Ciudad de México.- En México, ocho de cada diez abusos sexuales a menores ocurren en sus hogares y enfrentan una “alarmante” violación a su dignidad y a su interés superior, señaló la diputada morenista Lorena Villavicencio Ayala,  quien acusó que en nuestro país se produce el 60 por ciento de la pornografía infantil que se consume en el mundo.

Durante la instalación de la “Mesa de Trabajo por la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, integrada por diversas asociaciones civiles y órganos encargados de la protección de la niñez, la legisladora refirió que ocho de cada diez abusos sexuales en contra de este sector ocurre en sus hogares.

Añadió que cerca de 30 mil niños son vulnerados por el crimen organizado. Este panorama, dijo, obliga a las autoridades a realizar una agenda pública que brinde atención integral y vigilar que los programas orientados a este sector funcionen de manera correcta.

Agregó que otra tarea fundamental es fiscalizar los centros encargados de proteger a la infancia y evitar que sean espacios donde se atenta la dignidad de las niñas y niños.

“El estado tiene la obligación de garantizar el interés superior de la niñez establecido en la Constitución, a través de la generación de una ruta de trabajo que involucre a organizaciones civiles y a los distintos órdenes de gobierno”.

Explicó que durante estas mesas de trabajo se realizará un diagnóstico, un modelo de atención y prevención para que se imparta en las instituciones educativas, identificar las reformas jurídicas que se requieren para garantizar una impartición de justicia eficiente y emprender una campaña focalizada en el tema de violencia sexual.

Anunció que el próximo 25 de marzo se realizará un pacto a favor del bienestar de las niñas, niños y adolescentes entre el Instituto Nacional Electoral (INE), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) y todas las instituciones vinculadas con el tema.

La directora General del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG) de la Cámara de Diputados, Aurora Aguilar Rodríguez, sostuvo que un estudio realizado por esta instancia sobre embarazo infantil y adolescente arrojó que varias niñas de entre 10 y 14 años se embarazaron como consecuencia de una violación.

Propuso tipificar el embarazo infantil producto de la violación y que los hospitales que atiendan un caso con estas características notifique al Ministerio Público y éstos realicen una prueba de ADN, porque su victimario probablemente esté en el seno familiar. “México no tiene tiempo para llegar al diagnóstico completo, porque hoy hay niñas y niños sufriendo abuso sexual”.

La defensora de los Derechos Humanos, Yndira Sandoval Sánchez, presentó la ruta de trabajo que llevará a cabo en estas mesas de trabajo con el propósito realizar un diagnóstico nacional sobre violencia sexual infantil.

Subrayó que se planean reuniones con los secretarios de Educación y Salud y el titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con el objetivo de diseñar una radiografía de abuso sexual, porque no hay indicadores oficiales.

Relató que también se buscará impulsar una ley general de prevención en la materia, la creación de una red nacional de referencia y contrarreferencia para la documentación de casos de violencia sexual infantil. Además, se requiere fortalecer la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Infantil, porque hoy no cuenta con los recursos financieros necesarios.

La directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Laura Martínez Rodríguez, pidió que en esta ruta de trabajo se considere a la niñez indígena y evitar que el Tribunal Superior de Justicia enfrente a niñas, niños y adolescentes con su agresor.

Patricia Olamendi, de la Red de Seguridad, Justicia y Paz, mencionó que es urgente un marco normativo que atienda estas vulneraciones en contra de la infancia, porque México es un paraíso para la violencia y explotación sexual. Ante ello, propuso que se invite a la Unicef para terminar con la indefensión de este sector.

Denise Meade Gaudry, representante de la Fundación Renacer AC, indicó que falta metodología y capacitación de los peritos de psicología, los ministerios públicos y que se creen protocolos para la atención de este delito. Asimismo, urgió a homologar la tipificación del abuso sexual infantil.

Corina García Piña, especialista en maltrato infantil del Instituto Nacional de Pediatría, dijo que se debe trabajar para que las instituciones médicas tengan capacitación en derechos humanos para saber cómo actuar en casos de abuso sexual y no revictimizar a las niñas, niños y adolescentes.

Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México pidió que en estas mesas de trabajo participen las secretarías de Educación Pública, Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana y de Salud con el objetivo de que se realice una vinculación y campañas de prevención en las escuelas y los cuerpos policiacos y demás encargados de brindar atención a víctimas de violación sexual.

La representante de la Asociación Civil Rehilete, Mónica Herrerías Domínguez, sostuvo que para generar una política pública eficiente es necesario un diagnóstico e índices de las víctimas de abuso sexual.