Columnistas
EN LEGÍTIMA DEFENSA. A los pasajeros de la combi, que dieron su merecido al asaltante.
Por Leonardo Zaleta.
Cronista de Poza Rica.
Hace algunas décadas, una persona tenía derecho a defender su vida, su familia o su patrimonio durante un asalto, en reyertas para zanjar cuentas mal saldadas, o en altercados ocasionales. Eran casos aislados no epidemia social.
En la empresa Petróleos Mexicanos, los trabajadores del Departamento de Vigilancia andaban armados, y los choferes entre las brechas o jornadas nocturnas no le iban a la zaga.
Todavía en los años 50’s algunos ciudadanos podían registrar un arma o conseguir permiso para portarla, amparados en el artículo 10 de la Constitución Política de los EUM que establece: “Los habitantes tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley”. Precepto vigente.
Yo recuerdo que en mi infancia, mi padre pertenecía al Club de Tiro, Caza y Pesca de Poza Rica, que tramitaba para sus socios autorización para poseer arma. En casa había un rifle y una pistola calibre 22. El rifle lo guardaba arriba del ropero fuera del alcance de los niños, y el revólver en un cajón del escritorio de madera, bajo llave. Estaba consciente del riesgo que implica el manejo de armas de fuego por manos juguetonas o imprudentes.
En aquel tiempo hasta el más humilde jefe de familia presumía su carabina chachalaquera.
Una armería era la negociación donde los aficionados a la cinegética o tiro al blanco podían adquirir sus implementos. Tengo grabada en la memoria la Armería “Del Conde” en la capital, donde “El Cuate” se dedicaba a vender o reparar rifles, pistolas y escopetas. Un día de junio de 1955 entró a la historia cuando un cliente: Alejandro, adquirió un arsenal con el que subió a la Sierra Maestra. Era el cubano Fidel Castro, exiliado en México, enemigo del dictador Fulgencio Batista.
El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 alborotó la fiebre guerrillera en Latinoamérica. El Che Guevara fue glorificado por los jóvenes enardecidos.
Irrumpió, en 1967, el guerrillero Lucio Cabañas Barrientos (que acaudillando a campesinos en un mitin le mataron a ocho, por lo que subió a la sierra guerrerense).
Díaz Ordaz fue un presidente anticomunista y represor, como lo acredita la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, en que fueron asesinados cientos de estudiantes indefensos, otros fueron encarcelados, torturados y desaparecidos. Y el sospechoso accidente de aviación en que perdió la vida Carlos Madrazo, expresidente del PRI, el 4 de junio de 1969 cerca de Monterrey, que le despejó el camino a Echeverría, secretario de Gobernación.
Se rebeló el profesor Genaro Vázquez Rojas (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y fundador de la Central Campesina Independiente), muerto el 12 de febrero de 1972.
Apareció la izquierda radical: la emblemática Liga 23 de septiembre y la Espartaco. Los guerrilleros asaltaron bancos, secuestraron funcionarios y personajes como el exgobernador de Jalisco José Guadalupe Zuno (suegro del presidente Echeverría), el empresario Eugenio Garza Sada asesinado en Monterrey, o el candidato a gobernador de Guerrero Rubén Figueroa. Los rescates y botines eran la línea de financiamiento de sus actividades clandestinas: casas de seguridad, armamento, pertrechos, propaganda, adiestramiento y equipo.
El gobierno temeroso de Luis Echeverría, en 1972, expidió la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Una ley restrictiva para desalentar el uso de armas. Estableció los requisitos para que un ciudadano pudiera resguardar en su hogar una pistola, revólver, escopeta o fusil, cuyo calibre máximo era 9 mm o calibre 38. Portarla se restringía a un año, y sólo se otorgaba a empleados que prestaran servicio de vigilancia, seguridad o traslado de valores. Fue el autor de la matanza de estudiantes el 10 de junio de 1971, pretexto para remover al regente de la Ciudad de México Alfonso Martínez Domínguez, viable aspirante a la presidencia.
Los grupos contestararios y subversivos fueron combatidos por la nefasta “guerra sucia” que torturó y encarceló cientos de estudiantes, dirigentes obreros, campesinos, activistas, maestros, periodistas, y sospechosos de ser guerrilleros, porque la democracia estaba vedada. El que no se doblegaba desaparecía en el mar o en el cráter de un volcán cercano, había que destruir todo vestigio de subversión.
Con un sufragio de mala reputación los presidentes veían en cada mexicano armado un revolucionario en potencia. El Servicio Militar Nacional, creado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial canceló el adiestramiento militar a los conscriptos, y los entretuvo con domingos deportivos o tareas comunitarias.
Los gobernantes siguientes no fueron ajenos al contubernio de los cuerpos de seguridad y los grupos delictivos. Policías y militares cooptados transmitían información oportuna a las mafias a fin de que evadieran la acción de la justicia.
La inseguridad, el desempleo, la pobreza, la criminalidad y otras lacras son daños colaterales del ejercicio autocrático del poder, de la corrupción y la impunidad, que alcanzó altos niveles durante el sexenio de Carlos Salinas. Se conocen fotos de funcionarios del gabinete conviviendo con hampones. El error de diciembre de 1994, condujo al presidente Zedillo a una enorme crisis. Se le acusó de genocidio por la matanza de Acteal, Chis., el 22 de diciembre de 1997.
Fox tuvo como director de la Agencia Federal de Investigaciones a Genaro García Luna, y Felipe Calderón lo encumbró a secretario de Seguridad. El 3 de enero de 2007 inició la fallida guerra contra el narcotráfico gastando millonadas, con el propósito de encubrir la falta legitimidad en las urnas. De nada le valió bajar del avión en Michoacán con uniforme camuflado de comando, acompañado de su hijito vestido igual.
Enrique Peña Nieto solapó a García Luna, aunque lo remplazó por Manuel Mondragón y Kalb. En 2013, el Dr. José Manuel Mireles encabezó las Autodefensas Comunitarias en Tepalcatepec, Mich., que enfrentó al crimen organizado, pero el gobierno lo reprimió en 2014. Antes, había surgido la Columna Armada “Pedro J. Méndez” en la región de Guemes-Padilla, Tamps., con semejante propósito.
Son células paramilitares que refuerzan al gobierno. Ciudadanos armados hastiados de las agresiones que los criminales infieren a la comunidad, y deciden recuperar la tranquilidad pública. Actúan al margen de la legalidad, pero las lacras a las que combaten, también. Los teóricos sostienen que: “la violencia institucionalizada que aplasta al pueblo, siempre engendra la respuesta violenta del mismo…”
La sociedad ve con estupor una gran pasividad o complicidad con la delincuencia organizada. En los casos de robo y homicidio el denominador común es la indefensión de las víctimas (damas mayoritariamente), y la ventaja del agresor con arma de fuego o arma blanca.
Los cárteles están organizados, armados y entrenados. Los cuerpos policíacos infiltrados. La sociedad civil indefensa y vulnerable.
La campaña de “despistolización” no cesa a pesar de la inseguridad que priva en México. Es una aberración que un ciudadano cambie un arma por una despensa. El gobierno se empeña en desarmar a los ciudadanos. ¿Esta medida fuera de toda lógica, a quién beneficia?
Desarmados, los ciudadanos son víctimas fáciles de doblegar, mientras los productores y distribuidores de droga hacen alarde de armas de alto poder, camionetas blindadas y sofisticados aparatos de comunicación.
La sociedad vive presa del terror y amenazada de muerte. Los hechos de sangre llenan páginas de periódicos y revista, o espacios en noticieros de radio y televisión. “México: País inseguro”, reza la publicidad extranjera.
No matarás, implica un principio moral y jurídico de validez universal: Ningún particular tiene derecho a privar de la vida a otro. La pena de muerte prohibida en México por el Art. 22 de la Constitución tiene excepciones: el homicida con premeditación, el plagiario, el salteador de caminos, etc. Al margen, la imparten los delincuentes a su capricho. El gobierno no abate la delincuencia, pero niega a los particulares la defensa propia que la constitución permite.
Si la autoridad considera peligroso que los ciudadanos se defiendan haciendo uso del derecho establecido en la ley, es una afrenta que sean masacrados arteramente a la vista de la sociedad que vive en el desamparo y el horror.
Un criminal evita agredir a una persona que sospecha está armada, o a una familia o comercio donde sabe que hay un arma para oponer resistencia o defenderse. Los civiles armados inhiben la tentación delictiva del maleante. La gente necesita instrumentos para defenderse de los criminales.
Los programas de bienestar social a través de becas son una panacea a mediano plazo. Después de dos años de sospechosa ineficiencia, no hay excusa para negar la protección de la sociedad, en vez, se solapa el crimen.
Una de las tareas del Estado es salvaguardar la paz, el orden y la seguridad. Un renglón primordial en este sentido es el derecho a la legítima defensa, por ende, hay que actualizar el marco jurídico: si cambia la realidad, cambia la ley.
En resumen, lo prioritario es recuperar el tejido social dañado por miles de atentados, homicidios, secuestros, extorsiones, niños sicarios, desapariciones forzadas, tráfico de órganos, ejecuciones, asaltos, espionaje telefónico, pago de piso, trata de blancas, feminicidios y fosas clandestinas. Seguridad y justicia pero ya.
Columnistas
De los Ángeles a los Demonios. Día Mundial del Medio Ambiente: Reimagina, recrea, restaura
Dra. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón
Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia
El próximo cinco de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que su trascendencia es considerada como la fecha más importante del calendario en materia medioambiental; los antecedentes de su instauración se remontan a junio de 1972, cuando Naciones Unidas realizó la primera gran conferencia sobre el medio humano, la cual tuvo lugar en Estocolmo, Suecia.
Como resultado de este coloquio, el 15 de diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General de la ONU en donde se aprobó la resolución A/RES/2994/XXVII, la cual estableció el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de exhortar a los gobiernos y a las organizaciones para emprender actividades encaminadas a proteger nuestro planeta.
Es preciso señalar que durante la mencionada reunión también se aprobó la resolución que dio origen al programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, cuyo objetivo principal es promover el uso racional de los recursos naturales e impulsar el desarrollo sostenible.
Durante este año, el Día Mundial del Medio Ambiente estará enfocado en crear conciencia sobre la importancia de cuidar los ecosistemas; bajo el lema “reimagina, recrea, restaura” desde Pakistán, sede de esta celebración, se darán a conocer las estrategias orientadas a prevenir, detener y revertir el daño causado a la naturaleza, además de que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
La cooperación internacional ha traído como resultado un impacto positivo en el desarrollo del derecho ambiental, produciendo importantes cambios legislativos e institucionales en los países; desde la década de los setenta a la actualidad, México ha firmado 77 Tratados Internacionales o acuerdos interinstitucionales en la materia, entre los que destacan la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Por cuanto hace a la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo cuarto, párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, además de establecer que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
La Reforma Constitucional que incluyó este derecho humano, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, no obstante que desde 1988 se promulgó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la cual establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y tiene entre sus objetivos definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación.
Actualmente se encuentran en vigor quince leyes de aplicación nacional en materia medioambiental, así como reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) derivadas de éstas, además cada entidad federativa cuenta con una ley local de protección al medio ambiente.
Por cuanto hace a las autoridades federales encargadas de promover el cuidado a la naturaleza, las más importantes son: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo objetivo es brindar garantía al desarrollo sustentable y al equilibrio ambiental, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y salvaguardar los intereses de la población en temas relacionados con la naturaleza, además de sancionar a las personas físicas y morales que violen la legislación ambiental.
Asimismo, existen numerosas fundaciones y asociaciones cuyas acciones están encaminadas a proteger la naturaleza, tales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Pronatura, sin embargo, debemos estar conscientes que preservar nuestro planeta es una tarea que nos corresponde a todas las personas, toda vez que nuestra supervivencia y bienestar dependen de su cuidado y protección.
Por José Roberto Ruiz Saldaña
Recientemente tuve la oportunidad de exponer de forma virtual, a invitación de la Casa de la Cultura Jurídica Veracruz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Ximenes Lopes vs Brasil (2006). Se trata no solo del primer pronunciamiento convencional sobre los derechos de las personas con discapacidad mental, sino de una sentencia clara y contundente que fija los estándares de actuación de los Estados parte en servicios de salud mental.
El asunto se originó con motivo de lo sucedido al señor Damião Ximenes Lopes quien en octubre de 1999 ingresó, por segunda vez, a una clínica de salud mental privada por problemas de nervios, pues no quería comer ni dormir y no tomaba sus medicinas. No obstante que su ingreso se dio en perfecto estado físico, sin señales de agresividad ni lesiones corporales externas, entró en un baño del que se negaba a salir, por lo que fue dominado y retirado a la fuerza por un auxiliar de enfermería y otros pacientes; a la postre fue sometido a contención física la cual duró toda la noche; en la mañana su madre lo visitó y lo encontró sangrando, con hematomas, con dificultad para respirar, agonizante, aún sometido; finalmente murió.
En la sentencia destacan, entre otras, las consideraciones de la Corte IDH en torno a las obligaciones de los Estados así como la especial atención a las personas con enfermedad mental. Por lo que respecta el primer aspecto, la instancia internacional sostuvo que los Estados tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal; en este sentido, los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, independientemente si la entidad que la presta es de carácter público o privado; así, los Estados son responsables tanto de regular permanentemente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, como de crear mecanismos para inspeccionar y fiscalizar las instituciones y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales para casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes.
Por su parte, en relación a la especial atención a personas con discapacidad mental, la Corte IDH sostuvo que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial; que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación por su condición, por lo que los Estados deben adoptar medidas para eliminarla; que de hecho las personas con discapacidad que son sometidas a tratamientos en instituciones psiquiátricas son particularmente vulnerables a la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante; asimismo, que los Estados deben garantizar que se preserven los derechos de los pacientes de instituciones psiquiátricas de recibir un tratamiento digno, humano, profesional y ser protegidos contra explotación, abuso y degradación.
Esta sentencia, cabe decir, ha prácticamente iniciado una línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de debida gestión de servicios de salud, esto es, ha guiado razonamientos en casos en que se han visto afectados distintas modalidades del derecho a la salud, como en los Casos Suárez Peralta vs Ecuador (2013), I.V. vs Bolivia (2016) y, más recientemente, Poblete Vilches vs Chile (2018). Su importancia radica en que la Corte IDH ha dejado muy claro el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, es más, el Estado no solo debe regular y fiscalizar las instituciones de salud sino que tiene el especial deber de cuidado en relación con las personas ahí internadas.
Este precedente interamericano no obliga solo a Brasil sino a todos los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos por lo que hace a exigibilidad en los parámetros de actuación en tales servicios de salud. Con esa sentencia y todas aquellas con línea jurisprudencial en torno a dicho derecho, en México se debe regular y fiscalizar aún más los servicios de salud.
Consejero electoral del INE
@Jose_Roberto77
“Poza Rica, experta en refinerías. Sueños moluscos, realidades invertebradas”
Por Lic. Héctor Hugo Viveros G. Saldaña.
Poza Rica es una ciudad que cuenta en su historia, la historia de la industria petrolera de México. En resumidas cuentas, explotación de recursos naturales, fuga de dinero, sostenimiento de infraestructura y plantilla laboral por razones políticas y no técnicas, contaminación y crisis.
Desde hace décadas, la producción de hidrocarburos en Poza Rica dejó de ser suficiente para sostener el mantenimiento de la infraestructura y la plantilla laboral de los años 80’s. El problema adyacente es que la comodidad en las jornadas laborales y las altas prestaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos eran inalcanzables para cualquier otro empleador. Ahora son inalcanzables para Pemex. Los accidentes fatales también se han hecho presentes.
Desde hace años, los criterios para sostener la infraestructura y la plantilla laboral responden al interés político más que una estrategia comercial financieramente sostenible, y como en muchas cosas, la pandemia nos vino a enfrentar con la realidad y la contratación de más plantilla laboral para simular una recuperación económica inexistente en la empresa que se vio obligada a detenerse.
El último suspiro de recuperación de esa industria en esta región sucedió en el sexenio 2006-2012. Las estrategias de Calderón reactivaron momentáneamente la industria, pero la inversión privada nacional y extranjera no soporta las deudas millonarias con las que Pemex operó durante mucho tiempo. Después de hacer quebrar a varias empresas, la realidad dejó de nuevo sin empleo a decenas de miles y a varias empresas quebradas por los créditos otorgados a Pemex. A la fecha, un contrato de Pemex ya no es recibido como garantía en préstamos, porque a pesar de que el Presidente declara que la corrupción y el robo de hidrocarburos ya se erradicaron, la realidad es que Pemex garantiza su necesidad pero no el pago por la obra ejecutada, los servicios prestados o los productos adquiridos. Esto es una realidad persistente y el retraso en los pagos de deuda han producido la pérdida de miles de empleos y la desaparición de decenas de empresas que quebraron esperando el pago de Pemex.
La ganancia de votos que genera las promesas de esos años de gloria, por cierto inexistentes, es una realidad molusca como su promotor: sin estructura y sin sustento, con pies y cabeza, pero sin huesos que lo sostenga.
Además, depender de una industria que explota recursos no renovables tiene un sólo destino: su desaparición de la industria junto con el recurso que explota. La opción es la fractura de la piedra porosa, técnica que condena a la muerte a la flora y fauna endémica del lugar en el que se practica, lo cual es un hecho demostrado y documentado en todo el mundo. A mediano y largo plazo la migración generada por el desempleo habría que sumarle la migración generada por la contaminación, de por sí ya grave, de los mantos acuíferos de los que se obtiene el agua potable de la ciudad. El costo de salvar la industria es matar al medio ambiente y los otros recursos para el sustento de la vida humana.
Seguir viviendo de la industria que está condenando al planeta a un periodo de extinción de especies semejante al del pérmico-triásico no es por ningún motivo una opción ética, y tampoco debería ser el centro de la propuesta de recuperación económica.
Poza Rica, necesita asumir la realidad de los hechos: 1) Pemex aprendió aquí, que los complejos petroquímicos son insostenibles ante determinadas circunstancias, y los trabajadores de la empresa saben bien porque aquí no es negocio; 2) El mayor número de empleos y productividad de la ciudad dependen de otras actividades terciarias en las que Pemex no interviene; 3) Cada 3, 4 o 6 años escuchamos el mismo discurso que promete una mega inversión para Pemex y esta nunca llegó ni llegará, prueba de ello es que ante la disposición de once mil millones de pesos, Pemex prefirió implementarlos en el extranjero y no en Poza Rica; 4) Es necesario entender y comprender que impulsar una industria que tiene como resultado final la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento del promedio mundial de la temperatura global es éticamente insostenible; 5) La mejor opción es emanciparse de Pemex y apuntalar el desarrollo económico de la ciudad a otras actividades comerciales, que dependan menos de la intervención política y más de la innovación ciudadana; y 6) Cuando el gobierno federal tuvo dinero para invertir en la industria, Poza Rica no fue una opción, a pesar de un alcalde, diputada local, que además es presidenta del Congreso del Estado y una diputada federal que hoy busca reelegirse y al gobernador del estado que pertenecen al mismo partido político del Presidente, no mandaron dinero ni para pagar la deuda de Pemex o para reactivar la economía de la ciudad que se rindió a sus pies en las urnas en las últimas 3 elecciones.Contacto: