Ciudad de México.- El magistrado electoral José Luis Vargas Valdez responsabilizó a los consejeros Bernardo Bátiz, Loretta Ortiz y Jorge Cruz Ramos si llegara a sufrir un atentado tras emitir alguna sentencia electoral, y criticó la decisión del Consejo de Judicatura Federal (CJF) de no autorizar la compra de 10 nuevas camionetas blindadas para la Sala Superior.

El 23 de julio dentro de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a lo largo de una discusión de casi dos horas y media, el magistrado Vargas acusó a los consejeros Bátiz, Ortiz y Cruz Ramos de irresponsables por no aprobar la compra, que habría costado 27.5 millones de pesos del erario, y los señaló de buscar que los funcionarios públicos se conviertan en “mártires” en un eventual “atentado”.

El consejero Bátiz planteó que el proyecto de comprar 10 camionetas blindadas contraviene la Ley Federal de Austeridad Republicana, pero Vargas reviró que dicha normatividad no es aplicable al Poder Judicial de la Federación (PJF), e hizo notar que los ministros de la Suprema Corte y los integrantes del CJF sí hacen uso de vehículos blindados nuevas.

“Yo preguntaría: ¿Mi familia se tiene que quedar conforme con que a ustedes no les parece que tiene que haber una renovación de vehículos blindados? Y se los digo por una razón, yo amo mi país, amo la institución en la cual trabajo, pero no estoy dispuesto a dejar a dos hijos huérfanos. Se los digo con toda sinceridad.

“Si ustedes no son lo suficientemente sensibles para aceptar que hay un riesgo en este país, y que tomamos decisiones límite en última instancia y que nos corresponde tener esa protección del Poder Judicial de la Federación para actuar con independencia y autonomía, pues entonces, la verdad, están buscando mártires y no servidores públicos”, dijo Vargas.

“Qué más quisiéramos que todo mundo tuviera, todos los jueces, magistrados, todos tuvieran una seguridad, su camioneta blindada y su protección, pero no hay suficiente para todos, entonces hay que escoger a los que realmente corren un riesgo”, argumentó la consejera Ortiz.

Vargas replicó que las sentencias que emiten un magistrado electoral sí pueden afectar intereses de poderes económicos y criminales que tienen preferencia por determinados candidatos, lo que, sostuvo, podría ponerlo a él en riesgo de terminar “acribillado” y convertirse en “el pípila de la democracia”.

“El día de mañana, yo ruego a Dios y toco madera, (espero) que no haya un solo muerto en esta institución, pero en 2021 van a pasar muchas cosas, el poder que se va a combatir en este país va a ser absolutamente una guerra entre partidos políticos y candidatos y donde, en ese ambiente, ese contexto, la criminalidad sigue viva y cada vez más fortalecida”, afirmó.

“Tampoco sé cuánto vale ni su vida ni la vida de mis compañeros, pero sí sé cuánto vale mi vida, eso sí lo sé, y yo no estoy dispuesto a acabar siendo el pípila de la democracia y acabar -en algún supuesto hipotético, no digo que me va a pasar-, porque alguno de estos actores se enoje con alguno de nosotros -hoy puedo ser yo, mañana puede ser alguno de mis pares-, acabar acribillado porque no le gustó mi resolución, y peor aún, que no pueda tomar mi resolución con independencia y autonomía por riesgo a mi vida”.

“Perdón, consejero Bátiz, esa (ley) no le aplica al PJF y, si no, yo diría ¿por qué no nos hemos bajado los salarios? Bajémonos los salarios en esa tesitura y apliquemos exactamente los mismos criterios, pero no se vale aplicarla para algunas cosas sí y para otras cosas no”, pidió Vargas.

El magistrado sugirió que los representantes de la Judicatura se resistían a aprobar la compra de vehículos por una cuestión de corrección política y por no querer correr el riesgo de ser criticados por la erogación de recursos públicos, por lo que les “ofreció” que fuera el Tribunal Electoral, y no el Poder Judicial en general, el que se hiciera responsable ante el público de la decisión.

“Yo no tengo problema en correr un riesgo mediático”, les dijo Vargas. “¿Quieren una carta mía firmada solicitándoles esa camioneta blindada para mi seguridad? Se las presento con el dictamen (de necesidad), y me da igual si lo presentan a los medios para decir que yo estoy queriendo quitarle al pueblo lo que le corresponde”.

La consejera Loretta Ortiz dijo que ella no votaría a favor de un gasto para vehículos en medio de una epidemia que exige de recursos para la salud.

“En un año en que vivimos una pandemia que no habíamos vivido ninguno de nosotros, que se van a necesitar recursos, sería una inconciencia; si a eso se suma la sociedad que tenemos ahorita, que es crítica, va a ser el hazmerreír decir: ‘se van a comprar 10 camionetas en época de una pandemia’ -que no se sabe cuántos recursos se van a necesitar para terminarla-, ¡ah!, pero eso sí: ‘¡necesitan seguridad de camionetas blindadas los magistrados del Tribunal Electoral federal!’; eso yo no lo pienso aprobar bajo ninguna circunstancia, y en conciencia, y yo no estoy poniendo en riesgo la seguridad de nadie”, sostuvo.

El magistrado Vargas pidió que en el acta de la sesión de la Comisión de Administración quedara asentado que los consejeros de la Judicatura no autorizaron la adquisición de los vehículos, para poder responsabilizarlos en caso de que algo le sucediera a él o a sus colegas de la Sala Superior.

“Yo sí quiero que se tome en actas, si ustedes deciden que por un tema político y formal no debe aceptarse esta compra, yo lo que sí digo: hagámonos responsables de quién toma la decisión y por qué se toma”, señaló. “Que conste en actas, que quede claro quién está tomando una responsabilidad por la vida de otros integrantes del Poder Judicial de la Federación”.

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