Columnistas
LA MUJER EN LA LUCHA ELECTORAL
Por Leonardo Zaleta.
Cronista de Poza Rica.
Allá por diciembre de 1900, el periódico La Voz de Nuevo León no era muy comedido con las mujeres que jugaban billar, toreaban o pedaleaban bicicleta, llamándolas “marimachas”. El presidente Cárdenas intentó otorgarles el voto en 1937.
La segunda guerra mundial ensangrentó Europa y Asia entre 1939-45; y socavó la supremacía del hombre resultado de un proceso histórico. Fue la coyuntura donde las mujeres, sujetas a severas exclusiones se apoderaron de las plazas vacantes. De amas de casa y trabajadoras domésticas, hábilmente forzaron su inserción en las artes, el deporte, la educación superior, la ciencia y la técnica lo que acortó la marginación. Alemán en 1946 les concedió el voto en elecciones municipales.
Con la marcha de los tiempos el mercado de trabajo les quedó rabón. Su sexto sentido las incrustó en la complejidad del tejido social y los procesos productivos. Ya empoderadas no hubo fuerza capaz de hacerlas retroceder. Monopolizaron plazas que requerían habilidad más que fuerza.
Los conceptos bienintencionados de Melchor Ocampo, autor de la epístola matrimonial del siglo XIX, donde recomendaba que el hombre diera a su esposa “dirección, apoyo, alimento”, y que la mujer “prestara obediencia, asistencia, consejo y consuelo a quien era su sostén y defensa”, quedaron obsoletos.
México registró un avance vertiginoso, cuando en 1954, a iniciativa del presidente Ruiz Cortines la mujer adquirió el derecho al sufragio. Dejaron de ser ciudadanas de segunda, aunque algunos establecimientos no quitaron de sus puertas el letrero que prohibía la entrada a “mujeres, uniformados y limosneros”.
Causaron sorpresa algunas designaciones interpretadas como triunfo feminista en la política y la administración pública: la respuesta a un informe de Díaz Ordaz (1964-70), por Luz María Zaleta de Elsner, diputada por Quintana Roo, Hilda Anderson Nevárez, senadora por Campeche y Alicia Arellano Tapia por Sonora, en ese sexenio la elección de Griselda Álvarez como gobernadora de Colima, por capricho de su condiscípulo Luis Echeverría (70-76). López Portillo designó a Rosa Luz Alegría, secretaria de Turismo. En 1994, por designio de Miguel de la Madrid, María de los Ángeles Moreno fue presidenta de la gran comisión en la Cámara de Diputados. Y ese año, Rosario Robles fue jefa del DDF, cuando Cuauhtémoc Cárdenas inició la campaña presidencial contra Ernesto Zedillo.
Estas decisiones cupulares tendenciosamente aparecieron como estrategias exitosas. A nivel estatal, los gobernadores adoptaron la innovación. En Teocelo, Veracruz, mediante elección, la distinguida dama Angelina Cerecedo Castillo asumió presidencia municipal, en 1955, siendo gobernador Marco Antonio Muñoz.
La condición feminista sobrepuso su pasado de ostracismo y se proyectó en tribunales, diplomacia, periodismo, cátedra, dirigencia partidista, etc. Como quiera que haya sido, el feminismo rompió la atadura “matrimonio-maternidad-hogar”, lo que le deparó libertad y autonomía económica, derechos, obligaciones y convicción para asumir un papel protagónico como grupo socio-cultural.
Pero las reacciones se han producido de distinta manera e intensidad. Varios grupos de presión rechazan “la igualdad”, empeñados en conservar la cultura del machismo. No pueden aceptar que la mujer es una fuerza opuesta pero complementaria, desde la antigüedad. La secuela mortífera ha rebasado los cuerpos de seguridad.
El primer caso escandaloso se conoció en agosto de 1995 en Ciudad Juárez, y se expandió a Mexicali, Matamoros, Tijuana y Nuevo Laredo, coto de las maquiladoras que emplean mano de obra dócil y barata. Se acreditó a criminales en serie, a sectas satánicas, a “juniors” que acaparan el morbo y la condena mediática. Pero el rastro conduce a las industrias contaminantes que usan químicos altamente tóxicos en detrimento de la salud de las obreras lo que les provoca abortos, malformaciones y la procreación de criaturas con espina bífida, todas ellas habitantes de casas de cartón en colonias marginadas, explotadas desde los catorce años y en peligro de muerte.
En estos centros de trabajo la organización sindical ha sido reprimida de manera sangrienta. Los montos que tendrían que erogar las transnacionales por sueldos, prestaciones justas, indemnizaciones, condiciones de trabajo dignas, accidentes, jubilaciones y defunciones, es una línea de investigación que no debe desecharse, ya que hasta la fecha, sólo hay indignación, morbo, desaciertos, impunidad y protesta colectiva.
Si bien es cierto que el padrón electoral está integrado por un porcentaje mayoritario de mujeres, la perspectiva correcta es que los candidatos no deben escogerse por sexo sino por posibilidades de triunfo.
En la campaña electoral del 2000, Vicente Fox, en un alarde incluyente comenzó a invocar a los mexicanos y mexicanas, maestros y maestras, empleados y empleadas, al desconocer que en español el masculino engloba los dos géneros. Incluir el término femenino sonó bien: la moda cundió. El caso es que el hartazgo propició el desahucio del PRI de Los Pinos. Esta apertura fortaleció el feminismo, empañado por el protagonismo y ambiciones presidenciales de Martita Sahagún.
La Carta Magna establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley (considerando que hay países, algunos musulmanes, donde la mujer está negada de los más elementales derechos).
La paridad garantiza que hombres y mujeres tengan una representación igualitaria en cuanto a candidaturas a legisladores federales y locales, se otorgó paridad en el registro de presidente, sindicaturas y regidurías de ayuntamientos, así como en el gabinete presidencial, el Poder Judicial Federal y de los estados, o en los organismos autónomos.
La Ley General de Organizaciones y Procedimientos Electorales ordena a los partidos políticos integrar las fórmulas para candidaturas a diputados y senadores con personas del mismo género y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada período electivo. El fin es conquistar el justo equilibrio, el ideal igualitario en los espacios de poder público.
Estas reformas que hacen tambalear paradigmas establecidos, no reivindican derechos perdidos, otorgan espacios hasta hace poco vedados. Los colectivos feministas exigen además un alto a los feminicidios, violaciones, secuestros y comercio sexual, despenalización del aborto, matrimonios igualitarios, respeto a la comunidad LGBTI, etc.
La época de la estructura corporativa que caracterizó al partido oficial nos dejó una valiosa experiencia: la burocracia sindical de cada sector manejaba su cuota de poder. Cuando los candidatos seleccionados por compromisos gremiales eran mediocres, los electores los rechazaban y los partidos tenían que pagar los costos políticos.
La planilla municipal estructurada a la luz de la permisividad electoral es complicada y para el elector no pasa los estándares de aceptación. No puede asignarse la candidatura de una mujer en un estado o en un distrito electoral drásticamente. La diversidad de circunstancias puede hacerla idónea o no.
En México, país de la simulación, se presenta la paridad como la meta de una sociedad demócrata, incluyente e igualitaria, lo que no deja de ser un engendro jurídico-político con perfiles demagógicos, cuyos resultados no cuajan como palanca de modernidad, justicia y apertura.
La política no es una ciencia exacta, en la arena electoral dos más dos no son cuatro. Estas cifras no las mide la aritmética sino la historia, la economía, la sociología, la estadística y la política, acotadas por oportunidad y circunstancias.
El fortalecimiento del sector femenil pasa por replantear su postulación en la lucha electoral con el diseño de otros mecanismos de selección, participación y ascenso. La carrera partidista o el servicio público, aunadas a las capacidades individuales, pueden construir una imagen pública competitiva. Es un disparate proponer a quien tiene correligionarios de más mérito o adversarios mejor posicionados.
El problema se ha focalizado como la llegada de más mujeres a los ayuntamientos o las cámaras, como si la participación exacta de 50 % de ambos sexos fuera garantía de acierto o de justicia.
Es una perspectiva imperfecta, olvidar que la paridad de género está sujeta finalmente a las preferencias del votante. La ley y los partidos pueden auspiciar el igualitarismo, pero la respuesta contundente es de la ciudadanía. Tan así es, que la Cámara de Diputados no está conformada por mitad hombres y mitad mujeres, a pesar de la ley.
Millones de mexicanos rechazamos la misoginia y la discriminación por etnia, condición social, escolaridad, edad o civil, sexo, porque son formas de injusticia, y nos asquean los agravios infligidos a las mujeres sea físico, moral, económico, psicológico, por condición de salud, embarazo, o preferencias sexuales. No por eso soslayamos que las mujeres deben avanzar por su capital político, trayectoria, probidad, vocación de servicio, que es el mejor aval para escalar en la función pública; no por concesiones o frivolidades.
En Poza Rica, tenemos un ejemplo elocuente y desafortunado: En la contienda municipal de 2018 se dio el caso de que después de algunos titubeos del tricolor, en la recta final triunfó la “paridad de género” y el día de la elección perdió la candidata Diana Álvarez.
Algunas páginas recientes de la historia consignan que en distintas épocas y circunstancias, mujeres sobresalientes en el quehacer político han sido: Indira Gandhi (India. 1966-1977). Margaret Thatcher (Gran Bretaña, 1979-1990). María Corazón Vda. de Aquino (Filipinas. 1986 – 1992). Chile, Michelle Bachelet. 2006-2010 y 2014-2018.
Dentro de este ramillete destaca la química Ángela Merkel, canciller de Alemania (la economía más fuerte de Europa), quien de 2015 a 2021 gobernó con humildad, firmeza y valores, adquiriendo reputación de poderosa, respetada y querida. Obviamente, una de esas mujeres vale por muchos hombres.
Curiosamente, la legislación en estos países no menciona la “equidad de género”. ¿Alguien se atrevería a calificar a estas distinguidas damas de ignorantes, subestimadas, oprimidas o marginadas? La inteligencia, capacidad, experiencia y visión, constituyen una sinergia imponente que derrumba moldes y prejuicios. El sexo no es obstáculo.
¿Esta exótica flor llamada “paridad de género”, se cultivará en otros países con poderío económico y culturas milenarias como E.U., Rusia, China, Arabia, Egipto, Grecia o Japón? La paridad, cuando no cuenta con una candidata de nivel competitivo camina a ciegas por la rampa del fracaso.
Columnistas
De los Ángeles a los Demonios. Día Mundial del Medio Ambiente: Reimagina, recrea, restaura
Dra. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón
Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia
El próximo cinco de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que su trascendencia es considerada como la fecha más importante del calendario en materia medioambiental; los antecedentes de su instauración se remontan a junio de 1972, cuando Naciones Unidas realizó la primera gran conferencia sobre el medio humano, la cual tuvo lugar en Estocolmo, Suecia.
Como resultado de este coloquio, el 15 de diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General de la ONU en donde se aprobó la resolución A/RES/2994/XXVII, la cual estableció el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de exhortar a los gobiernos y a las organizaciones para emprender actividades encaminadas a proteger nuestro planeta.
Es preciso señalar que durante la mencionada reunión también se aprobó la resolución que dio origen al programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, cuyo objetivo principal es promover el uso racional de los recursos naturales e impulsar el desarrollo sostenible.
Durante este año, el Día Mundial del Medio Ambiente estará enfocado en crear conciencia sobre la importancia de cuidar los ecosistemas; bajo el lema “reimagina, recrea, restaura” desde Pakistán, sede de esta celebración, se darán a conocer las estrategias orientadas a prevenir, detener y revertir el daño causado a la naturaleza, además de que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
La cooperación internacional ha traído como resultado un impacto positivo en el desarrollo del derecho ambiental, produciendo importantes cambios legislativos e institucionales en los países; desde la década de los setenta a la actualidad, México ha firmado 77 Tratados Internacionales o acuerdos interinstitucionales en la materia, entre los que destacan la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Por cuanto hace a la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo cuarto, párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, además de establecer que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
La Reforma Constitucional que incluyó este derecho humano, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, no obstante que desde 1988 se promulgó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la cual establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y tiene entre sus objetivos definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación.
Actualmente se encuentran en vigor quince leyes de aplicación nacional en materia medioambiental, así como reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) derivadas de éstas, además cada entidad federativa cuenta con una ley local de protección al medio ambiente.
Por cuanto hace a las autoridades federales encargadas de promover el cuidado a la naturaleza, las más importantes son: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo objetivo es brindar garantía al desarrollo sustentable y al equilibrio ambiental, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y salvaguardar los intereses de la población en temas relacionados con la naturaleza, además de sancionar a las personas físicas y morales que violen la legislación ambiental.
Asimismo, existen numerosas fundaciones y asociaciones cuyas acciones están encaminadas a proteger la naturaleza, tales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Pronatura, sin embargo, debemos estar conscientes que preservar nuestro planeta es una tarea que nos corresponde a todas las personas, toda vez que nuestra supervivencia y bienestar dependen de su cuidado y protección.
Por José Roberto Ruiz Saldaña
Recientemente tuve la oportunidad de exponer de forma virtual, a invitación de la Casa de la Cultura Jurídica Veracruz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Ximenes Lopes vs Brasil (2006). Se trata no solo del primer pronunciamiento convencional sobre los derechos de las personas con discapacidad mental, sino de una sentencia clara y contundente que fija los estándares de actuación de los Estados parte en servicios de salud mental.
El asunto se originó con motivo de lo sucedido al señor Damião Ximenes Lopes quien en octubre de 1999 ingresó, por segunda vez, a una clínica de salud mental privada por problemas de nervios, pues no quería comer ni dormir y no tomaba sus medicinas. No obstante que su ingreso se dio en perfecto estado físico, sin señales de agresividad ni lesiones corporales externas, entró en un baño del que se negaba a salir, por lo que fue dominado y retirado a la fuerza por un auxiliar de enfermería y otros pacientes; a la postre fue sometido a contención física la cual duró toda la noche; en la mañana su madre lo visitó y lo encontró sangrando, con hematomas, con dificultad para respirar, agonizante, aún sometido; finalmente murió.
En la sentencia destacan, entre otras, las consideraciones de la Corte IDH en torno a las obligaciones de los Estados así como la especial atención a las personas con enfermedad mental. Por lo que respecta el primer aspecto, la instancia internacional sostuvo que los Estados tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal; en este sentido, los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, independientemente si la entidad que la presta es de carácter público o privado; así, los Estados son responsables tanto de regular permanentemente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, como de crear mecanismos para inspeccionar y fiscalizar las instituciones y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales para casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes.
Por su parte, en relación a la especial atención a personas con discapacidad mental, la Corte IDH sostuvo que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial; que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación por su condición, por lo que los Estados deben adoptar medidas para eliminarla; que de hecho las personas con discapacidad que son sometidas a tratamientos en instituciones psiquiátricas son particularmente vulnerables a la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante; asimismo, que los Estados deben garantizar que se preserven los derechos de los pacientes de instituciones psiquiátricas de recibir un tratamiento digno, humano, profesional y ser protegidos contra explotación, abuso y degradación.
Esta sentencia, cabe decir, ha prácticamente iniciado una línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de debida gestión de servicios de salud, esto es, ha guiado razonamientos en casos en que se han visto afectados distintas modalidades del derecho a la salud, como en los Casos Suárez Peralta vs Ecuador (2013), I.V. vs Bolivia (2016) y, más recientemente, Poblete Vilches vs Chile (2018). Su importancia radica en que la Corte IDH ha dejado muy claro el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, es más, el Estado no solo debe regular y fiscalizar las instituciones de salud sino que tiene el especial deber de cuidado en relación con las personas ahí internadas.
Este precedente interamericano no obliga solo a Brasil sino a todos los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos por lo que hace a exigibilidad en los parámetros de actuación en tales servicios de salud. Con esa sentencia y todas aquellas con línea jurisprudencial en torno a dicho derecho, en México se debe regular y fiscalizar aún más los servicios de salud.
Consejero electoral del INE
@Jose_Roberto77
“Poza Rica, experta en refinerías. Sueños moluscos, realidades invertebradas”
Por Lic. Héctor Hugo Viveros G. Saldaña.
Poza Rica es una ciudad que cuenta en su historia, la historia de la industria petrolera de México. En resumidas cuentas, explotación de recursos naturales, fuga de dinero, sostenimiento de infraestructura y plantilla laboral por razones políticas y no técnicas, contaminación y crisis.
Desde hace décadas, la producción de hidrocarburos en Poza Rica dejó de ser suficiente para sostener el mantenimiento de la infraestructura y la plantilla laboral de los años 80’s. El problema adyacente es que la comodidad en las jornadas laborales y las altas prestaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos eran inalcanzables para cualquier otro empleador. Ahora son inalcanzables para Pemex. Los accidentes fatales también se han hecho presentes.
Desde hace años, los criterios para sostener la infraestructura y la plantilla laboral responden al interés político más que una estrategia comercial financieramente sostenible, y como en muchas cosas, la pandemia nos vino a enfrentar con la realidad y la contratación de más plantilla laboral para simular una recuperación económica inexistente en la empresa que se vio obligada a detenerse.
El último suspiro de recuperación de esa industria en esta región sucedió en el sexenio 2006-2012. Las estrategias de Calderón reactivaron momentáneamente la industria, pero la inversión privada nacional y extranjera no soporta las deudas millonarias con las que Pemex operó durante mucho tiempo. Después de hacer quebrar a varias empresas, la realidad dejó de nuevo sin empleo a decenas de miles y a varias empresas quebradas por los créditos otorgados a Pemex. A la fecha, un contrato de Pemex ya no es recibido como garantía en préstamos, porque a pesar de que el Presidente declara que la corrupción y el robo de hidrocarburos ya se erradicaron, la realidad es que Pemex garantiza su necesidad pero no el pago por la obra ejecutada, los servicios prestados o los productos adquiridos. Esto es una realidad persistente y el retraso en los pagos de deuda han producido la pérdida de miles de empleos y la desaparición de decenas de empresas que quebraron esperando el pago de Pemex.
La ganancia de votos que genera las promesas de esos años de gloria, por cierto inexistentes, es una realidad molusca como su promotor: sin estructura y sin sustento, con pies y cabeza, pero sin huesos que lo sostenga.
Además, depender de una industria que explota recursos no renovables tiene un sólo destino: su desaparición de la industria junto con el recurso que explota. La opción es la fractura de la piedra porosa, técnica que condena a la muerte a la flora y fauna endémica del lugar en el que se practica, lo cual es un hecho demostrado y documentado en todo el mundo. A mediano y largo plazo la migración generada por el desempleo habría que sumarle la migración generada por la contaminación, de por sí ya grave, de los mantos acuíferos de los que se obtiene el agua potable de la ciudad. El costo de salvar la industria es matar al medio ambiente y los otros recursos para el sustento de la vida humana.
Seguir viviendo de la industria que está condenando al planeta a un periodo de extinción de especies semejante al del pérmico-triásico no es por ningún motivo una opción ética, y tampoco debería ser el centro de la propuesta de recuperación económica.
Poza Rica, necesita asumir la realidad de los hechos: 1) Pemex aprendió aquí, que los complejos petroquímicos son insostenibles ante determinadas circunstancias, y los trabajadores de la empresa saben bien porque aquí no es negocio; 2) El mayor número de empleos y productividad de la ciudad dependen de otras actividades terciarias en las que Pemex no interviene; 3) Cada 3, 4 o 6 años escuchamos el mismo discurso que promete una mega inversión para Pemex y esta nunca llegó ni llegará, prueba de ello es que ante la disposición de once mil millones de pesos, Pemex prefirió implementarlos en el extranjero y no en Poza Rica; 4) Es necesario entender y comprender que impulsar una industria que tiene como resultado final la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento del promedio mundial de la temperatura global es éticamente insostenible; 5) La mejor opción es emanciparse de Pemex y apuntalar el desarrollo económico de la ciudad a otras actividades comerciales, que dependan menos de la intervención política y más de la innovación ciudadana; y 6) Cuando el gobierno federal tuvo dinero para invertir en la industria, Poza Rica no fue una opción, a pesar de un alcalde, diputada local, que además es presidenta del Congreso del Estado y una diputada federal que hoy busca reelegirse y al gobernador del estado que pertenecen al mismo partido político del Presidente, no mandaron dinero ni para pagar la deuda de Pemex o para reactivar la economía de la ciudad que se rindió a sus pies en las urnas en las últimas 3 elecciones.Contacto: