Ciudad de México.- Por considerar que la Visitaduría General de la PGR no realizó una investigación exhaustiva sobre posibles fallas de funcionarios públicos durante las indagaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el juez federal Martín Adolfo Santos ordenó a la dependencia un nuevo pronunciamiento para saber si existe responsabilidad penal de los implicados en las diligencias realizadas en el río San Juan, en Cocula, en 2014.

Entre los acusados de presuntos delitos está el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, a quien en principio se determinó que incurrió en faltas administrativas, aunque padres de los 43 lo acusan acudir a las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, sin encontrarse bajo la conducción del agente del Ministerio Público.

El juez mencionó que también se cometieron irregularidades por la falta de integración al expediente de todo el acervo probatorio, específicamente el material fotográfico y de video; la falta de constancia legal de que se haya ordenado el resguardo de la zona del Río San Juan cuando terminaron los trabajos y la ausencia de informe sobre la intervención policial.

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