Ciudad de México.- El GPPRD demandó a la Cámara de Diputados iniciar juicio político a los 22 diputados locales de Baja California que aprobaron la llamada “Ley Bonilla” –mediante la cual se pretende extender de dos a cinco años el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, de Morena- por considerar esa intentona claramente contraria a la Constitución, al Federalismo Republicano, a la democracia, a la voluntad de los bajacalifornianos y al Estado de Derecho.

En conferencia de prensa luego de la solicitud correspondiente ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la Coordinadora del Grupo Parlamentario, Verónica Juárez Piña, informó que el Partido del Sol Azteca también acompaña a las y los ciudadanos de esa entidad en su solicitud de amparo al Poder Judicial para proteger sus derechos político-electorales, mismos que fueron violados por los legisladores locales, en caso de publicarse la llamada “Ley Bonilla”.

Recordó que en la víspera, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, varias fuerzas políticas solicitaron a la Cámara de Senadores desaparecer los poderes en esa entidad y que aprobaron un punto de acuerdo para pedirle a dicha Cámara dar curso a la iniciativa correspondiente.

Además, aprobaron otro punto de acuerdo, en este caso para repudiar la intentona de esos 22 diputados locales de Baja California y pedir que no se publique para evitar su vigencia.

Apuntó que todas esas acciones van en el camino de restablecer el Estado de Derecho que violentaron los 22 diputados bajacalifornianos y que la demanda de juicio político contra ellos es para que su intentona no quede impune, sino que sea sancionada conforme a la ley.

Flanqueada por las diputadas Azucena Rodríguez Zamora, Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Mónica Almeida López y Frida Alejandra Esparza Márquez, así como por el diputado Antonio Ortega Martínez, la líder parlamentaria, adelantó que el Partido del Sol Azteca también presentará una acción de inconstitucionalidad si se publica dicha “ley”.

Condenó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretenda mantenerse –por lo menos- ajeno al problema, cuando es su responsabilidad cumplir y hacer cumplir la ley.

Al respecto, el diputado Antonio Ortega Martínez lamentó que el titular del Ejecutivo Federal diga simplemente que no es asunto suyo y que no dio la instrucción para semejante atentado contra la legalidad.

“Lo que está claro es que el presidente no quiere asumir sus responsabilidades como jefe político de la Federación porque el presidente sabe que una de sus responsabilidades es cuidar el orden republicano. Los estados son libres y soberanos, pero forman parte de la Federación y ninguno de ellos puede debilitar, cuestionar, el mandato al que todos estamos obligados, que es la Constitución General, y ahí está expresamente prohibida la intentona”, puntualizó.

A mayor abundamiento, apuntó que cuando el presidente López Obrador tomó juramento en esta Cámara, juró cumplir la ley y que todos lo cumplieran. “Por lo tanto, el presidente debió haber dado ya instrucciones, cuando menos a la Secretaria de Gobernación, para ayudar a dar marcha atrás a esta intentona”.

También descalificó el intento del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, de deslindar a su partido de esta violación a la ley, pues su argumento de que fueron diputados locales de otros partidos quienes aprobaron la “ley Bonilla” no anula el hecho de que fue un correligionario suyo –el diputado local Víctor Manuel Morán Hernández- quien presentó la iniciativa y que otros de sus compañeros también la votaron a favor.

En la consideración del GPPRD –dijo Ortega Martínez-, todos ellos son responsables y la ley obliga a que, antes de que fenezca su responsabilidad, se tomen las medidas para dictar una resolución frente a la solicitud de juicio político que hoy se presentó.

“Entonces, está claro de dónde provino la intentona y el juicio político se tiene que resolver lo más pronto posible, antes de que los diputados terminen su responsabilidad. Y desde luego el diputado promovente va ser diputado local y el tendrá que responder a este intento”, concluyó.