Convierte Vianey Evangelista el módulo de reordenamiento del Transporte, en la “Cueva de Alí Babá”

Poza Rica, Ver.- Una bien estructurada red de corrupción impera en el módulo de empadronamiento del transporte en esta ciudad, donde a cambio de “jugosos moches”, dan de alta hasta a concesionarios de taxis ya fallecidos.

De acuerdo a datos obtenidos, la encargada de toda esta “telaraña” de complicidades y coyotaje, es la propia responsable del módulo Vianey Evangelista González, quien apoyada por “gestores” exigía determinadas cantidades de dinero para agilizar y concretar este proceso, por lo que algunos quejosos exigen la intervención del Director del Transporte Público y del Secretario de Seguridad Pública.

Es tal el descaro de Vianey y su gente, que uno de los trámites exigidos es la constancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ellos mismos expedían, con todo y sello, -a todas luces falso-, argumentando que las que presentaba el solicitante tenía inconsistencias, para obligarlos a que adquirieran la apócrifa.

Los costos de los trámites, según víctimas de estos corruptos, eran de 3 mil pesos por empadronamiento y hasta 7 mil pesos por la asignación de números económicos y órdenes de emplacamiento.

El negocio les redituaba fuertes ingresos, porque además realizaban trámites de todo el estado, amparados bajo el padrinazgo de su mentor, -no sólo de aula, sino de artimañas-, el exdiputado federal Gaudencio Hernández Burgos, quien es parte de esta red, pues de acuerdo a algunos incautos, el dinero atracado, lo manejaba el remedo de profesor.

Cabe destacar que la ambición desmedida provocó que Vianey y sus secuaces exigieran a los concesionarios que demandaban el servicio, los “moches” respectivos, lo que hartó a muchos, que se negaron a caer en sus pretensiones, por lo que fueron bloqueados.

En otros casos, a quienes ya habían aportado documentos y se negaron a “colaborar” con esta mafia, les retenían los papeles y los hacían dar vueltas.

Incluso hay quejas sobre el mal uso de documentos originales aportados por los concesionarios, que eran canalizados a los “gestores” para presionarlos, lo que representa también un abuso de confianza.

Los quejosos tienen la plena confianza que se habrán de tomar las medidas pertinentes para acabar con esta corrupción que invade al área de transporte y se castigue a los responsables.

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