Ciudad de México.- Luego de la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de evidenciar a sus adversarios que se ampararon en contra de la construcción del Aeropuerto Santa Lucía, la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD rechazó las políticas de amenazas y acoso por parte del mandatario federal, ya que no ayudan a la estabilidad del país.

La DNE, integrada por Karen Quiroga, Fernando Belaunzarán, Estephany Santiago, Arturo Prida, Adriana Díaz, Camerino Márquez y Ángel Ávila aseguraron que acosar a los ciudadanos que opinan libremente y ejercen sus derechos no es un acto democrático.

Argumentaron que no corresponde al Presidente de la República este tipo de actitudes de encono en contra de las personas que no piensan igual que él o que se oponen a sus políticas y proyectos.

“No se trata de defender un proyecto con palabrerías y reacciones, si no de acatar las resoluciones judiciales, de respetar a las instituciones y los derechos de la ciudadanía a la libre manifestación. Se necesitan acciones y proyectos con sustento y  estrategias políticas”.

En ese sentido, expresaron que todos los ciudadanos tienen derecho a inconformarse y  cuestionaron que hasta el momento el gobierno no ha transparentado los permisos, el proyecto ejecutivo, el trazo, la ruta y su impacto ambiental que generará su construcción.

Por ello, exigieron al Ejecutivo Federal acatar las resoluciones judiciales en torno a la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía.

En tanto, cuestionaron las renuncias registradas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al asegurar que son resultado de las contradicciones del propio mandatario federal y de sus políticas arbitrarias que ponen en riesgo la autonomía de las instituciones.

Finalmente, consideraron que renuncias como la de Germán Martínez del IMSS; Josefa González de Semarnat; de Tonatiuh Guillén del Instituto Nacional de Migración; Patricia Bugarín, de la SSPC; de Patricia Vázquez del INEE; Simón Levy, de Planeación y Política Turística, entre otros, revelan la inestabilidad política y financiera que enfrenta la administración federal.