunstancias extrañas; “basta ser médico general y un poco de dinero para poner una clínica y ostentarse como especialista sin serlo; eso es un crimen grave”, asegura un médico cirujano.

COMPLACENCIA DE COFEPRIS
Ante la complacencia de la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria 3, estas clínicas que ofrecen todo tipo de servicios médicos se instalan sin contar con la infraestructura adecuada para funcionar como clínicas u hospitales. El asentamiento de los mismos es preocupante, pues no todos cuentan con la documentación en regla, empezando por la licencia sanitaria y las debidas medidas de higiene.
Es de destacar que este problema, cada vez más recurrente, deriva de la crisis en salud por la que atraviesa el estado, lo que ha despertado la ambición de empresarios y médicos que emprenden estos negocios para sacar provecho, pues con total facilidad logran operar sin restricción alguna, llamando la atención, primero, el como la Secretaría de Salud no intenta mejorar su atención en centros de salud y hospitales, y con ello se obliga a los pacientes a recurrir a estos centros médicos, es ahí donde justamente la misma SSA solapa toda irregularidad.
Tras la investigación de este medio, quedó al descubierto que algunos de estos nosocomios o clínicas, tan sólo son edificios acondicionados como clínicas particulares, o en el peor de los casos son improvisados para poder atender.

ES NECESARIO QUE SE VERIFIQUEN

En este sentido, el familiar de un paciente dijo que hace algunos meses acudió a conocido hospital particular, donde no sólo se sorprendió de los costos, sino también porque el edificio parece no estar diseñado para ser hospital.
Según las normas encargadas de regular estas empresas (una de ellas la NOM-027-SSA3-2013), una vez que estos negocios se instalan deben avisar a la Cofepris sobre el funcionamiento, así como de notificar quien es el responsable sanitario; se debe supervisar la ubicación, la construcción (si es una obra nueva), para lo cual también deben obtener un permiso sanitario de construcción.
OPERAN EN POZA RICA Y TIHUATLÁN
Estos negocios se han instalado en Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla, principalmente, y aunque pareciera ser que cuentan con equipo especializado como quirófanos, las normas oficiales mexicanas aplicables para la regulación de los servicios de salud son claros, al establecer los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias en este tipo de clínicas, sobre todo para evitar un riesgo a la población.
Hasta ahora extraña como la Jurisdicción Sanitaria No. 3, a cargo del doctor Emiliano García de León se cruza de brazos mientras estos negocios operan sin ningún tipo de regulación, al grado de que la promoción de estos servicios se hace mediante redes sociales a la vista de todos.
Y al preguntar a trabajadores de la salud el por qué la desmedida creación de estas clínicas en la zona, la respuesta es sencilla: han hallado en la salud un verdadero negocio, aprovechando la crisis en salud que se vive en hospitales del estado, y con esto -indican-, no sólo se habla de los altos costos de atención, sino también porque mantienen convenio con aseguradoras y otros médicos que prestan sus servicios ahí para cobrar como mínimo 100 mil pesos por tratar a un paciente, así su padecimiento sea mínimo.
Finalmente, los galenos exigieron que la jurisdicción sanitaria acuda a supervisar estas unidades médicas con el fin de detectar si cumplen con las normas aplicables o ponen en riesgo la salud de sus pacientes; la existencia de salidas de emergencia, entradas para discapacitados y tener a la vista sus permisos, es lo que deberá verificar la SSA, o de lo contrario, emitir las sanciones correspondientes y en su caso, clausura definitiva.