Desde el 19 de octubre del año pasado, el Congreso del Estado dio dos opciones al munícipe y al cabildo para el pago del laudo laboral

Ozuluama, Ver.- El Juzgado Octavo de Distrito iniciará el proceso de separación del cargo y deberá poner a disposición de un juez federal al alcalde de Ozuluama, Antonio Armando Gómez Betancourt y a todo el cabildo por el desacato de una sentencia federal para el pago de indemnizaciones por el despido injustificado de un grupo de empleados municipales.

Cabe mencionar que desde el 19 de octubre del año pasado, el Congreso del Estado dio dos opciones al munícipe y al cabildo para el pago del laudo laboral, una era pedir un crédito y cumplir con ese objetivo y la segunda, vender bienes del Ayuntamiento y saldar el adeudo, que es del orden de 8 millones 11 mil 864 pesos.

Al no adoptar ninguna de las posibilidades e incumplir con la sentencia federal, el juez del caso tendrá que promover la medida para apartar de su encomienda al alcalde Gómez Betancourt, la síndica Daniela Sosa Sosa, así como a los regidores Guadalupe del Carmen Castellanos Nieto, Elías Campillo San Martín, y Jorge Enrique Delgado Sosa, quienes además deberán enfrentar los delitos federales por los que se les acusan.

Con esta situación sigue latente que el edil y su cuerpo edilicio tengan un pie en la cárcel, por su negativa de liquidar a los empleados que corrieron de forma injustificada. Creyeron que no habría consecuencia y ahora hasta podrían ser separados de su cargo.

De acuerdo al artículo 267 de la Ley de Amparo, el delito de desacato a una sentencia de amparo, se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito.

La sanción prevista indica que se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.
Como se publicó en su oportunidad, este conflicto deriva del laudo sobre el expediente laboral 471/2008-III, y al resolutivo sobre juicio de amparo 72/2018-II, promovido por el Juzgado Octavo de Distrito.

Es preciso señalar que a pesar de los constantes llamados al alcalde y su cabildo para llegar a un acuerdo satisfactorio, jamás hubo disposición de su parte para saldar estos pendientes de pago, que ahora los mantienen al borde de la separación, por evadir las disposiciones de las autoridades laborales y los magistrados en la materia.

Finalmente, el lío que enfrenta el alcalde lo mantiene contra las cuerdas, en virtud de que ya el Congreso del Estado ha tomado cartas en el asunto, lo mismo que el Orfis, así también ya giró oficios el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por los delitos de abuso de autoridad y desacato en el cumplimiento de sentencia federal.