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De los Ángeles a los Demonios

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La semana pasada, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó públicamente una propuesta de iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de recibir comentarios de la ciudadanía y la academia para enriquecerla antes de presentarla formalmente ante el Senado de la República.

La propuesta se difundió rápidamente generando controversia y despertando todo tipo de comentarios, muchos de ellos motivados por el desconocimiento debido a la falta de lectura del documento, dando como resultado la emisión de juicios a priori que asociaron la regulación de redes sociales con un intento de censura a quienes usamos estas plataformas.

Lejos de vulnerar algún derecho humano, el proyecto materializa una de las obligaciones del Estado mexicano, consistente en dotar a los habitantes de los mecanismos necesarios e indispensables que posibiliten el ejercicio del derecho de libertad de expresión, pues pretende establecer límites claros a los propietarios de plataformas de redes sociales relevantes, -entendidas como aquellas personas físicas o morales, con más de un millón de suscriptores-, respecto de la suspensión y/o cancelación de cuentas, o bien, de la eliminación de contenidos, dotando al Instituto Federal de Telecomunicaciones de las atribuciones necesarias para garantizarlo.

Lo anterior a través de un procedimiento que busca en primera instancia que sean los propietarios junto con los usuarios quienes resuelvan los temas relacionados con la suspensión o cancelación de cuentas y eliminación de contenidos.

Este procedimiento deberá ser expedito y resolverse en un plazo no mayor a 24 horas, en caso de que tal reclamación no sea resuelta en el plazo señalado o se niegue el levantamiento de la cancelación o suspensión, el usuario podrá interponer una queja ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, además, se establece que, contra la resolución emitida por el instituto, procederá el juicio de amparo en términos del artículo 28 constitucional.

Otro aspecto relevante es la prohibición de cancelar cuentas de manera definitiva a través de algoritmos, para lo cual se instituye a las plataformas contar con un área especializada en libertad de expresión y derechos humanos a efecto de que las decisiones sean tomadas por personal calificado.

Asimismo, se precisa que, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación aplicable, la regulación de todo lo relacionado con las redes sociales y los sujetos obligados en materia político-electoral, corresponderá al Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta señala que los términos y condiciones de servicio deberán atender lo dispuesto por los artículos 6° y 7° de la Constitución, debiendo prever lo siguiente: que se protejan los derechos de los menores de edad, se elimine la difusión de mensajes de odio, se evite la propagación de noticias falsas y se protejan los datos personales.

En este sentido, se busca maximizar la libertad de expresión de las personas usuarias de redes sociales a través de reglas y procedimientos claros que incorporen la garantía de audiencia, respeten el acceso a la justicia de los usuarios para evitar que sean sujetos de suspensiones o cancelaciones arbitrarias.

No obstante, el proyecto tiene áreas de oportunidad que merecen ser contempladas, tales como: incluir el requisito de malicia efectiva, sobre el que ya existe pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se requiere una mención especial sobre las cuentas automatizadas conocidas comúnmente como bots y precisar los conceptos empleados para evitar ambigüedades, además de que será necesario establecer redes de cooperación con el Instituto Nacional de Transparencia, con la finalidad de proteger y salvaguardar los datos personales de los usuarios.

En virtud de lo anteriormente expuesto, los invito a leer la propuesta y analizarla a fondo, así como a participar en el proceso de debate en aras de enriquecerla y contribuir al proceso de creación de mecanismos que brinden seguridad jurídica a nuestra vida en el ciberespacio.

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PROYECTO COVAX ¿ESTÁ RESULTANDO?

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Columna: Palabra de Mujer.

Mtra. Lilia Christfield Lugo

Catedrática y asesora de Congreso del estado de Veracruz.

En una etapa temprana de esta pandemia, rápidamente se hizo evidente que para poner fin a esta crisis global no solo necesitamos vacunas COVID-19, también debíamos asegurarnos de que todos en el mundo tengan acceso a ellas. Esto provocó que los líderes mundiales pidieran una solución que acelerara el desarrollo y la fabricación de las vacunas COVID-19, así como los diagnósticos y tratamientos, y garantizara un acceso rápido, justo y equitativo a las mismas para las personas en todos los países. Esa propuesta de solución fue denominada: Covax. Y es categorizada como uno de los tres pilares del acelerador de acceso a herramientas COVID-19 (ACT), que fue lanzado en abril por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y Francia en respuesta a esta pandemia. Reunir a gobiernos, organizaciones de salud globales, fabricantes, científicos, sector privado, sociedad civil y filantropía, con el objetivo de brindar acceso innovador y equitativo a los diagnósticos, tratamientos y vacunas de COVID-19. El pilar Covax se centra en este último y algunos la han llamada como la única solución verdaderamente global para esta pandemia, porque es el único esfuerzo para garantizar que las personas en todos los rincones del mundo tengan acceso a las vacunas COVID-19, independientemente de su riqueza, para las naciones financiadas con ingresos más bajos, que de otro modo no podrían pagar estas vacunas, así como para una serie de países autofinanciados de ingresos más altos que no tienen acuerdos bilaterales con los fabricantes. Para los países más ricos que se autofinancian, algunos de los cuales también pueden estar negociando acuerdos bilaterales con los fabricantes de vacunas, sirve como una póliza de seguro invaluable para proteger a sus ciudadanos, tanto directa como indirectamente.

¿Está resultando para los países realmente como se tenía proyectado Covax?

El gobierno de México dijo que está preocupado por la desigual distribución de las vacunas contra la enfermedad de COVID-19 a nivel mundial, en especial por el acaparamiento de vacunas que se está dando por algunos países. Por ello es que la semana pasada, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, planteó ante el Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas que es inadmisible que 10 países concentren casi 80% de las vacunas del mundo.

Al momento considero que la ONU debe intervenir mas enérgicamente para evitar el acaparamiento de las vacunas por unos cuantos países y evitar así el acceso desigual e injusto, ya que en esta iniciativa Covax se instó a los países a sumarse con el objetivo de que se diera una repartición equitativa y también se apoyara oportunamente a los países mas desfavorecidos. Diversas naciones aun siguen esperando que Covax de resultados como el único instrumento multilateral para garantizar el acceso universal a las tan anheladas y necesarias vacunas contra el COVID 19.

[email protected] invito a que me sigan en mis redes sociales. Facebook: Lilia Christfield Lugo. Instagram y Twitter:@lilichristfield  Hasta la próxima.

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Parlamento Veracruz. Cumplirle a la UV

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*Juan Javier Gómez Cazarín*

La sensación de deber dinero es terrible. ¿Quién en su vida nunca ha estado así? Pero creo que hay una calamidad que se padece con todavía más virulencia: deber dinero porque alguien más nos debe dinero a nosotros.

El desasosiego del “quiero pagar, pero el que me debe a mí no me paga”. O el famosísimo “me da pena con mi casero, pero mi jefe no me ha pagado a mí”. Exactamente eso vivía la Universidad Veracruzana, metida en problemas financieros que la mantuvieron al borde del colapso no por culpa suya, sino de los anteriores gobiernos del estado que omitieron transferirle el presupuesto que le correspondía (que es la forma elegante de decir que se robaron el dinero que era para la UV).

Así que fue un platillo agridulce el que degustamos diputadas y diputados la semana pasada, cuando aprobamos una ampliación presupuestal de más de mil 682 millones de pesos para que la Universidad Veracruzana pudiera saldar definitivamente su adeudo con el Sistema de Administración Tributaria.

Agridulce porque, por un lado, nos dio muchísimo gusto contribuir a que nuestra máxima casa de estudios cerrara, por fin, el capítulo negro del boquete financiero que le provocaron gobiernos pasados; pero al mismo tiempo lamentamos que, a pesar de que han pasado varios años, veracruzanas y veracruzanos sigamos pagando los platos rotos.

La deuda original era de 500 millones -un dineral de por sí-, pero con las multas y recargos se fue a más del triple, porque la deuda se originó desde el 2014 y 2015, cuando Veracruz estaba en manos de la peor pandilla de saqueadores en los casi dos siglos de vida que tiene nuestro país.

Como era un adeudo en cascada, el ordenamiento financiero de la UV implica, de paso, avanzar un peldaño más en el saneamiento del propio gobierno del estado que, obviamente, no le debía sólo a la Universidad sino a todo el mundo. (Tan solo ese mismo día, aprobamos la ampliación presupuestal de más de 347 millones para la Fiscalía General del Estado que andaba por las mismas, con adeudos al SAT de los ejercicios 2014 y 2015).

No sé si vale la pena atormentarse sacando cuentas de lo que se podría haber hecho en materia de salud o de espacios educativos -incluso para la propia UV- en el 2021, con esos mil 682 millones de pesos si alguien no se hubiera robado aquellos 500 millones hace un sexenio. Lo que sí vale la pena es tener fresco en la memoria lo que aquella gente y el grupo político al que pertenecían le hicieron a Veracruz.

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política.*

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COLEGIATURAS Y PASAJES. Por Leonardo Zaleta.

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Por Leonardo Zaleta.

Cronista de la ciudad.

El 7 de febrero de 1974, al filo de las 14:00 horas, al influjo de las grandes agitaciones juveniles similares que conmovieron al mundo, estalló en Poza Rica un movimiento protagonizado por los alumnos del Colegio Salvador Díaz Mirón.

El móvil fue un movimiento de rechazo al incremento de las colegiaturas, de 175 a 200 pesos mensuales en el nivel secundaria, y de 200 a 225 en preparatoria. Lo que enfureció a los estudiantes fue que la medida se aplicó cuando ya se había iniciado el año lectivo.

Los iniciadores de la protesta fueron: Clara Celina Medina Sagahón, Ramón Reyes Alpízar, Juan Ramos Tinoco e Ildefonso Cristfield Grayeb, entre otros.

Como primer paso se entrevistaron con el director de la escuela Rafael Cobos Fernández y sus principales colaboradores, pero recibieron como respuesta el argumento de que por tratarse de una escuela particular se podía aumentar la colegiatura a su libre albedrio.

El desaire enardeció a otros estudiantes que habían permanecido indiferentes. Secundaron el movimiento los activistas Carlos Suárez, Abraham Pérez Soto, Columba Vidal Pulido, Porfirio Vigueras González, Heriberto Espinoza Bastián, Javier Vergara, Adelaido González,  Raúl Ibarra y otros más.

Pero justo en esos días, la empresa transportista anunció un incremento en las tarifas de pasaje, lo que aumentó la irritación entre la grey estudiantil

Este fue el detonante para adoptar como medida de presión y ser atendidos en su demanda, una táctica de moda: secuestraron cuatro autobuses y los encerraron en el patio de la escuela. Las unidades pertenecían a la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Coatzintla, S. C. L., la única que prestaba este servicio en la ciudad.

Los choferes amedrentados obedecían las órdenes de la iracunda muchachada, y unos minutos después eran liberados por sus captores. Se iban apresurados a informar a sus patrones.

En pocos minutos esta noticia alarmante por inusual recorrió todos los puntos de la ciudad, pero donde mayor impacto causó fue en los centros educativos. El desplante de  rebeldía y audacia cundió.

Enrique Alcaraz “El Chihuahua”, dirigente de la sociedad de alumnos de la ESBO y Ciro Cruz de la preparatoria Gabino Barreda, secuestraron algunos autobuses y los depositaron junto a los otros a manera de cooperación. En total fueron catorce las unidades que cayeron en poder de la fuerza juvenil. Amenazaban con quemarlos como se hacía en otras ciudades.

Brigadas de estudiantes recorrieron las escuelas de Poza Rica solicitando apoyo al movimiento y recibieron solidaridad y compañerismo. Obviamente, esta contrariedad afectó a los pasajeros que usaban habitualmente este medio de transporte.

Las autoridades mostraron preocupación y desconcierto. La opinión pública sorpresa y alarma, ante un suceso conocido a través de los medios de comunicación pero ahora era tangible, se vivía en carne propia, en vivo.

Fue cuando se constituyó el Comité de Huelga. Se colocaron banderas rojinegras en los principales accesos. Ya los directivos y el personal habían desalojado las oficinas. Algunos estudiantes dejaron de asistir. Los disidentes vigilaron las instalaciones. Las personas que pasaban frente a la escuela contemplaban con extrañeza el edificio escolar en poder de los alumnos “por subir la colegiatura”.

Los cabecillas de la protesta, colateralmente incrementaron sus reclamos mediante la publicación de un pliego petitorio, exigiendo, además de que las colegiaturas volvieran al precio anterior (y las tarifas de pasaje también), que se mejoraran los laboratorios de física y química, el servicio de biblioteca, se arreglaran los talleres, y más apoyo para el deporte y la cultura. Para que “solde” y no despegue dice el pueblo.

Los afectados directos por el alza de las colegiaturas fueron los padres de familia, en mayor medida, los que tenían dos o tres hijos inscritos en el colegio. Al renovarse la directiva de padres de familia en meses pasados, había quedado integrada de la siguiente manera:

Ing. Carlos Basañez, presidente; Ing. Luis Debese, vicepresidente; Jorge Rosas Cobos, secretario; Enrique Arocha, prosecretario; Ing. Roberto Romero, tesorero. Los vocales fueron: Galdino Parra, Gilberto Gómez y Humberto Villegas. El comité de vigilancia: Rubén Olivier, Ángel Paz, Marina Díaz de Hernández y José Casados.

En ese tiempo estaba planteada la pugna entre el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Salvador Díaz Mirón y la sociedad civil.

Los altibajos de la política magisterial habían polarizado las diferencias. El sindicato pretendía desplazar al grupo de maestros con mayor antigüedad y cambiar la estructura administrativa de la escuela. Destituir a los subdirectores por negligencia, y mantener el paro mientras no se cumpla esta petición. Aceptaba que el maestro Rafael Cobos continuara como director, en tanto se resolviera el problema definitivamente. La agitación se propagaba de manera asombrosa.

Por convenir a sus propósitos, coyunturalmente los maestros respaldaron el movimiento. Ellos fueron: Enrique Cervantes Mayén, Miguel Peralta, Celestino y Oscar Bautista, Anastasio García Fuentes, Graciela Patricia Gómez, Miguel Ángel Granados López, Guillermo Pérez García, Adán Ponce Zavala y algunos más.

Pero sucedió que intempestivamente el movimiento se desbordó, los dirigentes fueron rebasados por la turba estudiantil que aprovechó las circunstancias sin autoridad y sin control, para saquear “la cooperativa” que tenía en concesión don Miguel.

Ya cuando había transcurrido una semana de haber sido suspendidas las clases, el presidente municipal Dr. Maximino Ledezma Muñoz y el síndico, Enrique Cervantes Mayén (cabeza del sindicato, confrontado con el profesor Rafael Cobos), llamaron a los estudiantes a dialogar, pero fue muy poco lo que se pudo avanzar. El munícipe comunicó a los funcionarios del gobierno en la capital del estado el estado de cosas.

De inmediato, para destrabar el conflicto con los inconformes, llegaron de Xalapa algunos funcionarios de la Secretaría de Educación, pero el caso es que la clave de la escuela la había otorgado la Secretaría de Educación Pública. El asunto no era de su incumbencia.

Los dirigentes estudiantiles fueron conminados a dialogar con el profesor Herculano Torres Montalvo, representante de su jefe inmediato maestro Arquímedes Caballero Ceballos, director de Enseñanza Media en la SEP.

El funcionario esgrimió como argumento que al inscribirse el alumno acepta el monto de la colegiatura. Durante dos días se prolongaron las pláticas. El subdirector Torres Montalvo insistía en que la administración de la escuela no le atañe a la SEP, que solo interviene en el aspecto académico. Los estudiantes sostenían empecinados que  el alza de colegiaturas debió notificarse al momento de la inscripción, no cuando ya se hubieran iniciado las clases.

Participaban en esas reuniones con las autoridades de la SEP, los integrantes del Comité de Huelga, los padres de familia y los estudiantes del turno nocturno. La prensa reseñaba la noticia escandalosamente.

En el curso de estos acontecimientos, trascendió que algunos líderes del movimiento fueron agredidos por personas desconocidas. Por otra parte, los padres de familia proporcionaban alimentos a los huelguistas y vigilaban su integridad física dentro del colegio.

Mientras tanto, el Sr. Austreberto Alarcón, representante de la empresa de autotransporte, reclamaba la devolución de los autobuses; aducía con vehemencia, que se estaba obstruyendo un servicio público con las consiguientes molestias para los usuarios y las unidades se deterioraban.

El 28 de febrero de 1974 a las 19:00 horas, en el palacio municipal se reunieron, el Lic. Humberto Troncoso Olivares, representante del gobierno del estado, el Dr. Ledezma, Austreberto Alarcón, Tomás Jimate Solís, secretario de la delegación 32 de choferes, y los dirigentes estudiantiles, Ramón Reyes Alpízar, Ildefonso Cristfield, Martha Chegue, Ana Batilde Martínez Mendoza, Abel Soto, Ricardo Aguilar Zubiaga, Eduardo Morato Reyes y Roberto Martínez López, para levantar el acta de los acuerdos con que se finiquitaba este engorroso problema:

Mantener los precios del pasaje establecidos en las tarifas anteriores: 45, 55 y 25 centavos, este último a los estudiantes con credencial. Integrar una comisión mixta para estudiar el incremento al pasaje de acuerdo a un estudio que se concluirá el 11 de marzo; entregar las unidades y dejar sin efecto cualquier derivación de responsabilidad penal sobre los daños que hayan sufrido las unidades.

En el otro frente de lucha, se llegó al acuerdo de restablecer el precio anterior de la colegiatura. La dirección se comprometió a no ejercer represalias contra maestros o estudiantes.

Al señor Miguel se le devolvió la tienda concesionada por la dirección de la escuela, que no “cooperativa” (pues su constitución y  funcionamiento no se apegan a los lineamientos de la Ley de Sociedades Cooperativas), y se le impuso la condición de bajar el precio a los productos que de manera monopólica ahí expende a precios alterados

Los estudiantes entendieron claramente que la parte más delicada del manejo del movimiento era evitar que se contaminara con la lucha de los maestros por el control de la escuela y la directiva a cargo del profesor Rafael Cobos. Esta pugna prosiguió.

El 10 de septiembre de 1974 en las oficinas de la SEP en la ciudad de México se firmó un convenio en el que participaron, el profesor Arquímedes Caballero, director general de Enseñanza Media, los jefes de departamento de escuelas preparatorias y escuelas particulares, Salvador Lima Gutiérrez y Rubén Magaña Ávila, los directivos de la Institución de Maestros de Segunda Enseñanza, A. C., Juan Olmedo, Homero Quiroz y Anastasio García Fuentes, y el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Salvador Díaz Mirón representado por Enrique Cervantes Mayén, Juan López Joachín y Miguel Peralta Vidal.

En este importante documento acordaron la fusión de los dos organismos para integrar el “Colegio Salvador Díaz Mirón, Sociedad Civil”. (Del libro La Final Victoria).*

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