Puebla, Pue.- A cinco años del enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, donde murió el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo a causa de una bala de goma que presuntamente fue disparada por elementos de Seguridad Pública, activistas, organizaciones sociales, así como la madre del menor, Elia Tamayo, conmemoraron el lustro de su fallecimiento y exigieron justicia dado a que hasta el momento, no hay ninguna persona detenida que pague por los hechos ocurridos en el 2014.

En el acto, Hilario Gallegos Gómez, vocero del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos “José Luis Tehuatlie Tamayo”, aseguró que, a cinco años de la represión policiaca, la impunidad persiste.

Por su parte, Elia Tamayo, madre del menor, agradeció la solidaridad que mostraron diversas organizaciones ante la muerte de su hijo José Luis, por lo que reiteró su exigencia de justicia y la no represión.

Asimismo, los activistas, organizaciones sociales y despedidos del gobierno del ex gobernador panista, hicieron un llamado al gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta para no caer en ese tipo de prácticas, además de respetar a los poblanos que pertenecen a organizaciones que luchan contra las injusticias.

Cabe recordar que el día 9 de julio del año 2014, un grupo de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan bloqueó la autopista Puebla-Atlixco para exigir la reapertura de las oficinas del Registro Civil en su comunidad.

La manifestación se realizó de manera simultánea en distintas juntas auxiliares de la entidad que resultaron afectadas por las modificaciones a la ley orgánica municipal y del Registro Civil promovidas por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

En mayo de 2014, el Congreso de Puebla había aprobado la llamada “Ley Bala” que permitía el uso de armas no letales para el desalojo de manifestaciones sociales.

Y aunque esta misma ley marcaba un protocolo de llamados al diálogo y de negociación antes de recurrir a cualquier método coercitivo, en la investigación que realizaron peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quedó demostrado que el desalojo violento fue ordenado cuando la manifestación era pacífica y no se habían agotado las posibilidades de un acuerdo.

Incluso en la recomendación que emitió la CNDH, quedó establecido que los policías persiguieron a los pobladores por las calles de su comunidad cuando la carretera ya estaba despejada, y hasta les dispararon cartuchos de gas desde un helicóptero.

El niño José Luis Tehuatlie Tamayo fue golpeado en la cabeza por uno de esos objetos lanzados por los policías y otros ocho pobladores resultaron gravemente heridos. Uno de ellos perdió la visión de un ojo, a otro le fracturaron la mandíbula, uno más quedó afectado de un oído y otro de una mano.

Desde el primer día, su madre, Elia Tamayo, a decir de personas allegadas a ella, fue sometida a una serie de presiones por parte del gobierno estatal para que señalara a los pobladores como los responsables del homicidio de su hijo.

Hilario Gallegos Gómez señaló que, aunque uno de los principales responsables de estos hechos, el ahora exsecretario de Seguridad Pública Facundo Rosas, fue señalado desde un principio, hasta ahora sigue sin recibir castigo.

Y tampoco se fincó responsabilidad contra el entonces procurador de justicia del estado, Víctor Carrancá, quien defendió una y otra vez la versión de que el niño había muerto por la “onda expansiva de un cohetón” lanzado por los pobladores, pero se demostró que eso no tenía ningún sustento técnico.

En ese entonces, el gobierno del estado justificó que esas aprehensiones eran en respuesta a la recomendación 2VG/2014, pero meses después los acusados pudieron salir libres a través de amparos federales.

La propia CNDH reportó que, a dos años de estos hechos, algunas de las recomendaciones que emitió en septiembre de ese año, siguen sin cumplirse por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle.

Y hasta ahora, el único que está en prisión por los violentos hechos es el exalcalde auxiliar Javier Montes, quien incluso fue señalado por delitos contra la salud para evitar que obtuviera amparos para obtener su libertad.

Por Jorge Barrientos