Congreso de Veracruz
Feminicidios descendieron en un 19.2%, asegura Verónica Giadáns
Xalapa, Ver.- La fiscal Verónica Hernández Giadáns destacó que la Fiscalía General del Estado participa en el fortalecimiento del Estado de Derecho, pues se ha logrado un descenso del 11.7% en la incidencia general, en cuanto a los delitos de alto impacto; el homicidio doloso y las extorsiones disminuyeron en un 10%; el delito de secuestro en un 59%; el feminicidio en 19.2% y el robo de vehículo automotor en un 21.3%.
En materia de transformación e innovación de los instrumentos para la atención a la ciudadanía se fortalecieron las Unidades de Atención Temprana (UAT), brindando en este periodo 84,423 atenciones y se implementó el Sistema de Citas UAT para agilizar los tiempos de espera y gestión.
Durante su comparecencia de este martes ante el Congreso del Estado, la fiscal Verónica Hernández Giadáns reportó que se iniciaron 86 mil 571 carpetas de investigación, logrando determinar un total de 69 mil 030, que representan un incremento del 102%, respecto del mismo periodo del año 2019.
Los detenidos puestos a disposición se incrementaron en un 21.4%; la productividad en audiencia de control se incrementó en un 24.8%; las vinculaciones a proceso incrementaron en un 40.9% y las sentencias condenatorias aumentaron en un 50.6%.
Y añadió “mi obligación es irrestricta, asegurar que no exista impunidad en la comisión de los delitos cometidos en el territorio veracruzano, nuestra lealtad con las mujeres y hombres de este gran Estado siempre será mayor que cualquier desafío”.
En cumplimiento a lo en el periodo que se informa se iniciaron 86,571 Carpetas de Investigación, logrando determinar un total de 69,030, que representan un incremento del 102%, respecto del mismo periodo del año 2019: los detenidos puestos a disposición se incrementaron en un 21.4%; la productividad en audiencia de control se incrementó en un 24.8%; las vinculaciones a proceso incrementaron en un 40.9% y las sentencias condenatorias aumentaron en un 50.6%.
Verónica Hernández informó que se acabaron las complicidades y los intereses de grupos y que en Veracruz la procuración de justicia se aplica sin distingos bajo los principios de legalidad, honradez, objetividad, profesionalismo, autonomía y rendición de cuentas.
En su participación, dijo que aún con las condiciones impuestas por la pandemia, con convicción y compromiso con la sociedad, el último año se logró optimizar la procuración de justicia y transformar de manera sustancial cada área del órgano autónomo para generar estrategias orientadas a tener mejores resultados, acatando siempre los acuerdos establecidos a nivel estatal y federal en materia de salud.
Ante la Comisión de Procuración de Justicia de la 65 Legislatura del Congreso Local, integrada por los diputados, José Manuel Pozos Castro, María Josefina Gamboa Torales y Raymundo Andrade Rivera, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, resaltó que luego de un intenso trabajo, de un alto compromiso y con el apoyo irrestricto de profesionales comprometidos, con vocación y honestidad, se solventó al 100% el rezago de administraciones pasadas en materia de registro de Carpetas de Investigación, un logro sin precedentes.
Expresó que en la administración a su cargo se da la atención a investigaciones Ministeriales y Carpetas de Investigación que por negligencia o corrupción se encontraban sin ser tramitadas, “Se ha logrado abatir el 52% del rezago del sistema penal acusatorio y un 80% del sistema inquisitivo penal y se ha establecido una coordinación efectiva para atender compromisos derivados del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de registros nacionales de Plataforma México, Registro Nacional de Detenciones, actualización de IPH y se iniciaron trabajos para la implementación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, entre otros”.
Detalló también la homologación salarial de 1,294 servidores públicos, acción que significó una inversión de 56 millones de pesos, beneficiando a 437 fiscales, 550 policías, 266 peritos y 41 fiscales facilitadores.
Había rezago con el IPE
Refirió que derivado del convenio con el Instituto de Pensiones (IPE) se realizó el pago de contribuciones patronales por la cantidad de 43 millones 368 mil 924 pesos para regularizar el rezago que presentaba un agravio para trabajadores de la FGE.
En materia de evaluación y control de confianza –prosiguió la Fiscal General- se ha asegurado que el personal en funciones operativas y administrativas y el que aspira a incorporarse, cuente con una evaluación cuyo resultado aprobatorio sea un sinónimo de perfil adecuado y verdadera vocación, todo en estricto apego a la regulación que se establece a nivel federal y estatal.
Se ha logrado incorporar un total de 346 servidores públicos de nuevo ingreso, entre fiscales, policías ministeriales, peritos y personal administrativo.
En pandemia trabajó con poco personal
Verónica Hernández hizo un reconocimiento a las y los trabajadores del órgano especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que con tan solo el 40% del personal operativo laborando elevó en un 10.1% las personas atendidas y en un 34% las Carpetas de Investigación determinadas.
Por Rosalinda Morales.
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Xalapa, Ver.- Está listo el dictamen de desafuero en contra de la magistrada expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, lo elaboró ya la Comisión Instructora que dictaminó como procedente la denuncia de juicio político.
Sin embargo, será sometido a votación del pleno del Congreso local este jueves y se requieren al menos 34 votos a favor.
Una vez lo hayan votado, el dictamen se mandará al Tribunal Superior de Justicia del Estado y el pleno de los magistrados enviarán el asunto a la Sala Constitucional.
Martínez Huerta deberá ser notificada como denunciada para que nuevamente formule alegatos a su favor, así como la Comisión Instructora del Congreso, para que ratifique la acusación ante la Sala.
La Sala Constitucional elaborará un proyecto de resolución donde puede confirmar lo dicho por la comisión instructora o modificarlo.
Posteriormente la Sala Constitucional mandaría el proyecto al pleno del Tribunal Superior y en una Sesión para tal fin los magistrados definirán si aprueban o confirman la responsabilidad de Martínez Huerta.
De acuerdo con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la sanción puede ser destitución de la magistrada e inhabilitación por hasta diez años para ejercer cargos públicos, en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJ).
El dictamen de la comisión Instructora del Congreso, fue en sentido positivo, aprobado con 2 votos a favor y uno en contra.
A la Comisión Instructora la integran los diputados de Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos y Jessica Ramírez Cisneros, presidente y secretaria, respectivamente; así como el panista Enrique Cambranis Torres.
Por Rosalinda Morales.
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Xalapa, Ver.- Funcionarios estatales son investigados por la probable violación a la protección de datos personales y el derecho a la intimidad de niñas y niños, al difundir fotografías sin consentimiento, reveló la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes
Durante su comparecencia ante el Congreso expuso que el año pasado se atendieron 26 denuncias por probable vulneración datos personales, destacando que hay casos relacionados con la pandemia COVID-19 y otros que involucran a funcionarios del poder ejecutivo por el uso de imágenes de niños.
“Nos está remitiendo el OPLE diversos expedientes para que determinemos si da lugar a una investigación, todas son probables denuncias por vulneración datos personales, relacionadas con la imagen de niñas y niños, es importante proteger y ponderar el derecho a la intimidad personal”, reiteró.
Asimismo, recordó que en 2020 recibieron más de 300 denuncias y ese organismo dictó 135 apercibimiento a diversos sujetos obligados por no estar cumpliendo a cabalidad las obligaciones de transparencia.
Entre los incumplidos hay 95 ayuntamientos, 31 organismos públicos, 2 contra el poder ejecutivo, 3 contra operadores del agua, 3 contra partidos políticos y una contra un organismo sindical.
A estos sujetos obligados apercibidos la ley les permite resarcir daños y sino, vendrán multas de hasta 134 mil pesos.
Mencionó que en 2019 los ayuntamientos salieron con calificación baja en la evaluación en materia de cumplimiento de obligaciones de protección de datos personales. En estos momentos se están recibiendo los informes del 2020.
Xalapa, Ver.- En su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, Naldy Rodríguez comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), dio cuenta del rezago que encontró a su llegada, de 3 mil expedientes de recursos de revisión.
Asuntos jurisdiccionales
En el IVAI se encontró un rezago de más de 3 mil recursos de revisión en trámite de los años 2018, 2019 y del primer trimestre del 2020; además 885 denuncias por obligaciones de transparencia sin resolver.
En el 2020 la ciudadanía interpuso mil 200 recursos de revisión en materia de acceso a la información y 17 denuncias de datos personales.
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) incrementó la capacitación y resolución de medios de impugnación en medio de la pandemia, afirmó la comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, al comparecer ante diputados de la LXV Legislatura Local.
En su presentación ante la comisión permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, integrada por la diputada Florencia Martínez Rivera, Ana Miriam Ferráez Centeno y Jorge Moreno, destacó que se incrementó la promoción del acceso a la información pública como un derecho y una obligación para que más personas puedan ejercerlo y sobre todo, se aplica la ley sin sesgos y sin atender intereses particulares o de grupo.
En el recinto legislativo la comisionada presidenta estuvo acompañada del coordinador de la región sureste de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el comisionado del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), Ricardo León Caraveo.
Ante los representantes populares, la titular del órgano garante destacó la transformación administrativa, jurídica y social que han realizado en los últimos seis meses.
El objetivo -dijo-, es legitimar una mayor transparencia que resulte en la consolidación de la rendición de cuentas; además de garantizar y promover los derechos que se deben tutelar como el acceso a la información y la protección de datos personales.
Acciones administrativas
En este proceso de renovación y transformación, el IVAI se ha conducido con austeridad y se ha reorientado el gasto público para lograr un mayor beneficio social.
A lo largo de estos meses se dio inicio a una administración responsable en la aplicación de los recursos y el control del gasto público, en donde se tomaron medidas como la cancelación de los bonos extraordinarios que gozaban excomisionados y titulares de la Secretaría Ejecutiva y Secretaría de Acuerdos.
También hubo reducción de gastos en viáticos, atención a visitantes y combustibles entre un 70 a un 100 por ciento en comparación con lo ejercido en 2019.
El año pasado se logró pagar el impuesto estatal que se adeudaba del año 2017, así como el pasivo de rentas que se heredó, correspondientes a los años 2016 y 2017.
Se trasladó la sede del IVAI a un inmueble rescatado y remodelado por el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), en donde ahora el personal labora en espacios abiertos y áreas más amplias y dignas, que servirán para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Producto del ahorro, se dotó con equipo tecnológico a las áreas del Instituto que contaban con dispositivos deficientes en donde hubo una inversión aproximada de un millón de pesos.
“Así, los excesos han quedado en el pasado, reitero, con transparencia, honradez y probidad en bien de la sociedad veracruzana”, afirmó la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez.
Expuso que el Instituto enfrenta situaciones jurídicas y administrativas complejas, debido a 12 juicios laborales, tres se encuentran en etapa de ejecución y cuyo monto asciende a 8 millones de pesos, los nueve restantes se encuentran considerados como pasivo contingente y se suman al adeudo heredado del ISR sobre sueldos y salarios.
Capacitación y asesorías
Derivado de la pandemia provocada por el Covid-19, en el IVAI se realizaron acciones y actividades en donde se privilegiaron los espacios virtuales para cumplir con las capacitaciones, asesorías, promoción y resolución de medios de impugnación.
Se impartieron un total de 108 cursos, de los cuales 23 fueron presenciales y 85 virtuales, lo que permitió llegar a más de 7 mil participantes.
El número de personas capacitadas en las jornadas calendarizadas representó un incremento aproximado de 215% en comparación con el 2019 y del 122% con relación al número de cursos programados para ese año.
Veracruz fue uno de los 16 estados que participó en el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, conocido como el Plan DAI, una política pública para incrementar el aprovechamiento del acceso a la información por parte de la población.
Gracias al compromiso de 17 instituciones participantes se realizaron seis jornadas de socialización: cinco virtuales y una presencial, dirigidas a jóvenes, mujeres, población indígena e integrantes de comités de Contraloría Social.
En calidad de sujeto obligado, el IVAI recibió un total de 110 recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas emitidas por las distintas áreas, destacando que el 98% cumplió con las expectativas ciudadanas.
Se están desahogando los procedimientos en tiempo y forma abatiendo el rezago existente, de tal manera que en el primer trimestre del año en el IVAI se estarán agotando cada una de las etapas del procedimiento de sección de ejecución.
Por Rosalinda Morales
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